Memoria histórica

“No queremos venganza, solo queremos que nos digan dónde dejaron su cuerpo y llevar sus restos a un lugar donde podamos recordarlo, rogar por la paz de su alma y cerrar el duelo” Por Luis Ovalle El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso este martes al general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, quien se desempeñó como Comandante de la Zona Militar 302, de Chimaltenango y al Teniente Coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía

Por Prensa Comunitaria  El argumento común de los abogados de las partes querellantes de este jueves fue que los militares retirados acusados tenían funciones en el Estado y utilizaron recursos públicos para hacer que funcionara el circuito clandestino de desaparición forzada que implicaba controlar, neutralizar y eliminar a personas disidentes de los gobiernos militares por considerarlas enemigas internas del régimen.   Con esos puntos en común, cada uno de los cuatro abogados querellantes solicitaron al juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo,

Por Prensa Comunitaria El Ministerio Público pidió al juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, que el general Víctor Augusto Vásquez Echeverría y el teniente coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco, sean investigados por desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad, durante la audiencia de primera declaración, que dio inicio el pasado martes. A Vásquez Echeverría se le señala de participar en la desaparición forzada de cuatro personas y delitos contra los deberes de humanidad de 13, en tanto a Oliva

Por Prensa Comunitaria Después de tres meses de que inicio el caso del Diario Militar, el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió este viernes, que el martes 14 de septiembre, a las 9 de la mañana, los  militares retirados Gustavo Adolfo Oliva Blanco y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, acusados de pertenecer a una estructura que realizó detenciones ilegales y desaparición forzada de 183 opositores políticos entre 1983 y 1985, durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores, brindaran su primera declaración.