Por: Miguel Ángel Sandoval
Pocas dudas quedan que la corrupción y la impunidad son algo estructural, que se ha metido hasta el tuétano de las instituciones del país y que no existe una cultura para intentar siquiera, modificar en algo este panorama en verdad sombrío. Las muestras de ello son realmente patéticas. El último caso de ello se encuentra alrededor de los 104 diputados del congreso que optaron por la colisión con cualquier noción de un Estado de derecho.
Ello por una razón simple que se cae de su peso. Rechazar la opinión calificada de una comisión pesquisidora con un voto mecánico, sin leer el expediente que había trasladado la Corte Suprema de Justicia, solo nos dice del desconocimiento del orden legal del país. Las razones invocadas son realmente sorprendentes por inocentes en términos legales o por cínicas en términos políticos.
Pues como todo mundo sabe, quitar a un funcionario la inmunidad que le confiere al cargo el antejuicio, solo nos lleva a la situación en donde un funcionario puede ser investigado y llegado el caso, sometido a un proceso legal, pero nunca implica abandonar el cargo. Ello solo se puede verificar si y solo si, es encontrado responsable de la comisión de algún delito.
Esto forma parte del alfa y el omega de un Estado de derecho y de eso que denominamos el debido proceso, que en este caso los diputados, ignaros como son, violaron de medio a medio. Es la verdad monda y lironda. Y me importa un comino quien sea el beneficiado con esta estupidez de los diputados, el asunto es que los revela como defensores en toda la línea de la impunidad, y por supuesto, de su aliada más próxima: la corrupción.
Si no fuera suficiente, un día después se destapa otro escándalo mayúsculo. El ejército usurpando funciones que no le corresponden, le otorga un bono al presidente, pretextando responsabilidades y riesgos. Pero omiten un tema central: los riesgos del cargo son atendidos por dos instancias como son la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Pues para eso están constituidas en gran medida, estas instituciones que buscan blindar al presidente de la república. Lo otro, un bono cualquiera solo revela cinismo y en el caso del mandatario, falta de ética.
Estamos ante un problema grueso. Es probable que en términos “legales” no haya razones suficientes para pedirle al presidente la renuncia pues ante un hecho de esta dimensión, en cualquier país es lo usual, menos en el nuestro en donde “el plomo flota y el corcho se hunde” como dice el viejo refrán.
Las preguntas se acumulan. ¿Qué hacer en estas condiciones? ¿Cómo abordar esta gravísima situación sin los lugares comunes o las fórmulas fáciles? Y ¿cómo hacerlo sin acudir al gastado mecanismo de los partidos políticos (que no lo son) en elecciones sin mucha legitimidad? Estos días nos deberían servir para reflexionar sin el influjo de las antorchas que se piensan patrióticas, sin saber que evento en concreto festejan. Días duros.
