Desde marzo del presente año, las autoridades de los tres poderes del Estado de Guatemala, han implementado diferentes actos que comprueban que el Crimen Organizado ha logrado cooptar gradualmente a funcionarios públicos y desnaturalizar al Estado, para ponerlo al servicio de sus intereses.
La trilogía de violencia, corrupción y obstrucción de justicia, que el Crimen Organizado utiliza como estrategia para lograr sus objetivos criminales en otros países, sigue provocando en Guatemala problemas de delincuencia transnacional muy complejos y que van en aumento. Lamentablemente, las autoridades al más alto nivel se han aprovechado de la pandemia COVID19, para implementar estos actos, anulando casi por completo a la oposición política, por medio de la restricción innecesaria y desproporcionada de derechos.
Todas estas acciones pueden considerarse como fraude de ley, figura jurídica contemplada en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y por medio del cual se cometen violaciones sistemáticas a la Constitución Política de la República de Guatemala con aparencia de legalidad y se afecta sustancialmente al Estado de Derecho, para convertirlo en un Estado que defiende los intereses de las mafias.
Como ejemplo, podemos citar cuatro actos gubernamentales recientes que pueden considerarse realizados en fraude de ley: 1) La última acción de la Fiscal General, por medio de la cual solicita levantar el antejuicio a diputados, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sabiendo de antemano que sólo la acción encaminada contra la y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad llegará a tener éxito; 2) El retraso deliberado de la elección de magistrados de altas cortes, causado por un grupo considerable de diputados del Congreso de la República, que tiene por objeto mantener inalterable a la actual Corte Suprema de Justicia, prolongando el periodo de su nombramiento indebidamente; 3) El incumplimiento por parte de autoridades como la Fiscal General y un grupo de diputados y diputadas del Congreso de la República, que no respetan el contenido de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada con fecha 6 de mayo de 2020, dentro del expediente 1169-2020; y 4) La desobediencia sistemática de otras resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, así como los ataques sistemáticos por medio de denuncias espurias en contra de la y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad; en contra del Procurador de los Derechos Humanos (PDH); el Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y jueces independientes e imparciales como Ericka Aifán, Yassmyn Barrios, Miguel Ángel Gálvez y otros, que provoca una obstrucción a la justicia deliberada y contraria al Estado de Derecho y que demuestra que los ataques están dirigidos en contra de funcionarios y funcionarias que defienden el Estado de Derecho.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó al respecto: “Estas cuatro acciones demuestran que las 2 autoridades del Estado de Guatemala han comprometido la función pública, para pasar a defender ilegalmente, los intereses del Crimen Organizado, en vez de defender a la población. Las cuatro acciones constituyen fraude de ley, ya que constituyen actos realizados supuestamente al amparo del derecho, que persiguen un resultado prohibido por el ordenamento jurídico, como lo es provocar más y más impunidad.”
Guatemala, 9 de agosto de 2020
