Por David Toro
07 de agosto 2019
Un análisis técnico presentado este 7 de agosto por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) refleja que los planes de gobierno de los presidenciables de los partidos Vamos y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no son viables debido a que sus propuestas implican gasto público, pero han descuidado planes concretos para incrementar ingresos.
El domingo 11 de agosto Sandra Torres y Alejandro Giammattei se disputarán la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta electoral. El proceso ha estado marcado por incertidumbre e irregularidades, capturas por delitos electorales en la unidad de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y propuestas, que ha criterio de expertos, no son viables e insuficientes para alcanzar avances en objetivos de desarrollo como educación, pobreza, hambre cero, infraestructura y salud.
Muchas propuestas, pero sin sustento
Ricardo Barrientos, economista experto en política fiscal del ICEFI, argumentó que los planes de gobierno de ambos contendientes por la presidencia tienen problemas técnicos. “Los dos planes no demuestran un sustento fiscal sólido, no fijaron meta, en la gran mayoría estas metas no se estimó su costo, no se sabe cuánto cuesta y de dónde saldrá el dinero para financiar cada proyecto”, explicó Barrientos.
Torres y Giammattei tienen visiones políticas diferentes
En el caso de Sandra Torres candidata de la UNE, su plan de gobierno denominado “Guatemala próspera y en paz”, que según el informe de ICEFI, es un modelo con fuerte presencia del Estado. En las propuestas de este partido sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen fortalecer las capacidades estatales existentes, la creación de incentivos fiscales y el endeudamiento público.
Mientras que Alejandro Giammattei presidenciable de Vamos, plantean un plan de gobierno llamado “Plan Nacional de Innovación y Desarrollo”, el cual prioriza la tercerización de servicios con una fuerte participación del sector privado. Para el Icefi esto es preocupante porque se corre el riesgo de que se privaticen los servicios públicos sobretodo cuando se somete la viabilidad de un proyecto a las facultades de un ente privado.
