10 de abril del 2019
La Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa en Canadá ha insistido durante 10 años en la creación de un mecanismo estatal independiente que verifique las violaciones a los derechos humanos que cometen las empresas canadienses que operan en otros países.
En los últimos 15 meses, el gobierno canadiense se comprometió a la creación de ese mecanismo, pero nuevamente dio marcha atrás. La figura del “Ombudsperson”, o procurador, que investigue la actividad comercial responsable, no fue creada. Esta persona tendría la capacidad de investigar los abusos, daños y violaciones a los derechos humanos cometidos por empresarios canadienses. En el caso guatemalteco, abriría la puerta para investigar a las empresas mineras, y de hidrocarburos, canadienses.
Las empresas canadienses vinculadas a la actividad extractiva en Guatemala, como la minería de oro a cielo abierto, de plata, níquel y otros minerales, en los últimos 15 años repercutió en serios casos de contaminación ambiental, especialmente del agua. Por no mencionar la criminalización de personas que oponen de manera pacífica al extractivismo, y los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que devienen de la lucha por la defensa de los recursos naturales, el medio ambiente y el territorio.
La empresa minera “Radius Gold Inc.” que opera los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo; la empresa Hudbay Minerals; la Compañía Guatemalteca de Níquel, en Izabal; Tahoe Resources Inc. y la Minera San Rafael, en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa; y la Goldcorp Canadá Ltd. con la Mina Marlyn, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; son varios de los ejemplos de este tipo de consorcios extractivistas. En el país funciona la Cámara de Comercio Guatemalteca Canadiense (CanCham-Guate), integrada por 40 empresas.
Agregamos parte del comunicado de La Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa:
“El cargo creado el día de hoy carece de ambas cualidades. «Las personas y comunidades que han sufrido perjuicios a manos de empresas mineras canadienses siguen sin tener a quién recurrir», dijo Emily Dwyer de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa.
“«Un ombudsperson que sólo lleva el nombre no lo es en realidad. Se trata sencillamente de más del mismo enfoque cuya carencia e ineficacia están demostradas.» El gobierno anunció que ha encargado un estudio de las opciones para otorgar al nuevo asesor la facultad de realizar investigaciones. «A 15 meses de haber comenzado el proceso, la noticia de un estudio es indignante. No necesitamos más evaluaciones», agregó Dwyer. «Necesitamos acción».
“«El cargo anunciado el día de hoy carece de autoridad concreta y no operará independientemente del gobierno —libre de toda interferencia política o empresarial—», dijo Dwyer. «El gobierno debe actuar con determinación para ponerle un alto al abuso por parte de las empresas. Esa fue la promesa en enero de 2018, y es la promesa que se debe cumplir»”, finaliza el comunicado.
