En el Congreso se está discutiendo el presupuesto general de la Nación para el año 2027 y organizaciones sociales, indígenas y campesinas solicitan a las y los diputados que se priorice la alimentación para las familias y el acceso a servicios de salud
Por Simón Antonio Ramón
El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto general de Q192 mil 045.1 millones, con un 13 por ciento más de diferencia del presupuesto de 2026, presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas el 2 de septiembre. En este presupuesto, se le solicitaron al Congreso Q2 mil 608.9 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y Q18 mil 615.5 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
El Instituto por la Democracia junto a la Coordinadora de Organizaciones y Cooperativas (CONGCOOP) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) demandaron al Congreso que se apruebe un presupuesto para el MAGA de Q3 mil 8.89 millones, en tanto que el Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos Nim ALAXIK pide que se le asigne un presupuesto de Q20 mil 148.73 millones al Ministerio de Salud.
La demanda de la ampliación del presupuesto para el MAGA, según Neydi Juracán, coordinadora nacional del CCDA, es para mitigar el hambre en las comunidades. “Un presupuesto para el impulso de la agroecología, para minimizar de alguna manera el impacto de la inseguridad alimentaria y para las mujeres rurales”, dijo.
Además, pidió la ampliación del presupuesto para Fondo de Tierras, para que las familias indígenas y campesinas tengan donde sembrar y cultivar alimentos, porque actualmente está institución tiene un presupuesto de Q165 millones, sin embargo, consideran que no es suficiente para la compra de tierras por lo que se solicita una ampliación de Q300 millones.
Juracán señaló que uno de los propósitos de la solicitud de ampliación presupuestaria responde a adoptar medidas para combatir los efectos de la sequía o las prolongadas sequías provocadas por el fenómeno el Niño en 2026. “Estamos viviendo una situación alimentaria compleja que ya empieza a percibirse, no solamente por la escasez sino por el aumento de los precios de la canasta básica vital y de la canasta básica ampliada”, aseguró.
“También se vincula a los impactos sufridos por la crisis climática qué se dan por el fenómeno de El Niño, por lo que se han enfrentado sequías prolongadas en los territorios, además, sumado a una ausencia estructural del Estado en el campo guatemalteco”, dijo Juracán.
Miriam Suyuc, analista de CONGCOOP, señaló que el presupuesto debe ser para garantías de acceso y no únicamente para la entrega de alimentos. “Hacemos un llamado para que la agricultura familiar campesina e indígena tenga prioridad dentro del presupuesto, no es posible que el presupuesto esté dirigido básicamente a la entrega de alimentos”, dijo.
Piden presupuesto para Salud
Por su parte el Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos Nim ALAXIK establece seis rubros en los que considera se debe aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud: Q10 millones para la creación de mecanismos de evaluación y participación ciudadana; Q353 millones para la construcción de al menos 110 establecimientos entre centros comunitarios, centros y puestos de salud, centros de maternidad y los Centros de Atención Permanente
También piden Q29 millones para vacunas para el virus de papiloma humano que a largo plazo pueden prever enfermedades terminales como el cáncer; Q65 millones para el programa de medicina tradicional y alternativa y a la unidad de atención de la salud de los pueblos indígenas e interculturalidad; Q40 millones para la descentralización de salud mental; y Q17 millones para el fortalecimiento de las direcciones de redes integradas al sistema de salud pública de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, porque son tres departamentos que reciben migrantes deportados.
Asimismo, solicitan Q553 millones para la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica; Q444 millones para la prevención de la mortalidad materna y neonatal; y Q20 millones para la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA.
Por su parte, Luis Armando, del Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos, criticó el traslado de fondos públicos a entidades privadas para dar servicios de salud. “Hay un programa de las obligaciones del Tesoro del Ministerio de Salud, este programa sirve para jalar recursos del Ministerio a las fundaciones y asociaciones que prestan servicios de salud en Guatemala, son mecanismos de privatización para quitarle recursos al Ministerio”, señaló.
Amado indicó que ese rubro es de Q340 millones y pretende ampliarse con otros Q75 millones, por lo que el foro demanda al Congreso que esta puede ser una fuente de financiamiento para ampliar el presupuesto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hasta el momento el presupuesto nacional aún se encuentra en la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso para su dictamen.
