Por Nelton Rivera
Durante el 2020 las organizaciones de derechos humanos en América Latina denunciaron una serie de asesinatos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, la organización Front Line Defenders (FLD) para América registró 284 casos, de los cuales Guatemala está en la lista de países en los que han ocurrido asesinatos contra defensores, 15 en total. Todo esto ocurrido en un contexto de crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19 y retrocesos en derechos humanos.
Para FLD América Latina es una de las regiones más letales para la defensa de los derechos humanos. Este 15 de abril en las ciudades de México y Río de Janeiro, FLD, presentó un análisis global 2020 en todo el mundo.
“El informe detalla las agresiones físicas, las campañas de difamación, las amenazas a la seguridad digital, el acoso judicial y los ataques por motivos de género a los que se enfrentan los/as DDH, especialmente las mujeres y las personas de género no conforme. En la región de América, 284 DDH fueron asesinados, lo que representa el 86% de todos los/as DDH asesinados en 2020.” cita FLD en una publicación.
El caso de Guatemala
El informe de FLD cita a quince guatemaltecos y guatemaltecas, defensores de DDHH asesinados durante el 2020: Luisa Sandoval (Wicha) Bryan Guerra Dominga Ramos Saloj Héctor David Xoy Ajulip María Fernanda Pérez Domingo Choc Ché (Abuelo Ku) Alberto Cucul Cho Medardo Alonzo Lucero Fidel López Abel Raymundo Benoit Pierre Amedee María (Benito) Misael López Catalán Carlos Mucú Pop José Choc Chamán Abelardo Quej Ixim.
Guatemala junto a Colombia, México, Brasil, Honduras, son los países de América Latina en donde se registraron mayor cantidad de asesinatos de defensores, con Colombia a la cabeza con un total de 177 personas asesinadas.
Desde el Congreso de la República en febrero se impulsaron decretos que buscan imponer mayor cantidad de restricciones en contra de sectores en los que se encuentran ONGs, durante el Gobierno de Alejandro Giammattei se aprobó el Decreto 08-2020 que le da mayor poder al Gobierno para suspender organizaciones de considerarlas contrarias al orden público.
El informe cita sobre las agresiones y amenazas que sufrieron periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda durante la cobertura periodística que hicieron de las jornadas del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro en el mes de marzo.
“Se utilizaron perfiles creados en las redes sociales por quienes se esconden detrás de una fachada ideológica «pro-vida» y «pro-familia» para intimidar y acosar a periodistas y censurar y silenciar a las defensoras.” cita el informe.
La detención de la periodista de Prensa Comunitaria, Anastasia Mejía Tiquiríz, Maya K’iche de Joyabaj, fue acusada penalmente por el alcalde municipal Florencio Carrascoza Gámez, por la cobertura periodística realizada durante las manifestaciones en ese municipio, además por su labor de fiscalización del trabajo de la Municipalidad. Carrascoza se ha perpetuado en el poder municipal durante cuatro periodos, el proceso penal continúa abierto en contra de la periodista y en contra de varias mujeres dirigentes y defensoras de DDHH de ese municipio.
Descargue el informe aquí: ANÁLISIS GLOBAL DE FRONT LINE DEFENDERS 2020
