Organizaciones ambientalistas centroamericanas cuestionan políticas y concesiones mineras en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y advierten sobre posibles impactos negativos en el agua, la salud y los territorios. Autoritarismos como los de El Salvador y Nicaragua, junto a gobiernos como los de Guatemala y Honduras que están alineados a los Estados Unidos están expandiendo el extractivismo en la región.
Por Prensa Comunitaria
Los autoritarismos y gobiernos en Centroamérica han agudizado la expansión del modelo extractivista en la región, advirtieron la semana pasada personas defensoras del medioambiente durante el cuarto aniversario de la consulta municipal sobre minería en Asunción Mita, Jutiapa, al oriente de Guatemala.
Julio González, vocero del Colectivo Madre Selva, explicó que, a su juicio, las empresas extractivistas necesitan operar en países con leyes y sistemas jurídicos débiles, donde el gobierno tenga el control sobre los tres poderes del Estado.
“Necesitan el control total, necesitan controlar el sistema legislativo, los congresos, el poder ejecutivo, a los que hacen ejercer las leyes, y también necesitan el espacio de protección legal”, manifestó.
El ambientalista señaló que en Guatemala existe presencia de la industria minera desde el año 2000, pero sostuvo que la actividad extractiva se ha intensificado debido a movimientos geopolíticos internacionales y las disputas económicas surgidas después de la pandemia de covid-19.
Como ejemplo, mencionó que, a inicios de este año, la minera canadiense Aura Minerals Inc. informó que recibió la licencia de construcción para operar el proyecto minero anteriormente conocido como Cerro Blanco, un proyecto que afecta a Guatemala, El Salvador y Honduras.
La empresa ha asegurado que utilizará un método de explotación subterránea. Sin embargo, personas defensores del medio ambiente han advertido sobre una posible contaminación del río Ostúa, que desemboca en el lago de Güija, uno de los principales afluentes del río Lempa, del cual se abastecen de agua más de tres millones de salvadoreños.
El proyecto Era Dorada cuenta con la licencia de construcción a partir de enero de este año. Foto/ Prensa Comunitaria
Influencia estadounidense
Por otra parte, González, señaló que, el poder de las empresas mineras en la región está respaldado por la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos.
“Yo creo que ahí sí hay una cuestión que va más allá de la injerencia, es el control, amparado con el plan de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, la doctrina Monroe, que declara pues abiertamente que América es para ellos”, declaró.
La doctrina Monroe es una política exterior estadounidense enunciada en 1823 que advertía a las potencias europeas contra nuevas intervenciones y procesos de colonización en el continente americano.
“Bajo esta premisa, se busca asegurar el control de los yacimientos de minerales críticos en el continente, los cuales van más allá del oro y la plata, siendo vitales para la tecnología industrial y militar”, manifestó el ambientalista.
González también señaló una supuesta imposición de candidatos presidenciales por intereses económicos en la región. Como ejemplo, citó el caso de Honduras y afirmó que, durante la elección de Nasry Asfura, se habría utilizado la amenaza de deportar a todos los hondureños para influir en el voto.
“Una vez en el poder, la primera acción fue abrir más espacio a la minería”, aseguró el ambientalista.
En junio, Honduras promulgó la Ley Agroindustrial para la protección de emprendimientos agrícolas, mineros y turísticos, dar seguridad jurídica a la propiedad privada y combatir la usurpación.
Además ordena al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar de forma inmediata ante cualquier acción que afecte al sector.
Políticas y leyes a la medida
Nelly Silva, integrante de la organización Mujeres Ambientalista Transfronterizas, expuso que, en los países con regímenes autoritarios, se están instaurando políticas para favorecer a grandes empresas.
Silva mencionó como un retroceso el caso de El Salvador, donde en diciembre de 2024 se aprobó una ley que permite la explotación minera, después que la Asamblea Legislativa, dominado por el oficialismo, derogara la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde el 29 de marzo de 2017.
En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería de metales. Con la nueva legislación, el Estado salvadoreño quedó habilitado legalmente como único responsable para explorar, extraer y procesar minerales en el territorio nacional.
La aprobación de la ley coincidió con el proceso penal contra cinco ambientalista y exguerrilleros, quienes fueron acusados del asesinato de una mujer cometido durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992) Al final del proceso judicial, los acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
Asimismo Silva mencionó a Nicaragua y sostuvo que, aunque el gobierno de ese país “no está alineado”, se trata de un régimen represivo que tiene “endeudado todo su territorio con la minería”.
Según la Fundación Land Portal, entre el año 2023 y el 2025 el gobierno de Nicaragua entregó más de 800 mil hectáreas de tierra, equivalentes al 6.4% del territorio nacional, mediante 56 concesiones mineras otorgadas a 11 empresas con capital chino.
Esa entidad sostiene que las concesiones han carecido de transparencia y estudios de impactos sociales y ambientales, y que afectan directamente a los pueblos indígenas y afrodescendientes, reservas naturales y áreas legalmente protegidas.
La fundación también señala que los habitantes de las comunidades afectadas no fueron consultados lo que, según su análisis, afecta el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios ancestrales.
Mujeres las más afectadas
Las personas defensoras del medioambiente también reiteraron su preocupación por los posibles impactos de las operaciones extractivas en la salud y el acceso al agua de las comunidades cercanas a los proyectos mineros.
Leslie Monroy, integrante de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, explicó que desde 2012 se ha documentado una reducción en los caudales de afluentes clave, como el río Güija y otros cuerpos de agua de Jutiapa. También señaló que se ha registrado mortandad de peces y un deterioro progresivo en la calidad del agua.
Monroy sostuvo que la actividad minera altera el ciclo hidrológico, la estabilidad del suelo, la calidad del aire y la producción agrícola.
Además, señaló que la actividad extractiva puede agravar los efectos de la crisis climática y de fenómenos como El Niño, a lo que se suma, la tala desmedida de bosques alrededor de los proyectos.
En ese mismo sentido, Silva agregó que otros impactos asociados al modelo extractivista son el desplazamiento de comunidades y la detención de personas opositoras. Como ejemplo, citó el caso de la mina San Andrés, en Honduras, operada por la empresa Minosa.
Por otra parte, Monroy expuso los posibles efectos en la salud de las personas que viven cercanas a los proyectos mineros, aunque aclaró que no cuentan con pruebas científicas para sustentar algunas de sus afirmaciones.
“Estos proyectos amenazan la vida de estas 4.5 millones de personas de la región. Tomando en cuenta que ya tenemos afectaciones sobre todo en el tema de la salud, de las emociones y en el desarrollo hormonal de niñas y niños”, dijo.
En el caso de las mujeres, manifestó que la contaminación del aire y el agua afecta los órganos y sistemas relacionados con la salud hormonal y reproductiva.
“El consumo de químicos, sea ingesta aérea o por líquidos, van directamente a los órganos blandos del cuerpo que están en nuestro sistema reproductor” dijo.
Según Monroy, esto puede afectar la actividad reproductiva y el desarrollo hormonal de niños, niñas, así como el desarrollo fetal durante el embarazo.
Silva concluyó que, el modelo extractivista profundiza la precariedad de las mujeres mediante la imposición de múltiples jornadas laborales, debido a que éstas asumen tareas de agricultura, cuidado de la salud de los trabajadores y protección ambiental, ante la ausencia de los hombres que laboran en las minas.
