Por Fabián Campos Hernández
Durante el mes pasado presenciamos distintos brotes de descontento social relacionados con las medidas implementadas por los gobiernos latinoamericanos bajo las presiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. La situación es muy clara, los países latinoamericanos cargan desde hace décadas con graves problemas presupuestales por las medidas promovidas por las instituciones financieras globales. Estas han obligado, a través de la renegociación de la deuda externa y las condicionantes para nuevos préstamos, a reducir la carga fiscal, aranceles y derechos a la iniciativa privada. Con ello los gobiernos reciben menos dinero para sus presupuestos que deben ser completados con deuda y reduciendo subsidios y gasto social. Es un círculo vicioso.
Pero desde hace unos años otro problema se ha sumado, el envejecimiento acelerado de América Latina. Durante la década de 1960 casi el 60% de la población tenía menos de 30 años, pero la baja en la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han transformado el panorama hasta el punto de que se esta agotando el “bono demográfico”. Tener una mayoría joven y en posibilidades de trabajar era la baza de las posibilidades de salir del subdesarrollo. Hoy en día se calcula que cerca de 50 millones de latinoamericanos son mayores de 65 años y se proyecta que para el año 2065 esa cifra será de 200 millones de personas.
Lo anterior ha puesto a pensar a los especialistas en un problema evidente ¿cómo se mantendrán y vivirán los adultos mayores en las condiciones estructurales de nuestra región? La respuesta obvia es mediante sus pensiones. Pero los datos no ayudan.
En la actualidad, según la Organización Internacional del Trabajo, cerca del 50% de la población latinoamericana económicamente activa labora en el sistema informal, es decir que no cuentan con seguridad social y por lo tanto no cotiza en un sistema de pensiones. Si a ellos le agregamos que la tasa de desempleo en la región es reconocida en un rango del 8% y que no todos los que están incluidos en el sistema formal cotizan, tenemos que en la actualidad menos del 40% de los latinoamericanos tienen acceso a un sistema para el retiro. Además, el FMI, el BM y el BID prevén que de la población latinoamericana que cuentan con la posibilidad de una pensión recibirán menos de un tercio de su salario cuando se retiren. Es decir que verán reducido casi en un 70% su ingreso.
Aun con ello, los organismos internacionales han diagnosticado que los sistemas para el retiro no podrán ser sostenibles en el tiempo debido al continuo incremento en la esperanza de vida. Por esta razón es que desde hace años que se ha presionado a los gobiernos latinoamericanos para aumentar la edad legal para optar por la jubilación y, en un documento presentado hace una semana, el FMI propone que cada cinco años se evalúe este tema y se “actualice” la edad mínima. En otras palabras, esa institución pretende que cada quinquenio se les aumenten los años mínimos de vida laboral los y las latinoamericanas que tienen acceso a una pensión. Y ellos son los privilegiados de este sistema.
El tema adquiere toda su dimensión cuando le sumamos el 60% de la población que esta desempleada o en el sector informal. El problema social que representa ahora que sectores importantes de los latinoamericanos no cuenten con acceso a servicios de salud así como la reducción constante, por la presiones de la banca internacional, a los presupuestos de las pocas instituciones gubernamentales de este ramo que han resistido el neoliberalismo, se va a incrementar exponencialmente con el envejecimiento.
Como ya se señaló, dentro de cuarenta y cinco años, 200 millones de latinoamericanos tendrán más de 65 años. De ellos, 120 millones de personas, la población actual de México, no habrán cotizado nunca en un sistema de pensiones, si cuentan con suerte tendrán acceso a un sistema público de salud que cada vez tendrá menos recursos y capacidad para atender sus necesidades. Condenados a la pobreza y a morir sin asistencia médica.
Pero no todo esta perdido. En el documento del FMI, que se discutirá en marzo próximo, se presenta una solución innovadora, las hipotecas inversas. Al llegar el momento en que los latinoamericanos y latinoamericanas ya no puedan trabajar tendrán la opción de hipotecar sus casas y recibir a cambio una pensión de la banca comercial. Naturalmente, cuando el dueño de la propiedad muera el banco se quedará con el inmueble. Ese es el paraíso que el Fondo Monetario Internacional prepara para ti que me lees y hoy tienes veinte años o más. Siguen echando gasolina a una región que ya arde en llamas.
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