Por Carlos Fredy Ochoa García
En la reciente gira presidencial del 17 de julio, a la parte occidental maya del país, el presidente Giammattei se reunió con autoridades kaqchikeles de Sololá y Comalapa. Estos encuentros directos tuvieron lugar en las sedes de la autoridad local. Los alcaldes comunitarios concurrieron a la cita, como siempre, dispuestas al diálogo y en ejercicio de su derecho de petición.
Sin embargo, los guatemaltecos estamos ante un presidente que no está dispuesto a manejar este derecho de petición y lo resuelve a la mejor manera ubiquista. Tampoco sus antecesores en el cargo se distinguieron por querer y saber hacerlo. Los dos presidentes anteriores, Molina y Morales, fueron en realidad nulos en ello y cínicos; los dos previos, Colom y Berger, si bien montaron programas para conducir estos encuentros (“Gabinetes abiertos” y “Gobernando con la gente”), nunca estuvieron a la altura de la tradición política maya de diálogo, que se basa en concepciones de comunicación muy fuertes y antiguas. Que es sólida porque se usa permanentemente. Es de largo alcance porque tiene en los alcaldes a líderes bien entrenados en su manejo, finalmente porque el diálogo es un valor moral y es por tanto, exigible,
De manera que, en una gira a todas luces improvisada, de un presidente que ha dado demasiadas muestras de no creer la participación social, esta iniciativa se vio frustrada por el hecho ahora comprobado de que estamos ante un presidente que es renuente a dialogar.
Guatemala aun no cierra aquella secular cultura ubiquista. De triste recordación. Ubico se caracterizó por sus frecuentes giras anuales, en un solo viaje podía visitar hasta 30 pueblos, precedido por su equipo de propaganda y mediante un desplante de poder. Se detenía por escasas, incluso en las más grandes, donde tomaba decisiones sobre la marcha, toda suerte de peticiones concretas. Pero no admitía diálogo, ni mucho menos oposiciones, se limitaba a escuchar, cuando no, a callar y amenazar a sus interlocutores y decidía maquiavélicamente.
Esto fue lo que vimos en la reciente gira de Giammattei, fue uno de esos típicos encuentros ubiquistas, agravada por el hecho de que, no solo no tiene ninguna idea moderna del derecho de petición, sino, en el fondo, estamos ante un presidente que se resiste a dialogar.
Por si esto fuera poco, hay otro signo que afianza la idea de que el presidente no sabe conducirse en un marco constitucional en sus relaciones con las autoridades de pueblos indígenas. Reconocer, respetar y promover a las autoridades indígenas es una garantía constitucional sustentada en el Art. 66, el mismo dispone como relacionarse con la autoridad indígena. También el Art. 58 dispone sobre las formas propias de autoridad, mismas que, hace ya dos décadas, fueron formas reconocidas en las disposiciones del Código Municipal, Decreto 12-2002, que se hace un reconocimiento a las alcaldías indígenas y a las alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares, desarrollando las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El deterioro de esta relación con las autoridades indígenas es grave, el presidente ha faltado a los criterios comunitarios de una buena relación con las autoridades indígenas según se entiende culturalmente. Reconocerlas es darle la palabra (utzijoxik); respetarlas es darle su lugar (uyaik Uq’ij); y promoverlas consiste acciones para su fortalecimiento, no en dividirlas creando organizaciones de fachada paralelas, y recurriendo a prácticas clientelares como las que ejercen a través de los consejos de desarrollo. El presidente está a las puertas de sus peores momentos, a esto lo aproximan, no solamente el desastre social derivado de la pandemia, ya fuera de control gubernamental; sino los dos estados de sitio en territorios mayas, un recurso que desde hace 20 años vino a ser no una media de excepción sino la respuesta usual del Estado guatemalteco para manejar los problemas locales. Ahora, a todo esto se suma una relación con las autoridades indígenas que violenta la Constitución.
