La jefa del Ministerio de Comunicaciones, Norma Zea, aprobó asignaciones de cientos de millones de quetzales para una empresa señalada de estar involucrada en un desfalco estatal. La decisión contraviene los principios anticorrupción del presidente Bernardo Arévalo.
Por Cristian García
El Ministerio de Comunicaciones ha sido señalado, constantemente, por malos manejos de los fondos públicos. La titular de la institución, Norma Zea, no ha cambiado las prácticas que en otros años se han cuestionado y este año contrató a una empresa señalada.
La funcionaria le asignó Q173.45 millones con la compañía Proyectos Generales y Construcciones, la cual estuvo involucrada en un desfalco revelado por Prensa Comunitaria y que fue ejecutado por medio de la sobrevaloración sistemática de obras de infraestructura.
La investigación se divulgó en noviembre del año pasado y los hallazgos le fueron comunicados a la entidad, con el fin de conocer si revisarían las irregularidades y si planeaba presentar una denuncia por la extracción irregular de los fondos.
Aunque el ministerio explicó que las consultas fueron trasladadas al equipo legal de la funcionaria, hasta la fecha no ha habido respuesta. En cambio, Zea optó por confirmar las adjudicaciones y ejecutar los proyectos.
En su momento, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a la Jazmín de la Vega porque había autorizado pagos a constructoras con señalamientos. La postura no ha sido la misma para la actual directora de la cartera.
Uno de los proyectos que ella autorizó es para reparar tres carreteras del departamento de Guatemala. Por los trabajos, que tienen una extensión conjunta de 22.70 kilómetros, la institución acordó pagarle Q100.58 millones a Proyectos Generales y Construcciones.
El acuerdo fue firmado el 6 de marzo pasado. Las labores están en ejecución y los fondos están siendo desembolsados de Covial. Tres meses después, la jefa ministerial aprobó que se le otorgaran otros Q72.87 millones a la constructora.
Este segundo convenio es para mejorar la carretera que conecta San Cristóbal Cucho y San Rafael Guativil en San Marcos. La longitud de la ruta es de 5.81 kilómetros, según los documentos de la licitación y serán pagados por Caminos.
Por último, Zea se encuentra analizando si le otorgará una obra más a la empresa mencionada. Sería el contrato más grande que se hayan suscrito ambas entidades, ya que el pago alcanzaría los Q459.99 millones.
En un primer filtro, el ministerio consideró que esa era la mejor oferta para agregarle un tercer carril al tramo que une Santa Cruz Muluá en Retalhuleu y Zunil en Quetzaltenango. La extensión de la carretera es de 35 kilómetros y atraviesa los parques recreativos del Irtra.
Está pendiente que la funcionaria le dé el visto bueno para proceder a la firma del acuerdo y, posteriormente, empezar la construcción de la vía, misma que busca mejorar la “productividad y los intercambios entre centros poblados”.
Antecedentes
El representante de Proyectos Generales y Construcciones es Juan Pablo Monzón Woc, quien trabajó para Juan Pablo Mansilla Morales, el dueño de Coamco —otra constructora señalada de actos de corrupción—.
La compañía de Monzón Woc ha sido contratista del Estado desde hace una década. Su mejor año fue en 2022, cuando las adjudicaciones a su favor alcanzaron los Q260.77 millones.
