A pesar del impacto de la criminalización en la vida familiar y comunitaria de las defensoras Sebastiana Pablo y Micaela Solís, dicen que continuarán promoviendo los derechos de las mujeres, porque dicen, que no han cometido ningún delito.
Por Simón Antonio Ramón
Durante dos años, diez personas enfrentaron un proceso de criminalización que encabezó el alcalde municipal de Joyabaj, Quiché, Florencia Carrascoza. De ellas, cuatro mujeres mayas K’ich’e: Petrona Siy, la periodista Anastasia Mejía; Sebastiana Pablo, integrante de la asociación de comerciantes e integrante junto a Micaela Solís el Comité de Mujeres Patzulá, una organización que promueve los derechos de las mujeres.
La denuncia se dio en el contexto del incendió de la municipalidad de Joyabaj, ocurrido el 24 de agosto de 2020, cuando el Consejo Municipal impedía a comerciantes a vender en un lugar conocido por la población, probocando la quema de la municipalidad, algunos pobladores indican que el incendio fue provocado, porque el alcalde sabía de las denuncias que realizaría al Ministerio Público (MP) sobre la gestión de Carrascoza, pero es un hecho que Prensa Comunitaria no pudo confirmar.
El 23 de agosto estaba fijada la fecha del inicio del juicio oral y público que conocería la juez Alma Liset Herrera, del Tribunal de Sentencia Penal de Quiché; previo al juicio el fiscal del MP, Danilo Enrique Hernández Cordón y el abogado querellante, Mario Rodolfo Rojas Monzón, les propuso a Sebastiana Pablo y Micaela Solís el criterio de oportunidad como salida alterna al juicio.
El proceso de criterio de oportunidad también fue otorgado a otras cuatro personas acusadas de los delitos de sedición, atentado con agravantes específicas, atentado y daño agravado; las personas acusadas de los delitos de incendio agravado acudieron a la figura legal de aceptación de cargos.
Al querellante en este caso, Florencio Carrascoza, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad por una denuncia de Anastasia Mejía, por violencia contra la mujer. En julio, de 2021, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, lo incluyó en la lista Engel, por socavar procesos o instituciones democráticas, al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos en el municipio.
Informes de organizaciones de derechos humanos han evidenciado que durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se han incrementado exponencialmente los ataques contra personas que defienden los derechos humanos, superando sus antecesores.
Sebastiana Pablo, quien estuvo en la prisión por varios meses y Micaela Solís, con una medida sustitutiva, hablaron con Prensa Comunitaria sobre cómo vivieron el proceso de criminalización durante estos dos años, con el apoyo de una maya hablante del idioma K’ ich’e, quien tradujo las preguntas y las respuestas, ofrecemos a continuación la conversación.
PC: han pasado dos años desde que ocurrieron los hechos de los que se les señaló ¿Qué ha significado este proceso y cómo les ha afectado?
SP: fue un momento muy difícil, porque en ese momento la primera preocupación fue pensar en mi esposo, cómo se movilizaría, porque no tiene un pie; también mi hija, ella se preocupó por mí, por lo que me podía pasar, porque estaba en esta situación.
MS: fue un momento muy triste que me generó mucho miedo, porque no estaba libre de ir por las calles, sabiendo que en cualquier momento me podía pasar cualquier situación. Eso va conectado con la familia, la preocupación por mis hijos y mis hijas.
Me afectó bastante y frente a la actual situación, me parece liberador, por un lado, porque ya no vamos a tener ese miedo y, por el otro, vemos que en ningún momento cometimos ningún delito para estar de audiencia en audiencia, sabemos que no es lo correcto porque nunca cometimos los hechos que dicen que hicimos.
PC: ¿Cómo recuerdan el 24 de agosto de 2020?
SP: fue un momento inesperado para nosotras, lo primero que se me vino a la mente fue la preocupación, qué vamos hacer ante esto, los gastos que implicaría, porque no contamos con dinero para sobrevivir ante esta situación, fue como un choque de nervios que me dio al saber la realidad que me tocaría vivir.
Lo que paso en ese momento fue doloroso, porque afecta a mi familia y a la comunidad, solo al recordarlo hasta nervios me da.
MS: fue un impacto muy fuerte, un momento que tocó nuestra economía. Cuando nosotros a través de la venta ganábamos nuestro dinero en las fincas, pensaba que ya no podríamos hacerlo. Me preguntaba: ¿cómo íbamos a comer con la familia si ya no tendríamos la siembra de maíz? Al ir a la finca al menos teníamos un salario mensual, pero cuando ya no nos dejaron salir ¿cómo podíamos hacer? Ahora podemos ir a trabajar.
PC: ¿Cómo ha sido su relación con la comunidad?
SP: yo pertenezco a una organización. Cuando me fui se pusieron tristes. Eso llevó una división porque algunas personas estaban a favor de la denuncia en mi contra. Porque yo hablaba mucho de las medicinas naturales y no les gustaba. También, porque hablaba de derechos humanos y eso lo aprovecharon cuando estaba presa.
MS: la situación aquí es que a algunas personas no les gusta que nosotras hablemos de derechos de las mujeres. Algunas personas aprovecharon la situación para calumniarnos y denunciarnos. Con doña Sebastiana nos apoyabamos para hablar de los derechos de las mujeres y a estas personas no les parecía.
PC: ¿A partir de estas medidas como subsanaron las relaciones que se dañaron por el proceso que enfrentaron?
SP: a partir de hoy, como me gusta trabajar con las mujeres para que se formen, para que sepan sus derechos, para no dejarme de los hombres machistas, seguiré hablando de los derechos humanos. Porque solo de esa forma nos apoyamos entre mujeres. Y aunque no sé escribir, tengo conocimiento para seguir el trabajo con ellas.
MS: en mi caso seguiré haciendo lo que hecho, hablar de derechos. Con esto no estamos diciendo a las personas que hagan cosas para tener problemas, nada de eso. Vamos a seguir trabajando, las personas son libres, no las obligamos y ese será nuestro trabajo.
