Por Baudilio Choc y Nelton Rivera
Los recientes bloqueos y manifestaciones en el municipio de El Estor se dan como una forma de presión de algunos vecinos, de distintas comunidades, para ser recontratados en la compañía de níquel o en la Municipalidad. Las autoridades instalaron una mesa de diálogo con algunas de las personas y luego no respetaron los acuerdos alcanzados. Dos meses después estos vecinos dan un plazo de 24 horas a la empresa minera y a la comuna para cumplirles o volverán a las manifestaciones.
Un grupo de vecinos de la comunidad Renacer realizaron una manifestación en El Estor el 17 de septiembre en demanda del cumplimiento de los acuerdos que alcanzaron en la localidad de Río Dulce, el 2 de julio. Exigen al alcalde municipal Joel Lorenzo Flores que cumpla con uno de los compromisos de darles trabajo.
Los vecinos responsabilizaron a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y a la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) de incumplir con los puestos de trabajo para los vecinos de la comunidad Renacer, luego de comprometerse con ellos, los gerentes no responden, según los comunitarios. Los vecinos agregan que en El Estor hay varias empresas pero que ninguna genera trabajo.
Uno de los pobladores, quien solicitó el anonimato, declaró que “no es la primera vez que nos han engañado, siempre nos han dicho aquí les vamos a cumplir con lo prometido, pero nada. Fuimos a un diálogo en Río Dulce, con todas las instituciones del gobierno, dijeron que nos iban resolver, incluso el alcalde municipal dijo que nos daría trabajo y que los contratos serian rotativos”. “No es justo que a nosotros los estoreños nos den contratos de tres meses, eso no es justo, no es justo que esta empresa nos venga a pisotear de esa manera”.
Para resolver el descontento social de varias comunidades en el municipio de El Estor, las nuevas autoridades municipales en el mes de julio realizaron una reunión a la que llamaron “mesa de diálogo”.
La convocatoria se giró el 1 de julio a cuatro meses de la pandemia, la reunión la realizaron en el hotel Nana Juana, en Río Dulce, a 44 kilómetros de distancia de El Estor. Fueron convocados funcionarios públicos de Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC), auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Trabajo, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), Ministerio de Energía y Minas, las comunidades Río Zarco, Doña Tomasa, Renacer, incluso se convocó a un coronel de la Brigada de Infantería de Marina de Puerto Barrios.
La mesa de diálogo con estas tres comunidades tuvo su origen por los constantes bloqueos de carreteras, incluso el alcalde municipal insistió en solicitar un estado de sitio que no tuvo eco en las autoridades de gobierno.
“Joel Lorenzo, alcalde de El Estor, Izabal, solicitó al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que dirige la Gobernación Departamental gestionar ante el Ejecutivo la instalación de un estado de Sitio para este municipio debido a que “grupos de vecinos causan zozobra en la población”.
“Estas acciones vandálicas afectan la economía del municipio, fomentan el desabasto en estos tiempos de coronavirus. El estado de Sitio limita garantías, pero tenemos confianza que dé una solución a la problemática”, afirmó Lorenzo a Prensa Libre el 15 de junio.
Mientras tanto el alcalde de El Estor participó en una reunión con el vicepresidente junto a otros alcaldes de la mancomunidad de Izabal.
