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Créditos: Nelton Rivera / Prensa Comunitaria Km.169
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Paolina Albani

El próximo viernes 4 de noviembre, a las 14:00 horas, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, juez de Mayor Riesgo B, se defenderá ante el juez pesquisidor, Roaldo Isaías Chávez, de las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales. En pocas palabras, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) lo señala del supuesto abuso de la prisión provisional en sus resoluciones.

Herbert Pérez, abogado de Miguel Ángel Gálvez, conversó con Prensa Comunitaria y dijo que la fecha original propuesta por la Sala Segunda de Apelaciones estaba prevista para este 28 de octubre, pero la defensa pidió que se aplazara “ante la imposibilidad material” del juez Gálvez para poder acudir a la audiencia debido a su apretada agenda. Y la Sala se lo concedió.

Quien sí fue escuchado este día fue Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, de la FCT, quienes desde las 9 de la mañana se presentaron a la audiencia y despotricaron contra Gálvez por no acudir el día pactado llamándolo: “cobarde”.

La Sala le negó al equipo legal de Gálvez la petición para que la audiencia fuera pública, como lo establecen los estatutos del Organismo Judicial, ya que esa decisión es una “cuestión discrecional del juez pesquisidor”, pero también se excusaron de aceptar alegando que era para evitar el contagio del COVID-19, pese a que la alerta sanitaria ha disminuido en los últimos meses.

En esa misma contestación, también se autorizó a que Gálvez revise el expediente que la Sala ha creado a raíz de la denuncia y que contiene información que, hasta ahora, la defensa desconoce. Un expediente al que un trabajador de la Unidad de Antejuicios le restringió acceso desde el inicio del proceso y que ha impedido al juez de mayor riesgo enterarse de las diligencias de antejuicio que se han realizado.

El abogado Ramón Cadena reaccionó ante la decisión de la sala de no permitir que sea pública la audiencia y dijo que no solo es arbitraria, sino que la sala “está incumpliendo uno de los principios básicos del proceso penal. En el caso del juez Gálvez está claro que es una persecución política. Lo quieren procesar porque emitió resoluciones que afectaron a funcionarios públicos”.

Para Cadena, el trato que se le ha dado al juez Gálvez “es una venganza” y recordó que Chávez fue el mismo que sugirió que se le quitara el derecho de antejuicio a Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

También dijo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene una resolución que deja claro que las audiencias deben ser públicas. “¿Qué mejor que sea publica la audiencia en donde el pueblo está esperando saber qué dirá el juez. La publicidad no es discrecional es un principio obligatorio. Lo mismo se pidió en el caso del juez Pablo Xitumul y no accedió la CSJ”, recordó el abogado.

Cuatro motivos para desconfiar del juez pesquisidor

Gálvez fue denunciado el 11 de mayo de este año, por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, y un mes después, el 15 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la solicitud de antejuicio. Desde entonces, la Corte tuvo problemas para asignar a un juez pesquisidor de la causa.

La jueza Zonia Santizo, vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, fue nombrada como pesquisidora, pero se excusó alegando tener una amistad con el antejuiciado. Eduardo Galván Casasola, vocal primero de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, quien tiene nexos con el ejército, sería la siguiente alternativa, pero nunca fue nombrado de forma oficial.

Fue ahí cuando Roaldo Chávez apareció en la foto. El 20 de julio pasado, fue nombrado como juez pesquisidor para conocer el caso contra Gálvez.

El equipo legal que asesora a Gálvez no está convencido de la selección y, en varias ocasiones, el juez de mayor riesgo ha señalado que parece que la CSJ tiene un especial interés en que sea esa sala quien conozca su antejuicio, pese a que existen otras judicaturas que podrían asumir la tarea.

Todo esto ha incrementado la desconfianza hacia Chávez y estos son algunos de los motivos a la vista: Chávez fue asesor en el Ministerio de Gobernación cuando era ministro Mauricio López Bonilla, quien fue procesado en el juzgado de Gálvez por el caso Cooptación del Estado.

También fue director del Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam), ahora Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), que es administrada por el Ejército. “Si ocupó ese cargo tuvo que tener relación con militares”, expresó Pérez.

Además, el juez Chávez es amigo de Raúl Falla, abogado de la fundación que denunció a Gálvez y que logró que se diera a trámite la solicitud de antejuicio.

Por último, Edgar Barquín, que también fue procesado por el Juzgado de Mayor Riesgo B, fue vicepresidenciable del extinto Partido Líder en donde fue diputado el hermano de Chávez, Luis Chávez.

El silencio de la CSJ 

Como resultado de esta desconfianza, la defensa presentó una recusación en contra del pesquisidor por considerar que su juzgamiento no sería imparcial. A lo Chávez solo ventiló una de las relaciones que se le señalaron y fue la de Raúl Falla, a quien reconoció como su amigo.

Ningún motivo fue suficiente para que la CSJ nombrara a otro juez pesquisidor. Es más, la corte confirmó el nombramiento.

Este comportamiento por parte de los magistrados de la CSJ ha llevado a la defensa a pensar que hay “un trato discriminatorio hacia el juez -Gálvez- en donde las garantías de convencionalidad de derechos humanos, las constitucionales y procesales no son valederas”.

Pese a esto, Pérez ha dicho que espera que el día de la audiencia se escuche la declaración de Gálvez como funcionario antejuiciado afectado y que reciba las pruebas de descargo, como lo indica la ley.

Lo cierto es que existe preocupación en cómo podría desarrollarse la audiencia el 4 de noviembre. Especialmente, porque el Estado de Guatemala ha ignorado las peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conceder medidas cautelares a Gálvez con miras a proteger su vida, la de su familia y la independencia judicial. “El silencio de la CC envía un mensaje”, expresó Pérez.

Solo en 2022, la CIDH ha lanzado dos alertas para que el Estado de Guatemala lo proteja, pero de este lado solo ha habido silencio. Y la defensa todavía no recibe la resolución de la Corte de Constitucionalidad de dos amparos presentados para detener el avance del antejuicio y restaurar los derechos vulnerados de Gálvez. Todo apunta que la corte  no saldrá en defensa del juez.

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