Por: Nelton Rivera
Con Ana Lucrecia Molina Theissen nos reunimos brevemente, a pesar de lo agotador que pueden ser estas sesiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ella siempre guarda una sonrisa o varias para contener el cansancio físico de ir y venir, de correr y prepararse para estar ante la Corte IDH, y no es para menos, cuando una de estas sesiones extraordinarias se realiza en Guatemala. Es histórico, este hecho tiene una carga simbólica, con Ana Lucrecia conversamos sobre este periodo de sesiones y sus resultados.
“No es frecuente que la Corte Interamericana haga audiencias de supervisión de los casos en el propio país, esto tiene una gran importancia, ojalá que mande un mensaje positivo a los jueces y juezas a los magistrados para que se ajusten a las obligaciones internacionales del Estado”.
La corte en pleno se trasladó a Guatemala, los siete jueces abrieron un periodo de sesión completo en el país, en un contexto complicado para el sistema de justicia. Del 20 al 24 de marzo se celebró el 57 Periodo Extraordinario de Sesiones, el tribunal de la Corte IDH se estableció en el salón mayor de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Centro Histórico de la ciudad capital.
La Corte está conformada por el juez Humberto Antonio Sierra Porto, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, el Vicepresidente, también juez, Roberto F. Caldas, el Presidente, juez Eduardo Vio Grossi, la jueza Elizabeth Odio Benito. Además del juez Eugenio Raúl Zaffaroni y el juez Patricio Pazmiño Freire.
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, la institucionalidad del Estado fue declarada en desacato. Fue la primera vez en la historia del sistema interamericano de derechos humanos que un país de América Latina fue condenado de esta forma. No es de extrañar, con un gobierno con buena parte de sus funcionarios en prisión, y otros con órdenes de aprehensión.
El trabajo oficioso de Antonio Fernando Arenales Forno, Secretario de la Paz y Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) del gobierno del Partido Patriota, se negó a acatar las sentencias emitidas por la Corte. Catorce de ellas fueron bloqueadas. Con esto, Arenales Forno contribuyó a la continuidad de la impunidad.
Y el incumplimiento de las sentencias contra el Estado de Guatemala.
Así fue el 57 periodo de sesión extraordinario en Guatemala
El objetivo de la audiencia era revisar el estado del cumplimiento de las recomendaciones de la Corte después de la audiencia realizada el 16 de mayo de 2014, cuando la Corte IDH revisó el estado de cumplimiento de la reparación de justicia, de las sentencias de 14 casos contra Guatemala.
Esto porque se identificó una serie de obstáculos similares en todos los casos. El Centro por la Justicia (Cejil) consideró que era importante que la Corte los examinara como un todo, más allá de ver los obstáculos en cada caso, debía de ver las grandes líneas de obstaculización estructural que son las que mantienen el estado de impunidad, y cómo estas líneas se manifiestan en los casos en concreto.
A partir de los informes que se facilitaron frente a cada uno de los casos, la Corte IDH fue identificando como se materializó esa obstaculización y hay una resolución: declaró en desacato al Estado por el incumplimiento de las sentencias, que fue una postura que mantuvo abiertamente el anterior comisionado presidencial de los derechos humanos, Arenales Forno. Esto lo hizo al expresar una negativa absoluta de cumplir con las sentencias y a respetar la obligación internacional contraída al ratificar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y aceptar la competencia de la Corte.
Por primera vez en la historia del sistema interamericano de los derechos humanos, la Corte IDH declaró a un Estado en desacato.
Todos estos obstáculos ya fueron analizados por la corte y hay una resolución de noviembre de 2015. Esta mañana se abordó el abuso y uso desmedido de los recursos de amparo como un factor de impunidad. También se revisaron todas las órdenes de captura no fueron realizadas, como un hecho común, un obstáculo común. En la mayoría de los casos (ocho de los 14) analizados por la Corte IDH no hay personas capturadas, a pesar de las sentencias.
La falta de acceso de información en los casos también es considerada un obstáculo que está estrechamente vinculado a los archivos militares, que el Ejército se niega a entregar. También es un obstáculo la falta de recursos del Ministerio Púbico (MP). Con el MP se identificó la ausencia de una línea de investigación clara, en muchos de los casos somos las familias como querellantes particulares quienes impulsamos las investigaciones y quienes determinamos las líneas que hay que investigar.”
Guatemala y la impunidad
En líneas generales, lo que se evidenció en esta audiencia es que obviamente hay un cambio en la posición de Guatemala ante el sistema interamericano. La actual Copredeh, con Víctor Hugo Godoy al frente, expresa y hace esfuerzos para mantener abierta la comunicación con los órganos del sistema interamericano, con las organizaciones que le están dando seguimiento a los casos y seguimiento al cumplimiento de la justicia, tanto a las organizaciones internacionales como Cejil, como a las organizaciones que trabajan justicia en el país, como CALDH, el Bufete de Derechos Humanos, Udefegua o la Fundación Mack.
O sea que el estado de crispación que prevaleció en el ejercicio de la anterior administración de la Copredeh ahora fluye, hay una relación fluida, hay un entendimiento por parte de la actual Copredeh de la importancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales de Guatemala ante la Corte IDH.
Pero más allá de eso, hay un régimen de impunidad que sigue siendo muy sólido. Eso se puso en evidencia por parte de las víctimas y nuestros representantes, por un lado aunque hay avances impresionantes como en el proceso penal de la familia Molina Theissen, pero eso no quiere decir que el régimen de impunidad se haya debilitado. Es un régimen que permanece, que se inicia para la protección de los violadores de los derechos humanos y para los perpetradores de los crímenes de guerra.
Estamos frente a un régimen histórico, fuerte y que se extiende hasta el presente, es un continuum de la impunidad. Los avances que se están dando contra la impunidad son producto de la lucha de las víctimas, de las familias, de las organizaciones que nos representan, también del compromiso de la Corte IDH por darle el seguimiento y demandar del Estado la efectividad para el cumplimiento de las sentencias.
También es valorable el esfuerzo de los fiscales, de la Fiscalía de Derechos Humanos, las y los jueces, los magistrados honestos que están dando una lucha importante por hacer avanzar la justicia en estos casos que no son del pasado, porque la impunidad sigue siendo un elemento que sigue pesando en la vida política del país en el presente.
Los obstáculos de la justicia
A la Corte le quedó muy claro que los obstáculos que identificó en la audiencia de 2014 siguen estando presentes. Se le prestó mucha atención al uso abusivo del amparo, que la Corte IDH identificó en una de sus sentencias como uno de los factores de impunidad, y que el Estado debe de tomar acciones efectivas para que no continúe de esta manera.
El amparo es una institución, como afirmó el abogado Edgar Pérez. El amparo es una herramienta noble que debe de ser empleada para garantizar los derechos ciudadanos, para garantizar y restituir derechos que son violados.
En estos casos se usa para retorcer y dilatar procesos, un ejemplo claro es el caso Efraín Bámaca. Jennifer K. Harbury, quien impulsa este caso desde hace ya muchísimo tiempo, se ha topado con terremotos de amparos, los que ha frenado el avance de este proceso que ya fue sobreseído en dos oportunidades y que sigue estando entrampado por muchísimos amparos más.
Pese a que el magistrado César Barrientos fue uno de los que lucharon porque las sentencias de la Corte IDH fueran recibidas por el sistema de justicia guatemalteco y que fueran ejecutadas inmediatamente y no que fueran dilatadas, ocurrió todo lo contrario, se incumplieron.
En el caso Molina Theissen las sentencias son de 2004, son ya casi 13 años que han transcurrido sin que se vean acciones efectivas en torno a otras reparaciones. La justicia ha avanzado, cierto, lo recibimos de una manera muy positiva con una gran satisfacción, pero hay reparaciones que aún no han sido cumplidas.
El discurso del Estado debe de materializarse en acciones positivas, en políticas efectivas de acceso a la justicia y para terminar con el estado de impunidad que prevalece en Guatemala, no solo para los casos del pasado, sino también para los casos del presente.
La Corte Interamericana le da las líneas al Estado de qué cosas debe de hacer sobre la situación del país. Hay una voluntad política de ejecutar las sentencias como las recomendaciones de la Corte en sus resoluciones de revisión. Se podría ir avanzando en la consolidación de un sistema de administración de justicia independiente e imparcial.
Qué le toca ahora a Guatemala
Se evidenció ante la Corte el papel nefasto de jueces y magistrados que están vinculados presuntamente con el Ejército. Digo presuntamente porque serán las investigaciones las que resuelvan estas dudas. Por ejemplo, la jueza Claudette Domínguez está bajo cuestionamiento, decisiones con levantar el arraigo al coronel y diputado Édgar Justino Ovalle, y la manera en que examina y desecha una enorme cantidad de pruebas del caso de la Zona Militar Número 21 de Cobán, Alta Verapaz, o caso Creompaz. Hoy este congresista del partido del presidente, también militar, tiene orden de aprehensión y está prófugo de la justicia.
La Corte IDH se lleva un panorama bastante real de lo que ocurre en el país en materia de justicia. Se lleva una mejor compresión de la impunidad, nos parecen muy bien los avances, pero ojo, que no es lo único, hay que continuar fortaleciendo la justicia.
Por mi pate lo que yo hice fue denunciar ante la Corte el papel y la posición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), como una posición re victimizadora y profundamente ofensiva, no solo para nosotras como familia Molina Theissen, si no para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Es importante la presencia de la Corte aquí, por un lado por la institucionalidad de la justicia que está tratando que los casos avancen, como la fiscalía especial del MP de casos del Conflicto Armado o la Fiscalía de Derechos Humanos. Los esfuerzas que están haciendo jueces y magistrados por sanear las altas cortes, los esfuerzos que hace la comunidad internacional por que estos casos avancen, porque se fortalezca el Estado de derecho como un espaldarazo a esta institucionalidad que está tratando de combatir el régimen de impunidad que está enraizado en la administración de justicia en el país.
