Por Kajkoj Máximo Ba Tiul
Desde hace una semanas, médicos y organizaciones de la sociedad civil, después de una visita que hiciera Giammattei, al departamento de Alta Verapaz, se dieron cuenta, que el hospital que se había planificado construir en el departamento, Giammattei y otros más habían decidido que se construya en Petén. Para este proyecto, se solicitó un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado por el Congreso de la República mediante decreto, 18-2020. El préstamo es de US$193.2 millones de dólares.
En su momento el ministro de salud, comunicaba que ya había iniciado la “gestión ante el banco, para mudar el proyecto hacia el municipio de San Benito, Petén, a una distancia de 246 kilómetros” y en una citación en el Legislativo, por parte de la Comisión de Salud y Asistencia Social, aseguró que de acuerdo a las decisiones de Giammattei, el hospital iba a ser construido en Cobán, como se contempla en el plan anterior. “Que el terreno que será utilizado para la construcción del inmueble está ubicado en la Escuela de Formación Agrícola (EFA), en Cobán. El proyecto tendrá un costo de alrededor de US$48 millones y será financiado con fondos provenientes del Decreto 18-2020, que promueve la ejecución del Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario”. También será construido el de “San Benito, Petén”.
Este hecho causó conmoción, consternación y tensión en el departamento y en otros departamentos de Guatemala. Por muchas razones, entre ellas, la cantidad de población del departamento, que va más allá de un millón de habitantes, el nivel bajo en salud y la pobreza; además, porque el actual hospital está colapsando, no solo por su capacidad para la atención, sino por su misma estructura y el lugar dónde está construido no da mucha seguridad que pueda aguantar más tiempo.
Comienza la disputa de poderes entre alcaldes, diputados del departamento y el gobernador departamental. Esta disputa no es casual, recordemos la discusión entre “Winter Coc y Giammattei, por el control de los recursos de Eta y Iota”. La disputa por el control de las áreas afectadas por los efectos de estos huracanes entre “Giammatei y Neto Bran”, por citar algunos ejemplos, que nos pueden proveer elementos para tener otra mirada, sobre los intereses en el departamento y las competencias entre líderes políticos.
No olvidemos que, desde la llegada de los dominicos en 1537 a la región, está se construye sin mucha intervención del poder central. Poco tiempo después, “De las Casas”, que se limitara la llegada de soldados españoles a la región y que la conquista se haría por medio de la evangelización. Posteriormente se le concede la gobernación del departamento a Juan Matalbatz, quien recibe órdenes de la corona y la iglesia y se inicia una persecución masiva contra indígenas que se resistían a la evangelización. Muchos años después, con el gobierno de Gálvez, se concede a la misión belga, todo lo que ahora se le llama región del Polochic, dejando en sus manos el control y sometimiento de los indígenas al trabajo forzado. Años después, la llegada de los alemanes, se crea Alta Verapaz, en lo que podríamos llamar; como un Estado dentro de otro Estado, es decir, el control de la región lo tienen los alemanes y sus grupos armados, quienes ejercen una represión y persecución contra la población y el gobierno central, emitiendo leyes para favorecer la explotación de los indígenas y dejando todo el poder a los alemanes. En el gobierno de Ubico, con el control que ejerce Guatemala, entrega el poder de controlar la región a los militares, hasta la construcción de la Franja Transversal del Norte, llegando a constituir un grupo militares a quienes en algún momento los hemos llamado “terratenientes militares”.
Que tiene que ver esto con el hospital y el control del todo los recursos del Estado y de la región. Más o menos a finales de 1980, al calor de la guerra fría y la política contrainsurgente, se constituye un grupo (militares, finqueros y otros), como los primeros grupos que comienzan a traficar droga, en ese entonces aún no era cocaína, sino marihuana. En algún momento, nos comentaba un campesino de la región norte, “nosotros solo mirábamos que, en medio de los quintales de cardamomo también se llevan sacos llenos de droga y armas”.
Después de la guerra, se desarrolla un control territorial para la venta, almacenamiento y venta de cocaína. A mediados del 1990, aparecen los primeros Zetas, como parte del cartel del golfo[1]. Estos se fortalecen en el año 2012. Ligados a militares que habían participado en la política contrainsurgente, quienes tenían el control de un cementerio clandestino en la zona militar de Cobán, hoy conocido como CREOMPAZ. La mayoría de comandantes de esta zona militar, desde su creación, eran descendientes de alemanes, que después dieron sus fincas para el aterrizaje de aviones y bodegas de drogas y armas. Se fortalece, el financiamiento del narcotráfico a todos los partidos políticos de la región y mantienen el control de regiones enteras por medio de los alcaldes municipales y los concejos, como hasta ahora.
Estos mismos (narcotráfico, líderes políticos, finqueros, militares), siguen viendo al departamento como su Estado, ellos controlan la política, la economía, la religión, la salud y educación. Controlan las construcciones en las municipalidades. Los partidos políticos, que ganan las alcaldías en el departamento, tienen financiamiento de los llamados “contratistas del Estado”, que son en su mayoría, narcotraficantes o lavadores de dinero del polvo blanco y de la corrupción.
Por eso, no cabe duda de que la primera decisión de no construir el hospital de Cobán, no tenía como excusa falta de lugar o lugar no adecuado u otras razones. La decisión de no construirla, se dio por la competencia que hay entre grupos del crimen organizado y de líderes políticos (alcaldes, diputados[2], gobernador, presidente). Tampoco solo las negociaciones oscuras sobre recursos para la próxima campaña electoral (Giammattei con Baldizón), si no, también por el control de la salud privada (centros médicos, hospitales, laboratorios, empresas de ambulancias privadas, etc.) que, sin duda alguna, se mueven recursos del crimen organizado y la corrupción. No olvidemos que el departamento en estos últimos años, no solo ha subido el número de construcciones de centro comerciales, sino también, hay un sin número de centros educativos de todo tipo y de centros relacionados con la salud, como: laboratorios, hospitales, clínicas, etc.
Fueron médicos que prestan servicios en el sistema de salud pública, quienes dieron la voz de alarma; a esto se sumó la sociedad civil organizada de todos los municipios y otros departamentos, formaron un gran ejército de personas solidarias, recogiendo firmas, para exigir que el presidente respete el plan y el préstamo original. Después aparecieron los zánganos diputados del departamento y otros, que, dicho sea de paso, siempre han brillado por su ausencia, cuando se trata de resolver los problemas álgidos de la región y muchos menos, para discutir problemas relacionado con la salud, la educación, la pobreza, el desarrollo. Hoy estos diputados, gritando que ellos fueron quienes le torcieron el brazo al pacto político que quería robarse el hospital. Claro, como inicia la campaña electoral, quieren lograr los votos, de quienes desconocen cómo se dio este proceso.
A pesar de la decisión de volver al plan original, la sociedad civil no debe quedarse estática, tiene que seguir con su papel de auditar el proyecto, antes, durante y después de su ejecución. Porque, el pacto criminal que tiene controlado toda la estructura del Estado, saben jugar a escondidas.
[1] https://www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-la-cambiante-cara-del-narco, visto última vez el 5 de agosto de 2022.
[2] https://twitter.com/elpeladero_ep/status/1457474188403433478, visto última vez el 5 de agosto del 2022.