Por Francisco Simón Francisco
La audiencia de oposición a las medidas sustitutivas a los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa fue suspendida la mañana de este viernes, ante la incomparecencia del Ministerio Público (MP).
Se tuvo conocimiento que se había impedido el ingreso a la prensa, así como a delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a observadores internacionales que han dado acompañamiento al proceso penal iniciado en contra de los periodistas.
Del Cid y Figueroa fueron denunciados por los delitos de coacción y violencia contra la mujer, en su manifestación psicológica, el 21 de mayo, por María Luisa Morales Gatica y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre y hermana de Luis Miguel Martínez Morales, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, creado por el presidente Alejandro Giammattei.
Las denuncias presentadas por la familia Martínez Morales obedecen a un artículo periodístico publicado el pasado 4 de febrero en los medios Artículo 35 y Vox Populi, en el cual se detalla que la madre y hermana de Miguel Martínez dejaron su casa en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla y se mudaron a vivir a un lujoso condominio en Sacatepéquez. Un inmueble valorado en US$200 mil y que fue adquirido por Demci Aroldo López Villatoro, uno de los mejores amigos de Martínez, quien vive en España tras ser juramentado como diplomático durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
La denuncia penal fue presentada ante un juzgado de turno de femicidio a cargo de la jueza Michelle Dardón Aguilera, quien impuso medidas de seguridad por considerar que “hay una presunta violencia en contra de la mujer”, por lo que se dictaron prohibiciones a los periodistas de no publicar información sobre ellas y Miguel Martínez. La jueza Dardón es la misma que concedió medidas de protección en su momento a la excanciller Sandra Jovel contra un medio de comunicación escrita.
En Guatemala existe una Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer que busca prevenir la violencia contra las mujeres, sin embargo, actores vinculados con actos de corrupción, hacen uso inadecuado de esta ley, para restringir el trabajo y la libertad de expresión a periodistas independientes que investigan a funcionarios que, con abuso de poder, cometen actos como los ocurridos en la gestión del presidente Alejandro Giammattei.
