Fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos apoyarán a las autoridades guatemaltecas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los funcionarios judiciales estadounidenses señalaron que perseguirán las redes financieras, sus aliados y a los “políticos narcos” que les brindan protección.
Por Alexander Valdéz
Una delegación de fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos llegó a Guatemala para trabajar durante los próximos 17 meses con el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación en investigaciones contra organizaciones de crimen organizado. El anuncio oficial se hizo en un hotel de Vista Hermosa, zona 15 y allí se reunieron funcionarios del Departamento de Justicia, junto con representantes de la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.
Previamente, la delegación sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro Marco Antonio Villeda. El objetivo, según anunció la embajada americana, es apoyar la capacidad investigativa y los procesos judiciales en nuestro país, así como fortalecer la preparación de casos penales que puedan ser juzgados en tribunales estadounidenses; procesos de extradición.
Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, señaló que los fiscales trabajarán con el MP para perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo “narcopolíticos”. Añadió que el mensaje es que “no hay refugio para quienes lucran con el narcotráfico”, sin importar el cargo que ocupen.
Brian Skaret, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó que los fiscales buscan fortalecer la coordinación para obtener evidencia, perseguir fugitivos, avanzar en extradiciones y llevar a los responsables ante la justicia sin importar dónde operen.
Recordó que las organizaciones criminales aprovechan las fronteras para desarrollar sus actividades, mientras que las autoridades deben utilizarlas para cooperar. “Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miramos más allá de esas mismas fronteras y vemos socios en esta lucha”, afirmó.
Según el fiscal Ryan Raybould, se debe poner atención a las estructuras financieras del crimen organizado y señaló que la persecución no debe limitarse a quienes transportan drogas. “El dinero es la sangre de vida de un crimen organizado”, agregó, al explicar que los recursos financian drogas, armas, corrupción y la expansión de las redes criminales. En ese sentido, advirtió que las investigaciones buscarán seguir los recursos y alcanzar a quienes controlan las estructuras financieras, incluidos “los políticos narcos que lo apoyan”.
Otro de los fiscales, Jay Combs, sostuvo que los narcoterroristas suelen ser protegidos por políticos corruptos que les permiten operar con impunidad y afirmó que la cooperación con Guatemala busca perseguir esas estructuras.
La delegación incluyó a fiscales del Distrito Sur de California, el Distrito de Arizona, el Distrito de Nuevo México, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Texas, el Distrito Este de Texas, el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York, así como a altos líderes de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, representados por el fiscal general adjunto interino, Brian Skaret, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, y funcionarios de la DEA, el FBI y HSI.
“Es una advertencia”
El exministro de Gobernación Julio Rivera Clavería aseguró que es la primera vez que llegan directamente al país fiscales estadounidenses, “es la primera vez que viene esa cantidad de fiscales (…) es también una advertencia para todos aquellos que forman parte de la criminalidad”. Afirmó que su aporte puede ser importante para combatir el crimen organizado, que, según explicó, no se limita al narcotráfico o la narcopolítica, sino que también incluye delitos como la trata de personas.
“Ellos también están en relación directa con la gente de la DEA, con la gente de la CIA, con la gente del FBI, y es mucho más fácil conseguir los apoyos en materia de investigación criminal y a la vez en tecnología. Por lo tanto, va a ser un poco más fácil el poder ir detrás de todas estas estructuras criminales con el apoyo y la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica”, expresó.
El exfuncionario de gobernación añadió que uno de los principales aportes será el acceso a información sobre estructuras del narcotráfico obtenida a partir de investigaciones y procesos judiciales en Estados Unidos, incluidos los testimonios de narcotraficantes extraditados desde Guatemala. Añadió que esa cooperación puede complementarse con tecnología y con el trabajo de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y la CIA.
Elecciones 2027
La llegada de un grupo de fiscales de EE.UU. para trabajar con autoridades guatemaltecas adquiere importancia porque se da en el marco de un momento electoral en el país. En 2027, Guatemala atravesará elecciones generales, en el cual participan distintos grupos políticos que han sido señalados o vinculados con el narcotráfico. De hecho, en los últimos años hubo desde alcaldes, presidenciables hasta diputados acusados por la justicia estadounidense.
Por su lado, el fiscal general Gabriel García Luna, vinculó el combate contra la narcopolítica con las elecciones generales de 2027 y señaló que será necesario fortalecer las investigaciones financieras, patrimoniales y el intercambio de información para identificar posibles vínculos entre estructuras criminales, recursos ilícitos y actividades políticas o electorales.
García Luna enfatizó que esas investigaciones deben realizarse de manera técnica y objetiva y que el MP no debe intervenir en la competencia política, sino investigar hechos que puedan constituir delitos.
Este fue su discurso:
Antecedentes de la narcopolítica
Uno de los primeros casos más sonados en nuestro país fue el de Arnoldo Vargas Estrada, exalcalde de Zacapa, quien fue electo por la UCN y capturado en 1990, antes de asumir un nuevo período. Fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena de 30 años por dirigir una organización dedicada al tráfico de drogas. Tras regresar a Guatemala en 2017, intentó volver a la política, pero no consiguió participar en las elecciones; murió en octubre de 2025.
Otros casos han sido Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós por la UNE, fue extraditado y condenado en EE. UU. a 10 años de prisión; Esvin Marroquín Tupas, exalcalde de Cuilapa que buscó reelegirse con VAMOS, fue extraditado y se declaró culpable de narcotráfico. Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, fue extraditado en 2025 y se declaró culpable en 2026, mientras que Crysthian Omar Escobar Ángel, exalcalde de El Rodeo por CREO, recibió una condena de 27 años de prisión en Estados Unidos.
Además, Roderico Eleazar Ramos Aguilar, alcalde de El Rodeo, y Exadillas Dionel Ramos Aguilar, alcalde de Esquipulas Palo Gordo, ambos en San Marcos, fueron señalados por autoridades estadounidenses de integrar una estructura dedicada al tráfico de cocaína.
Entre los diputados del Congreso de la República, el caso más reciente es el del exdiputado José Ubico, electo por Todos, quien fue procesado y condenado dos veces en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína. Pero no han sido los únicos políticos, también han recibido condenas el expresidente Alfonso Portillo, los excandidatos presidenciales Manuel Baldizón y Mario Estrada, así como Acisclo Valladares, exministro durante el gobierno de Jimmy Morales.
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