24 de mayo del 2019
Carlos Gregorio Hernández Vázquez, un joven maya Achí de 16 años falleció el 20 de mayo en un centro de detención para migrantes en Texas, EEUU. La causa de su muerte aún no ha sido aclarada por las autoridades migratorias estadounidenses. La familia de Carlos vive en una comunidad abandonada de Baja Verapaz donde migrar parece ser la única respuesta a la pobreza y la casi nula posibilidad de desarrollo.
San José El Rodeo es una comunidad maya Achí del municipio de Cubulco, Baja Verapaz, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Llegar es complicado por el deteriorado estado de la carretera. Aquí la agricultura y la albañilería son las únicas dos opciones de empleo, la mayoría de las casas son de adobe con techos de lámina, no hay mercado ni plaza y las pocas construcciones y comercios en su mayoría son de personas que han migrado a EEUU.
A las 10 de la mañana del pasado jueves regresó a su hogar Don Bartolomé Hernández, con las manos rojizas por el abono que utilizó en el terreno ajeno de la montaña alta de la comunidad en donde es empleado como agricultor. Por este trabajo gana alrededor de Q35.00 diarios. Don Bartolomé recibió una llamada de las autoridades migratorias norteamericanas y no le explicaron por qué su hijo Carlos Gregorio “Goyito” murió en el centro para migrantes de Weslaco en el Paso Texas el 20 de mayo, luego de haber sido detenido 5 días atrás cuando intentaba entrar a este país. Tampoco tiene certeza de cuando le devolverán el cuerpo de su hijo.
Don Bartolomé relató que Carlos era el octavo hijo de los nueve que tiene. El menor viajó a EE. UU. a finales de abril en busca de trabajo para ayudar a su familia y en especial a su hermano Edgar de 18 años que sufre de discapacidad, necesita medicamentos y atención especial todo el día y la situación económica de la familia complica esta situación.
“Esto pasa por buscar una mejor vida, en Guatemala está difícil, por eso mi familia tomó esta decisión, pero nadie esperaba que mi hijo iba a encontrar la muerte. Yo había visto noticias de que varios niños habían muerto, pero nunca esperé que esto nos pasara a nosotros” asegura Don Bartolomé mientras coloca velas frente a una fotografía que tiene de Carlos en una mesa en el patio de su casa.
Carlos era un joven querido en la comunidad, era bajista de la banda de la iglesia católica y sus maestros lo consideraban un líder. En el 2017 finalizó tercero básico, un logro que pocos alcanzan en San José El Rodeo, porque la mayoría de los niños deben comenzar a trabajar en la milpa o acarrear leña desde los 12 0 13 años. “Carlos era un joven muy alegre, nunca se negaba a ayudar (…) la gente migra porque acá el trabajo es escaso” cuenta René Teletor amigo de Carlos que actualmente está desempleado porque hace 4 meses también intentó llegar a Estados Unidos, pero fue deportado.
“Carlos era como mi hermano”
En la Telesecundaria de la aldea en la que Carlos realizó sus estudios de nivel básico la mayoría de los estudiantes deben caminar entre 40 a 90 minutos diarios para llegar a clases. En este lugar está Héctor Camojá de 17 años, un joven que compartió la niñez con Carlos. “Él era casi como mi hermano, le gustaba jugar fútbol, es muy difícil pensar que hoy él se está despidiendo de nuestra aldea, nunca pensé que esto le iba a pasar a mi gran compañero, él no iba enfermo, el 27 de mayo iba a cumplir los 17 años”. Héctor finalizará tercero básico y está convencido que quiere seguir estudiando, aunque tenga que trabajar para costear sus estudios.
“No migran por ambición, migran por necesidad”
El profesor José Edvin Pereira es el director de la Telesecundaria de San José El Rodeo y no es ajeno a la crisis que se vive en la comunidad. Asegura que desde hace cuatro meses no recibe su salario, sin embargo sigue con la labor de enseñar a los jóvenes que buscan finalizar el nivel básico.
El profesor Pereira cuenta que las personas de aldeas de Baja Verapaz comenzaron a migrar en 1990, durante los últimos años de la guerra civil de Guatemala. En ese entonces, la migración se daba por la persecución y temor de ser asesinados, pero ahora migran por necesidad “aquí ya no hay nada, no hay fuentes de empleo” dice el director que tiene nueve años laborando en esta comunidad y ha visto migrar a 22 de sus estudiantes rumbo a Estados Unidos y ahora trabajan en diferentes ciudades para enviar dinero a sus familias.
Los jóvenes y profesores de la Telesecundaria han decidido no olvidar a Carlos Hernández. En su honor, la banda escolar que él dirigía antes de irse en busca de una mejor vida, llevará su nombre.
Incertidumbre sobre las causas de su muerte
Han pasado cuatro días desde la muerte de Carlos y de momento la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (por sus siglas en inglés CBP), no ha dado razón sobre las causas del deceso. Según la agencia de noticias Associated Press (AP) el joven guatemalteco pasó detenido desde el 13 de mayo y se quejó de quebrantos de salud desde el domingo 19, una enfermera del centro de detención detectó que tenía influenza, sin embargo, no fue trasladado a un hospital en las primeras 72 horas como lo establece el protocolo del Departamento de Salud y Servicios Humanos y el lunes cuando le realizarían un examen médico fue encontrado sin vida.
El Centro de detención de Weslaco Río Grande fue cerrado temporalmente luego de la muerte de Carlos y las autoridades confirmaron que en este lugar habían 32 casos más de influenza entre los migrantes detenidos. Según el Washington Post este centro de detención ha sobrepasado su capacidad de atención y las autoridades migratorias de este país han tenido serios problemas para responder a la gran cantidad de migrantes que están llegado, tan solo en febrero la patrulla fronteriza detuvo a 76 mil migrantes centroamericanos.
Carlos iba a ser trasladado a un centro de la empresa Southwest Key llamado Casa Padre ubicado en Brownsville, Texas. En ese lugar falleció Juan Gutiérrez también migrante guatemalteco de la misma edad hace tres semanas, en ninguno de los dos casos se ha aclarado las causas de muerte de los menores.
Por su parte, el presidente Jimmy Morales y la Cancillería no han dado declaraciones públicas sobre las muertes de niños migrantes durante los últimos meses. Las autoridades de gobierno se han limitado a realizar los trámites burocráticos para que los cuerpos sean devueltos a sus hogares.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se pronunció el 20 de mayo e hizo un llamado al Estado para que se garantice la protección de la integridad de la niñez, indicando que es la cancillería y la red consular de Guatemala en Estados Unidos la que debe hacer valer los compromisos internacionales en materia de derechos de los niños.