“Tenemos claro que el Estado está capturado por la mafia, estamos observando con mucha preocupación que la elección y los candidatos que están ahora en proceso de entrevistas forman parte de las mafias y son allegados del presidente de la República”. Miguel Itzep.
Por Regina Pérez
Mientras la elección de fiscal general se acerca a su etapa final, organizaciones de la sociedad civil, víctimas del conflicto armado, mujeres, campesinos e indígenas, entre otros, realizaron una caminata que partió de la Plaza de los Derechos Humanos hacia el Ministerio Público (MP), en la que exigieron que la Comisión de Postulación designe a un funcionario independiente al frente del ente investigador.
La marcha es parte de la jornada de tres días que comenzó desde el martes 5 de abril con protestas en varios territorios, organizada por la Asamblea Social y Popular, la Alianza por Reformas, la Asociación de Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, entre otras agrupaciones.
El pasado miércoles se realizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde la postuladora realizó las entrevistas a los 15 candidatos que quedan en el proceso, entre ellos la actual fiscal general, Consuelo Porras.
Miguel Itzep, de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado, dijo “tenemos claro que el Estado está capturado por la mafia, estamos observando con mucha preocupación que la elección y los candidatos que están ahora en proceso de entrevistas forman parte de las mafias y son allegados del presidente de la República”.
También se refirió a una posible reelección de Consuelo Porras, una de las candidatas más cuestionadas de este proceso por las organizaciones. “Esa es nuestra protesta, porque ella presentó su informe ante la Comisión de Postulación, alababa todos sus avances… Ella llegó hace cuatro años y lo único que hizo es destruir el trabajo que hizo Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana”, dijo Itzep, en alusión a las dos exfiscales generales que precedieron a Porras.
Uno de los temores de los manifestantes es que en la lista de seis candidatos que se presentará al presidente Alejandro Giammattei el 22 de abril, se incluya a varios aspirantes señalados, como el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, el candidato José Enrique Urrutia, afín a organizaciones como Fundación contra el Terrorismo y los magistrados Henry Elías Wilson y Gloria Suchité, también cuestionados por sus fallos.
En las protestas en la capital y en los departamentos ha sido evidente el rechazo a la gestión de Porras, a quien el año pasado la población le pidió su renuncia, así como la del presidente Giammattei. Al frente del MP, Porras ha emprendido una persecución penal en contra de sus propios fiscales y jueces independientes.
Durante la marcha en la ciudad capital participó el defensor del agua, Bernardo Caal, recién liberado después de 4 años y 2 meses en prisión, quien señaló que la actual fiscal general solo ha servido para criminalizar a defensores beneficiando a las empresas.
Pro Justicia: elección ocurre en un contexto politizado
La fase de tachas, entrevistas y aplicación de la tabla de gradación a los aspirantes es uno de los momentos cumbre del proceso de postulación a fiscal general, que ha sido afectado por su entorno, que ha sido confrontativo y está politizado, según Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia.
“Tenemos una serie de actores que están influyendo desde afuera, no necesariamente en la Comisión, el contexto está definiendo el proceso”, indicó Ibarra.
Con ello se refirió a los severos cuestionamientos que hay en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras, la persecución penal por revanchas y para afectar el proceso de postulación, con un grupo que ha sido un actor influyente para presentar denuncias contra decanos.
Durante el proceso, la Fundación contra el Terrorismo ha accionado en contra de dos comisionados, el primero David Gaitán, renunció al inicio del proceso para no afectar el trabajo de la postuladora, en tanto el decano de la Universidad Rafael Landívar, Hugo Rolando Escobar Menaldo, ha sido objeto de una denuncia como de publicaciones de un medio de derecha que lo señalan de presionar a los demás comisionados para elegir a un candidato “afín a la izquierda”.
Ibarra informó que el mismo actor interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) que limitó la participación de aspirantes, al no permitir que los jueces pudieran participar, como sí ocurrió en la elección de 2018.
Este escenario, según la entrevistada, desmotivó la participación de aspirantes. “Para qué se van a meter a este proceso donde ya se sabe que las fuerzas se están conjugando para darle al presidente de la República opciones que le garanticen, a él y a sus aliados, seguir ostentando el poder público sin miedo a que la justicia los persiga”.
Esta elección, según Ibarra, estará definida por los decanos, que suman 12 votos. “Nos estamos aproximando no solo a la etapa final del proceso, sino en una etapa en la que los comisionados van a estar más presionados que de costumbre”, dijo.
La próxima fase del proceso será la evaluación de los expedientes, que se realizará el 18 de abril, después del descanso de Semana Santa.
