El querellante apeló el fallo que cerró el proceso penal contra tres exfuncionarias del MP por la compra de un edificio en la zona 5, durante la gestión de Thelma Aldana. Se cuestiona la valoración de las pruebas realizada por el juez, mientras la defensa sostiene que la adquisición no fue sobrevalorada y que la resolución confirmó la ausencia de delito.
Por Prensa Comunitaria
El representante administrativo del Ministerio Público (MP) busca revertir la resolución que cerró el proceso penal contra Miriam Salazar Duarte de Lossi, Patricia Beatriz Guzmán Rivera y Diana Odette Benavides Lázaro, extrabajadoras del MP durante la gestión de Thelma Aldana. Perseguidas en uno de los primeros casos anunciados por Consuelo Porras contra la administración que la antecedió y que estaba relacionado con la compra de un edificio en la zona 5 de la capital.
El Juzgado Segundo Pluripersonal Penal ya admitió para su trámite la apelación presentada por Arturo Recinos Sosa, un funcionario del MP considerado afín a la administración de Porras y que acudió en representación del área administrativa de la institución, contra la resolución dictada el pasado 6 de octubre, en la que se declaró el cierre del proceso por el delito de fraude. Ahora, el expediente pasa a la Sala Tercera de Apelaciones para que conozca la impugnación y determine si mantiene o revoca el fallo que puso fin al proceso penal.
El Ministerio Público (MP) afirma que el juez realizó una valoración parcial de los elementos de prueba presentados en la acusación. Señala que el juzgador analizó declaraciones testimoniales y dos valuaciones, pero omitió referirse al dictamen de auditoría especial de la Contraloría General de Cuentas y al informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), documentos que, según el MP, eran relevantes para sustentar el caso.
El querellante también alega que el juez recibió documentación presentada por la defensa en una etapa que, según argumenta, no correspondía para aportar nuevas pruebas.
Además, sostiene que el juzgador se excedió en sus atribuciones al analizar los elementos de los delitos de fraude y lavado de dinero antes del juicio, cuando, a criterio del MP, correspondía que un tribunal de sentencia determinara si los hechos encuadraban en esas figuras penales después de diligenciar las pruebas admitidas. Esa decisión quedará en manos de una Sala con cuestionamientos por fallos que han criminalizado a operadores de justicia.
“Ellos quieren salvar su trabajo”
El abogado defensor Juan Francisco Solórzano Foppa, considera que la apelación podriá responder principalmente por la decisión del juez de ordenar una investigación contra exintegrantes de la FECI, por la presunta ocultación y eliminación de dictámenes financieros relacionados con la compra del inmueble. Según el abogado, uno de esos documentos, elaborado por el propio MP, establecía que el precio pagado por el edificio era inferior a los avalúos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y del Ministerio de Finanzas Públicas. Añadió que, pese a que se dio tiempo a la FECI para localizar y presentar ese dictamen, no lo hizo.
“Creo que de alguna forma ellos quieren salvar su trabajo y quieran decir que no están de acuerdo con esa resolución en la cual el juez arribó a la misma conclusión, a esa conclusión que yo les comento, que es que se pagó un precio inferior a los dos avalúos, tanto de la Contraloría como del Ministerio de Finanzas Públicas, lo cual es contrario al tesis que había mantenido el Ministerio Público durante todo ese tiempo, que habían indicado que había una sobrevaloración del costo…”, mencionó.
El abogado afirma que la resolución judicial confirmó tres argumentos de la defensa: que el edificio no fue adquirido a un precio sobrevalorado, que no hubo defraudación al Estado ni pruebas de que las funcionarias investigadas recibieran beneficios económicos personales, y que el procedimiento de compra cumplió con la Ley de Contrataciones del Estado.
También afirmó que durante el proceso se desvirtuaron señalamientos sobre supuestas irregularidades, como que la adquisición había permanecido disponible únicamente durante 20 minutos. Según él, estos elementos sustentaron la decisión judicial de cerrar el proceso para las tres extrabajadoras del MP.
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Resolución del juez
El pasado 6 de octubre, el juez Mario Hichos cerró el proceso contra las tres personas, al considerar que no había indicios suficientes para atribuirles responsabilidad penal en la compra de un edificio en la zona 5 capitalina, señalada de haberse realizado de forma sobrevalorada.
“Las exfuncionarias del Ministerio Público hoy aquí presentes no cometieron alguna falta, pero evidentemente sí hay indicios de la comisión de un delito de fraude, que pudo cometer otra persona», señaló Hichos en reiteradas ocasiones”, indicó Hichos.
En relación con William Balz Gallardo, el juez cerró el proceso por asociación ilícita, ordenó el cierre provisional por defraudación tributaria y dio al Ministerio Público seis meses para ampliar la investigación. Además, cambió el delito de lavado de dinero por testaferrato y lo envió a juicio por este último. Balz Gallardo solicitó acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos.
En el caso de Teresa Estrada Leyton, señalada de actuar como intermediaria entre el MP y una empresa para concretar la venta del edificio, el juez resolvió enviarla a juicio por el delito de lavado de dinero u otros activos. Tras conocer la decisión, su defensa solicitó que se acoja al procedimiento especial de aceptación de cargos, cuya audiencia fue programada para el 9 de noviembre.
Criminalización
La compra del edificio Gerencial de La Asunción se autorizó en 2017, durante la administración de Thelma Aldana, quien también sostiene que ha sido criminalizada por este caso. La adquisición se concretó por Q35 millones, bajo el argumento de que el MP carecía de suficientes inmuebles propios para albergar sus dependencias, lo que, según la requisición de compra, limitaba el crecimiento institucional.
El inmueble contaba con un avalúo de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas (Minfin), que fijó su valor en Q35.1 millones (Q35,100,029). Debido al caso, el edificio no se ha utilizado y se ha señalado un deterioro.
Este fue el segundo caso que se dirigió contra Aldana, que la obligó desde entonces a estar fuera del país.
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