El Caso Hogar Seguro da pequeños pasos, pero las familias siguen buscando justicia

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Créditos: chs12
Foto: archivo Prensa Comunitaria

Por Alejandra Sarti

31 de octubre 2019

Desde el día 12 de junio del 2017, Lucinda Marroquín, subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y  Luis Armando Pérez Borja, subcomisionario de la PNC se encuentran en prisión preventiva tras ser sindicados junto a Gloria Castro, ex defensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Harold Flores, actual defensor de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación y Brenda Chamán, psicóloga del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”. Todos componen el segundo grupo de implicados del caso.

Este 28 de octubre al inicio de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, Lucinda Marroquín y Luis Pérez Borja, solicitaron al juez Pedro Rodolfo Laynez, del Juzgado de Primera Instancia Penal, por medio de sus abogados representantes, una medida de coerción con el fin de sustituir su prisión preventiva, pero la petición fue rechazada por el juez debido a que existen sospechas en que ambos podrían obstaculizar la averiguación de la investigación.

La decisión del juez Laynez fue previamente argumentada por representantes del Ministerio Público (MP) quienes dieron lectura de declaraciones testimoniales de algunos peritos, testigos y peritos, que aseguran han sufrido amenazas e intimidaciones por parte de la subinspectora, Marroquín y el subcomisionario, Luis Pérez Borja.

El abogado querellante  Esteban Celada, representante de la orgnización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) comentó que los avances presentados en el Caso Hogar Seguro no son sustanciales pero sí significativos y que estos son a “raíz de los diferentes pronunciamientos que ha habido tanto en los movimientos de mujeres como por parte de las organizaciones de derechos humanos”.

La audiencia del segundo grupo culminó con el ofrecimiento de pruebas y se programó para el 6 de diciembre de 2019 para  conocer la objeción por parte de los sujetos procesales y la resolución de las pruebas en donde el juez debe determinar cuáles de ellas ingresan a debate público.

Dos días antes a esta audiencia, el 4 y 5 de diciembre los sindicados Crucy Flor de María López, monitora del centro correccional “Gorriones”; Ofelia Pérez Campos, monitora del área “Mi Hogar”; Rocio Albany Murillo, jueza de Paz de San José Pinula y su secretario Romeo Miranda, se encontrarán en la continuación de la audiencia de primera declaración.  

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