Créditos: Resistencia pacífica La Puya. Foto Prensa Comunitaria
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20 de diciembre de 2018

Las comunidades en resistencia de La Puya consideran que la demanda interpuesta por Kappes Cassiday & Associates (propietarios de la minera)  es una nueva medida para beneficiarse a costa del Estado.

Resistencia pacífica La Puya. Foto Prensa Comunitaria

La firma Kappes Cassiday & Associates interpuso una demanda de arbitraje en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi) el 11 de diciembre. Dicha firma estadounidense era la propietaria del proyecto minero Progreso VII que operó de forma anómala en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Este arbitraje exige que el Estado pague a la empresa la cifra de $300 millones, basándose en el tratado de libre comercio DR-CAFTA.

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Dirigentes de la Resistencia Pacífica La Puya demandan al Estado defender los intereses del pueblo ante la demanda de la empresa minera. Foto: David Toro.

Pobladores mestizos e indígenas de las comunidades que han conformado la resistencia pacífica de La Puya por casi siete años continuos,  siguen sufriendo los efectos de la actividad extractiva que la empresa realizó de forma irregular hasta mayo del 2016. Los dirigentes de la resistencia expusieron ante la prensa su rechazo a la demanda, pues consideran que la minera, aparte de haber irrespetado las resoluciones de las instancias guatemaltecas, ahora quieren apoderarse de una fuerte cantidad de dinero proveniente de las arcas del Estado.

Felicia Muralles, una de las mujeres que ha integrado la resistencia por casi 7 años. Foto: David Toro

Álvaro Sandoval, uno de los dirigentes de la resistencia, comentó para Prensa Comunitaria que el Estado debe tomar medidas ante esta demanda y defender los intereses del pueblo que ha sido criminalizado y dividido por la empresa norteamericana.

Video:
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¿Cuándo fue suspendida la licencia minera?

En el 2010 la resistencia de La Puya realizó las primera denuncia por la instalación de la mina “El Tambor” del proyecto Progreso VII. Fue hasta febrero del 2016 cuando  la Corte Suprema de Justicia decidió suspender la licencia minera del proyecto VII, bajo el argumento de que la empresa irrespetó el derecho de consulta de las comunidades.

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https://comunitariapress.wordpress.com/2016/02/22/la-puya-csj-resolvio-que-empresa-minera-debe-suspender-la-explotacion/

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