Por Juan José Hurtado Paz y Paz
Quisiéramos que el miedo fuera algo del pasado. Lamentablemente no lo es. Hay una continuidad histórica que todavía nos penetra y nos frena, tanto individual como colectivamente.
Vivimos en un país inseguro. La violencia, la extorsión, el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de personas. Pero Guatemala tiene algo más: hay quienes deliberadamente siembran terror y utilizan el miedo como una forma de dominación.
El miedo tiene una característica particular: no necesita estar presente todo el tiempo para producir efectos. Basta saber que puede ocurrir algo. Basta con saber que en determinado lugar pueden asaltar, extorsionar o matar; que determinada persona puede estar vinculada con estructuras criminales; que alguien que “habla demasiado” puede meterse en problemas; que denunciar puede traer consecuencias. Poco a poco dejamos de confiar, de salir, de hablar, de preguntar y de participar. El miedo comienza a gobernar nuestras vidas.
Guatemala no parte de cero. La represión contrainsurgente dejó profundas heridas y una cultura en la que durante mucho tiempo hablar podía ser peligroso. Pero sería un error pensar que el miedo es únicamente una herencia del pasado. La violencia se transforma y encuentra nuevas maneras de imponerse.
En Huehuetenango lo vemos. Hay comunidades que se dice son controladas por el crimen organizado. Efectivamente existe presencia de esas estructuras en algunos territorios y en todo el país, pero eso no significa que todas las personas que viven allí formen parte de ellas. Sin embargo, quienes permanecen en esas comunidades aprenden a callar. Hay cosas que saben y sobre las cuales es mejor no hablar. Como en los peores años de las dictaduras, se cuida lo que se dice porque “las paredes tienen oídos”. Después de cierta hora, muchas personas prefieren no salir para no arriesgarse.
Los vecinos saben que jóvenes han desaparecido. No se sabe qué ocurrió con ellos. ¿Fueron víctimas de un delito? ¿Fueron secuestrados? ¿Fueron reclutados a la fuerza? ¿Decidieron irse? Pero eso mejor no se pregunta.
Entonces el miedo produce una doble injusticia: somete a quienes viven bajo el poder de las estructuras criminales y, al mismo tiempo, hace que desde fuera miremos comunidades enteras con desconfianza y sospecha.
Pero el miedo no lo produce solamente el crimen organizado. También lo produce un Estado al servicio de grupos poderosos que utiliza perversamente el aparato de justicia. La represión en Guatemala continúa, aunque adopte formas distintas de las que conocimos durante la guerra interna. Hoy puede aparecer detrás de una orden de captura, de un proceso penal espurio, de la prisión preventiva utilizada como castigo anticipado o de la manipulación de las leyes para perseguir a quienes incomodan al poder. La CIDH ha documentado el uso indebido del sistema penal y la manipulación del poder punitivo del Estado para perseguir, intimidar y castigar a autoridades indígenas, periodistas, personas defensoras, operadores de justicia, estudiantes, dirigentes sociales y otros actores.
Esto también genera miedo. No hace falta que una persona sea condenada. Basta con que vea lo que le ocurrió a otra para entender el mensaje de “mejor no te metas”. La amenaza funciona. El efecto es que la gente se autocensura, abandona una denuncia, deja una organización, se exilia o renuncia a participar.
El miedo también se proyecta en la política. Hace poco conversaba en Huehuetenango sobre un grupo que en algún momento pensó promover una candidatura para una alcaldía municipal. El grupo ya no existe. Se dispersó. Y varias personas descartaron participar porque consideraban demasiado riesgoso intentar mantener independencia en un territorio donde el narcotráfico tiene poder.
Eso debería preocuparnos profundamente. Cuando una persona o un grupo deja de participar en política por miedo, ya no estamos únicamente ante un problema de seguridad. Estamos ante un problema democrático. Los poderosos tradicionales y el crimen organizado no necesita necesariamente ganar una elección para ejercer poder político. Puede bastarle con conseguir que determinadas personas no participen, que otras se retiren y que otras prefieran no contradecirlo.
Y hay otra dimensión que no podemos ignorar: los medios de comunicación y las redes sociales también pueden convertirse en instrumentos para producir y amplificar miedo. Así como hay medios desde los cuales se dice la verdad y se denuncia, hay medios que amplifican permanentemente la violencia, presentan territorios enteros como lugares peligrosos, asocian comunidades y jóvenes con la delincuencia y convierten el miedo en una percepción permanente de la realidad.
La violencia también ha sido utilizada con fines políticos. Muchas veces se utiliza como parte de las campañas políticas. Aumentan acciones violentas y se genera, se explota o se amplifica un clima de temor y luego se presenta la “mano dura” como la única respuesta posible. Guatemala conoce esa fórmula: cometer actos reales de violencia, exagerar la amenaza, provocar miedo y después ofrecer más represión como solución. Análisis sobre la política de seguridad en el país han señalado precisamente el vínculo entre el miedo, la securitización y las propuestas de mano dura.
Por eso no basta con decirle a la gente que pierda el miedo. No es un problema individual. Nadie tiene derecho a exigir temeridad a una persona que está poniendo en riesgo su vida o la de su familia. Pero cuando esos silencios se multiplican, el miedo deja de ser solamente una reacción individual y se convierte en un fenómeno social.
Necesitamos un Estado que garantice seguridad y justicia. Investigar, prevenir, proteger y sancionar es su responsabilidad. No corresponde a las comunidades enfrentar por sí mismas al crimen organizado ni tampoco defenderse solas de la persecución y el abuso del poder.
Pero también necesitamos recuperar la confianza entre las personas, las comunidades, las organizaciones sociales y los medios responsables. Necesitamos reconstruir las redes de solidaridad. Una persona aislada es mucho más vulnerable que una comunidad organizada.
Eso no significa exponer irresponsablemente a nadie. Significa acompañarnos, protegernos, escucharnos y actuar colectivamente. Significa no abandonar a quienes se atreven a denunciar, a defender derechos o a participar en política.
Una democracia necesita que las personas puedan ejercer sus derechos sin pagar con su seguridad, su libertad o su vida. No podemos aceptar comunidades condenadas al silencio. No podemos aceptar que una persona tenga que escoger entre denunciar un delito o proteger a su familia. No podemos aceptar que alguien renuncie a participar en política porque hacerlo con independencia puede costarle la vida.
Tampoco podemos aceptar que las leyes sean manipuladas para infundir miedo, que algunos medios amplifiquen deliberadamente ese miedo o que la violencia sea utilizada para preparar el terreno de gobiernos de mano dura.
Si esto ocurre, quienes producen miedo ganan.
Que no nos gobiernen y nos dominen a través del miedo.
