Créditos: Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2018
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Por David Toro

El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.  Berta era una voz potente de la denuncia y lucha por las comunidades indígenas en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros de Honduras. Su labor fue destacada a nivel internacional, en el año 2015, ganó el Premio Goldman, máximo premio ambientalista a nivel global.

Bertha Zúñiga, coordinadora del COPINH visitó Guatemala para denunciar las irregularidades con las que se ha manejado el proceso penal en contra de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres. Ella comentó que la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía Desarrollos Energéticos SA (DESA), denominado “Agua Zarca” en territorio de la comunidad Lenca, le costó la vida a Cáceres. Sin embargo, en la actualidad, El COPINH dirigido por Zúñiga, se propone lograr justicia dentro de una compleja causa judicial.

Además, la joven líder comentó durante una conferencia de prensa que el próximo mes de septiembre se espera que 7 de los 8 implicados sean sometidos a Juicio Oral y Público en la ciudad de Tegucigalpa.

La abogada Heidy Alachán del Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia (MADJ) quien acompaña a Bertha Zúñiga en esta lucha legal, declaró que los días 23 y 24 de agosto se concederá una audiencia para el ofrecimiento de pruebas en Tegucigalpa, la cual ya ha sido suspendida en diversas ocasiones, “el Ministerio Público ha reconocido no haber realizado distintos peritajes relacionados a los implicados y ha negado el acceso a información” resaltó Alachán.

La causa Judicial está dividida en 2 procesos, uno que se encuentra por iniciar el Juicio Oral y Público en contra de los autores materiales del crimen y el segundo se trata del proceso contra el autor intelectual del crimen y ex presidente de la empresa DESA, Roberto David Castillo Mejía, indicó Zúñiga.

Según datos otorgados por el COPINH los implicados al primer proceso judicial de la causa son: Douglas Bustillo, un militar retirado, acusado de planear el asesinato de Cáceres, el mayor Mariano Díaz Chávez, asociado a Bustillo era militar en servicio activo en el momento de su detención, Henrry Hernández, quien trabajó con Mariano Díaz en las fuerzas especiales del ejército, además de los sicarios, Edilson Duarte, Emerson Duarte y Oscar Torres. en este proceso está ligado Sergio Rodríguez Orellana un ingeniero ambiental que estuvo a cargo del alcance comunitario en la región de Río Blanco para la corporación DESA.

Abogada Heidy Alachán y Bertha Zúñiga, durante la conferencia de prensa en Casa de la Memoria. Fotografía Nelton Rivera.

La preocupación del COPINH y la representación legal de la parte demandante es que en el mes de noviembre expira la prisión preventiva de los implicados a este proceso y posiblemente aún no exista una sentencia definitiva y convincente, esto fue señalado por la Abogada Alachán durante su vista a Guatemala.

El segundo proceso se encuentra más atrasado, se trata del procesamiento del autor intelectual de los crímenes, el señor Roberto David Castillo, expresidente de la corporación DESA, quien fue detenido en marzo del presente año, su caso aún está por dar inicio a la etapa intermedia, aunque existe mucha incertidumbre de este caso por separado, pues para la abogada Alachán “el proceso es lento y se espera que existan dificultades y obstáculos de todo tipo para procesar a Castillo y para que se le imputen los delitos que corresponden”.

Bertha fue clara al indicar que el Ministerio Público y el Tribunal Especial a cargo de los procesos no han reconocido el asesinato de Berta Cáceres como un ataque sistemático de parte de la empresa DESA a los integrantes del COPINH, sin mencionar que además de los 8 implicados que ya se encuentran dentro de un proceso, existen más actores que no han sido involucrados aún. Entre los posibles responsables como autores intelectuales del crimen, se encuentra toda la Junta Directiva de DESA.

El proceso judicial del asesinato de Berta Cáceres requiere en este momento de mucha atención por parte de la comunidad internacional, los entes encargados de velar por los Derechos Humanos y de la prensa, pues el complejo y poco fiable sistema judicial hondureño promete no entregar pronta justicia para un caso emblemático que ejemplifica y enmarca los atropellos que sufren las comunidades en Centroamérica, por parte de estructuras paralelas de poder.

En un contexto, en el que la justicia hondureña podría perpetuar la impunidad con la que actúan las empresas con proyectos extractivos, corporaciones, paramilitares y familias poderosas en este país centroamericano.

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