A cuatro meses de asumir como fiscal general, Gabriel García Luna ha marcado distancia con la gestión de Consuelo Porras, mediante destituciones de actores que fueron cercanos a ella y el freno de algunos procesos de criminalización. En sus primeras 16 semanas también abrió investigaciones contra funcionarios del anterior MP, allanó la USAC y retomó la cooperación con Estados Unidos.
Por Alexander Valdéz
Hace cuatro meses se acabaron los ocho años de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP), marcada por investigaciones contra voces críticas, periodistas, estudiantes, operadores de justicia y otros actores que denunciaron o investigaron casos de corrupción e impunidad. Su salida abrió expectativas sobre la recuperación de una institución cuestionada por la criminalización y la caída de los casos de corrupción. Este viernes, García Luna presentará su informe tras cuatro meses de asumir.
El informe lo presentará en la misma semana en la que anunció la destitución de Leonor Morales, una fiscal del círculo cercano de Consuelo Porras, y quien secuestró las actas electorales; y mientras recibe el espaldarazo de Estados Unidos con la visita de nueves fiscales que anuncian un plan conjunto de 17 meses contra los narcos y sus estructuras, entre ellos políticos.
Además, su presentación de avances se realizará a una semana del allanamiento en la USAC tras las denuncias de estudiantes por la desaparición de sus registros universitarios tras haber protestado contra la fraudulenta reelección de Walter Mazariegos en la rectoría.
¿Pero qué ha pasado? Con la llegada de Gabriel García Luna, el MP ha comenzado a mostrar señales de distanciamiento respecto de esa etapa. En estos primeros cuatro meses, el nuevo fiscal general ha removido a fiscales y funcionarios que eran del círculo de Porras, mientras otros decidieron irse.
Esa transición también se ha reflejado en casos que durante la gestión anterior fueron utilizados para someter a proceso a líderes indígenas y periodistas. Por ejemplo, el MP desistió de continuar con la persecución penal contra integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas de Sololá, quienes fueron criminalizados tras las movilizaciones en defensa de los resultados electorales de 2023.
García Luna también renunció a mantener en prisión a Jose Rubén Zamora, fundador del extinto diario elPeriódico, y a mantener abierto el caso contra periodistas y columnistas de ese medio. Otro de los movimientos de estos primeros cuatro meses ha sido el acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos.
El MP ha retomado la coordinación con autoridades estadounidenses y recientemente recibió a fiscales de ese país para trabajar en investigaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y narcopolítica.
Foto de Gabriel García Luna
- Destituciones
En los primeros días, García Luna comenzó los movimientos dentro del MP que marcaron distancia con Consuelo Porras. Uno de los primeros signos fue la salida de un buen número de funcionarios que ocuparon posiciones relevantes o tuvieron alta influencia durante los ocho años anteriores.
Entre los funcionarios apartados de la institución se encuentran Rafael Curruchiche, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI); Cinthia Monterroso, una de las fiscales que participó en varios de los procesos contra operadores de justicia y periodistas; Leonor Morales y Saúl Sánchez. A ellos se suma otro grupo de fiscales, auxiliares fiscales y personal administrativo que ha sido removido o ha dejado de formar parte de la estructura del MP.
Morales fue la agente fiscal que allanó la sede del TSE; pidió anular los resultados electorales del 2023. Además, hizo un allanamiento en plena elección de representantes del CANG ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Mientras que, Sánchez fue el fiscal que inició el caso y llevó a prisión a estudiantes de la USAC que se opusieron a la imposición de Walter Mazariegos como rector, en el primer fraude.
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- El cese a la criminalización
Aunque todavía permanecen abiertos expedientes y procesos penales contra operadores de justicia, periodistas, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y líderes indígenas, durante estos primeros meses también se han registrado decisiones que marcan una diferencia respecto de la gestión anterior.
Uno de los avances más significativos fue la decisión del MP de no continuar con la persecución penal que llevó a prisión a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán del 2023, así como contra otras autoridades indígenas de la Alcaldía Indígena de Sololá. Los procesos se originaron después de las movilizaciones de 2023 en defensa de los resultados electorales.
En el caso del periodista Zamora. El fiscal general desistió ante la Corte de Constitucionalidad (CC) de un recurso legal que buscaba revertir las decisiones que permitieron que el fundador de elPeriódico permaneciera en libertad. Aunque los procesos en su contra continúan abiertos y sigue sujeto a restricciones judiciales, Zamora puede enfrentar las acusaciones en libertad.
Algo similar ocurrió con los periodistas y columnistas del extinto diario elPeriódico. El MP desistió del intento de Rafael Curruchiche para reabrir ese proceso penal y llevar nuevamente ante los tribunales a los comunicadores. Eso permitió que el expediente fuera desestimado en definitiva.
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- Acciones contra criminalizadores
García Luna también abrió investigaciones contra algunos de los funcionarios que ocuparon posiciones relevantes durante la administración de Consuelo Porras. Uno de los principales casos es el de Rafael Curruchiche, exjefe de la FECI. El MP solicitó una orden de captura y diligencias de allanamiento en su contra, pero la jueza de Diligencias Urgentes María Benilda Sandoval rechazó la aprehensión. Posteriormente, el expediente pasó al juez Fredy Orellana, quien dejó sin efecto la citación a primera declaración y las autorizaciones para los allanamientos.
La respuesta del MP no terminó con esa decisión judicial. La Fiscalía de Asuntos Internos solicitó apartar a Orellana del proceso contra Curruchiche, después de que el juez dejara sin efecto las diligencias que habían sido autorizadas inicialmente. A esto se suma otra acción contra el juez Fredy Orellana, solicitó retirar su inmunidad por una investigación relacionada con presuntos hechos de corrupción vinculados con la intervención judicial de un inmueble. Orellana es, además, uno de los jueces sancionados internacionalmente por su actuación después de las elecciones de 2023.
Otro de los casos es el de Saúl Sánchez, exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, quien dirigió la investigación penal contra estudiantes, docentes y profesionales de la USAC que se opusieron a la elección de Walter Mazariegos como rector. El MP también solicitó una orden de captura en su contra, pero la jueza Sandoval rechazó la petición. A diferencia de Curruchiche, sin embargo, el proceso contra Sánchez continúa: fue citado a una audiencia de primera declaración ante un juzgado de Antigua Guatemala.
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5. Allanamiento USAC
La semana pasada, la Fiscalía contra la Corrupción ejecutó un operativo dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) con el objetivo de obtener información informática de los sistemas de esa casa de estudios. La diligencia se realizó a partir de denuncias presentadas por estudiantes que señalaron que sus matrículas habían sido borradas de los sistemas. Los afectados fueron estudiantes que manifestaron su rechazo al segundo fraude que llevó a Mazariegos a mantenerse al frente de la USAC.
El operativo llamó la atención porque durante la gestión de Consuelo Porras. Desde 2022, cuando se concretó el primer fraude en la elección de rector, las denuncias presentadas por estudiantes y profesionales fueron ignoradas por esa institución. En lugar de investigar los señalamientos, el MP abrió procesos contra algunos de quienes participaron en las protestas y acciones de rechazo al fraude.
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- Estados Unidos retoma trabajo con el MP
Otra acción ha sido el retomar la relación del MP con Estados Unidos, que se había suspendido durante el periodo de Consuelo Porras. En junio, el fiscal general viajó a Washington junto con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia. El presidente Bernardo Arévalo aseguró entonces que se trataba de una relación con Estados Unidos al “más alto nivel” y señaló que, durante la gestión anterior, la relación había estado paralizada desde 2021.
Desde entonces, García Luna ha mantenido encuentros con autoridades estadounidenses como parte de la reactivación de la cooperación en materia de justicia y seguridad. El acercamiento se concretó nuevamente esta semana con la llegada a Guatemala de una delegación de fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, quienes se reunieron con el fiscal general, el ministro de Gobernación y otras autoridades.
La visita abrió un nuevo frente de cooperación contra el narcotráfico y las estructuras políticas que puedan brindar protección a esas organizaciones. Los fiscales estadounidenses anunciaron que trabajarán durante 17 meses con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, con énfasis en las redes financieras del crimen organizado y en quienes les faciliten protección, incluidos los llamados “narcopolíticos”.
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Debe detener la criminalización
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, considera que el fiscal general ha avanzado en la depuración del MP, una tarea que considera necesaria debido a que la institución estaba totalmente cooptada para fines de criminalización e impunidad. Señaló que, aunque el ritmo puede resultar lento frente a las expectativas sociales, es importante que el proceso continúe para que la ciudadanía perciba que la institución está siendo saneada.
Marroquín consideró que una siguiente fase debe enfocarse en detener los procesos de criminalización contra exjueces, fiscales y otros operadores de justicia que, según señaló, continúan acusados por delitos que fueron fabricados y permanecen fuera de Guatemala. A esto, agregó, debe seguir una etapa de reconstrucción institucional que permita recuperar las capacidades para perseguir delitos de alto impacto.
“Para las expectativas sociales, pues tal vez se puede ver que va muy lento en esa depuración, pero siempre y cuando no se detenga en esa depuración, yo creo que la gente va a entender o va a percibir el mensaje de que la institución está siendo limpiada. Y eso es importante porque la fase que sigue tendría que ver también con cómo desistir de la criminalización. Hay muchos exjueces, fiscales que siguen siendo acusados de delitos fabricados y esa gente está esperando que haga justicia para ellos”, añadió.
Sobre los primeros cuatro meses de la gestión de García Luna, destacó como uno de los principales cambios el inicio de la depuración y la salida de funcionarios que, a su juicio, fueron piezas clave del esquema que operó durante la administración de Porras. Sin embargo, señaló que todavía está pendiente establecer responsabilidades por las actuaciones cometidas desde esos cargos.
En cuanto al acercamiento con Estados Unidos, Marroquín consideró que la recuperación de esa relación es importante debido a que el MP perdió capacidades para perseguir al crimen organizado y necesita apoyarse en aliados internacionales.
