Presupuesto 2027:  en medio de señalamientos de opacidad, época preelectoral y poca capacidad de ejecución 

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Créditos: Estuardo de Paz

El Ejecutivo vuelve al Legislativo con su agenda de proyectos prioritarios y un techo de gasto mayor a Q192 millardos. Los Codede y las elecciones son los incentivos para aprobar el próximo presupuesto. 

Lorena Álvarez

El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2027 entregado por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos al Congreso de la República, llega en un momento de críticas por los cambios en el portal de Guatecompras, que recuerda el “apagón de transparencia” que ocurrió finales de 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, pero esta vez generado por modificaciones realizadas por el Minfin en el acceso a la información dentro del portal.

La propuesta de Presupuesto se registró con la iniciativa 6847 para su trámite en el Legislativo, deberá ser aprobada o improbada antes del 30 de noviembre, previo a ello la Comisión de Finanzas emitirá su dictamen, con la probabilidad de que se modifiquen algunas asignaciones.

Del techo de gasto por más de Q192 millardos: 

  • Se destinarán Q128 mil 866.7 millones a gastos de funcionamiento, de los cuales Q44 mil 969.2 millones se utilizarán para remunerar a los empleados estatales 
  • Q34 mil 554.5 millones de gastos en bienes y servicios
  • Q24 mil 601.1 millones se utilizarán para el pago del servicio de la deuda

La proporción de fondos destinados a la inversión pública ejecutados por ministerios; municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y algunas entidades descentralizadas suman Q38 mil 577.3 millones, de los que solamente Q8 mil 155.3 millones se destinarán a inversión real directa en proyectos de infraestructura vial, equipamiento institucional y en establecimientos educativos y de salud.

En el Congreso hay más posibilidades de aprobación del presupuesto, principalmente porque están los aportes para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se utilizarán para las elecciones generales del próximo año, explica el exviceministro de Finanzas Erick Coyoy al recordar que los ajustes que se prevén son principalmente en el aporte extraordinario para los Codedes. 

Inversiones en papel

El Presupuesto 2027 incluye varios proyectos que podrían dar inicio el próximo año, el último del gobierno de Bernardo Arévalo. Sin embargo, el tiempo para finalizarlos aún se proyecta.

Según el proyecto de Presupuesto, el Ministerio de Salud Pública destinará Q918 millones para construir, ampliar o mejoras en centros comunitarios, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, Centros de Atención Permanente (CAP), Centro de Atención Integral Materno Infantil, hospitales y otros establecimientos de salud.

Por aparte, el Ministerio de Gobernación dispondrá Q455.2 millones para equipamiento, modernización institucional, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contará con Q131.6 millones para infraestructura de agua y saneamiento; materiales de construcción, mobiliario, equipo y módulos educativos para establecimientos desde preprimaria hasta educación media. 

Se destaca el uso de Q532.8 millones para la construcción de hospitales; Q346 millones para construir Institutos Regionales de Excelencia (en Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Sololá, Quiché y Retalhuleu); Q66.8 millones destinados a Ciudades Deportivas en Chimaltenango, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén y San Marcos; Q1 mil 066.2 millones para centros penitenciarios y Q3 mil 243.3 millones para la red vial.

Estos proyectos fueron propuestos el año pasado, junto al Anillo Regional C-50, las rutas del Plan Conecta, caminos rurales y el Aeropuerto Internacional La Aurora; la modernización de Puerto Quetzal, y los proyectos ferroviarios de sistema MetroRiel para conectar desde la zona 12 de Villa Nueva hasta la zona 17 del municipio de Guatemala, y la conexión del Tren Maya con México aparecen como intervenciones e inversiones estratégicas dentro de la iniciativa.

Además de cinco ministerios de la administración central, participan en la ejecución de estas obras prioritarias la Empresa Portuaria Quetzal (Q4 mil 800 millones) y Ferrocarriles de Guatemala (Q800 millones), así como las agencias u organismos internacionales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos con las que se suscriban convenios, de acuerdo con los artículos 23 y 122 de la propuesta de presupuesto.

En Obligaciones a Cargo del Tesoro se incluyen Q3 mil 517.5 millones para el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios. En la propuesta que se remitió para el presupuesto de 2026, el Minfin había incluído Q2 mil 102.2 millones para este fondo, aunque finalmente el Congreso aprobó Q1 mil 700 millones en previsión para el circuito metropolitano del metro.

Otra entidad que participa en apoyo a la inversión es el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) para estudios sociolegales y de diseños de preinversión para fortalecer los expedientes que presenten las alcaldías para proyectos de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos para lo que se le asignarán Q200 millones.

Otros participantes en la agenda de inversiones, son el Ministerio de la Defensa con Q595 millones para que el Ministerio de la Defensa para trabajos de mantenimiento, reparación y funcionamiento de sistemas de dragado en el Pacífico y el Caribe, incluyendo los canales de Chiquimulilla, Río Dulce y Río Sarstún; mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recibirá hasta Q2 mil 550 millones, luego de las reformas con el Decreto 21-2025 a la Ley de Alianzas para la Infraestructura Económica.

Ejecución opaca 

Tanto el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como el sistema de Codedes, son el talón de Aquiles para la inversión pública por su bajo desempeño, opacidad en las contrataciones y deficiencias en la calidad de las obras, siendo los que más techo presupuestario disponen para este fin.

El CIV a cargo de la ministra Norma Zea, la quinta funcionaria que ocupa el cargo en este Gobierno, tiene más de 15 unidades ejecutoras ya que abarca los servicios de correos; aeronáutica, transportes, vivienda, telecomunicaciones, conservación vial, la dirección de caminos, la radiodifusión nacional, la construcción de edificios estatales y la información meteorológica, entre otras.

Con una asignación de Q7 mil 631.8 millones para este año, el CIV ha devengado el 35.4 por ciento de su gasto, siendo el ministerio con menor ejecución presupuestaria en lo que va del año. Durante 2024 y 2025 los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (Sicoin) evidencian el rezago en la ejecución de esta cartera con cierres del 71 y 68 por ciento, respectivamente.

El problema es que el dato de la ejecución muestra la eficiencia en gestión y administración financiera, pero lo más importante es la eficacia de la inversión, es decir que, el Estado sea capaz de dotar de bienes públicos y servicios de calidad a la población, explicó Juan José Narciso, economista e investigador al lamentar la ausencia del mantenimiento en las obras de inversión que se evidencia en el deterioro de las mismas, así como la falta de evaluación de los servicios públicos. 

Para 2027, Menkos incluyó en el proyecto de presupuesto un techo de Q10 mil 668.5 millones, destinando Q7 millardos de ese monto a gasto de inversión. La Dirección General de Caminos es el principal destinatario con casi Q3 mil millones para invertir, seguido de Q1 mil millones para equipamiento; el Fondo para la Vivienda con Q903 millones; Fondo Social de Solidaridad con Q861 millones y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado con Q848 millones.

El Minfin incluye en el proyecto de presupuesto tres autorizaciones excepcionales con la que el CIV cumpliendo requisitos establecidos pueda: intervenir en tramos con mantenimiento vial en abandono, suspensión o inactividad por más de seis meses; también continuar con la ejecución de proyectos con contratos bajo procesos judiciales que aún no tengan sentencia firme; y adquirir puentes modulares para atención inmediata frente a desastres.

Coyoy considera que ante la cantidad de proyectos de inversión judicializados, se ha discutido cómo lograr que avancen, con la excepción lo que debe quedar muy claro son las implicaciones financieras y que exista el compromiso real de las empresas para cumplir los trabajos. 

Los millonarios aportes a los Codede

Nuevamente en la iniciativa de presupuesto se avala la reprogramación de obras físicas a cargo de los Codede, es decir que, la asignación del aporte extraordinario por Q1 mil 200 millones más los Q4 mil 982.1 millones del aporte del IVA-Paz podría modificarse si cumplen con los requisitos para incluir las obras de arrastre como lo han hecho en ejercicios fiscales anteriores.

Para el exviceministro esta asignación es un incentivo que tienen los diputados al Congreso para aprobar el presupuesto, ya que les permite utilizar el espacio de los Codede para orientar recursos. “El Ejecutivo ya los acostumbró a este esquema y por ser año electoral se presta aún más”, dijo.

En ese sentido, para Narciso en la aprobación del presupuesto 2027,  va a prevalecer el interés de que “todos necesitan recursos” para capitalizar votos de cara a la campaña electoral y ese será incentivo en la distribución de los recursos. 

Los señalamientos por la baja ejecución de los Codede ha sido constantes, pero la situación se acentúo en 2024 con una ampliación de Q5 mil millones destinada a proyectos ejecutados por esas instancias, mecanismo que se ha continuado utilizando con aportes extraordinarios y la aceptación de que trasladen obras de arrastre de un año fiscal a otro. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha reiterado en distintas oportunidades que las asignaciones extraordinarias se han realizado sin justificación técnica y son vulnerables al abuso y la corrupción.

Según los portales del Minfin, hasta la primera semana de septiembre de 2026, del monto vigente asignado de Q15 mil 425.3 millones los Codedes han recibido de Q3 mil 762 millones, principalmente para ejecución en carreteras; abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales; educación primaria y servicios de salud.

Sin embargo, la información de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) muestra un monto vigente con reprogramaciones por Q12 mil 985 millones, de los que se ha ejecutado 19.7 por ciento. “De ese porcentaje no se sabe si los recursos llegan a las obras o solo se realizan los pagos y después se piden las reprogramaciones de los proyectos”, comentó Coyoy.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en la evaluación de junio pasado del Artículo IV para Guatemala señaló la ambiciosa agenda de infraestructura del país y la rápida expansión de las transferencias a los Codedes.

Ante lo que el organismo internacional recomendó focalizar las asignaciones extraordinarias, contar con una cartera multianual de proyectos en lugar del traslado de recursos no ejecutados; reforzar la capacidad de supervisión de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, así como realizar la selección de proyectos basados en lineamientos estratégicos. 

Por aparte,  las municipalidades recibirán de la administración central cerca de Q15 mil millones, como parte del situado constitucional e impuestos con destinos específicos como el IVA-Paz. Estas transferencias se complementan con los ingresos propios provenientes de tasas, multas y otros cobros que destinan a financiar el presupuesto municipal.

La numerosa cantidad de entidades que participan en el manejo de las inversiones, Narciso apuntó que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un buen ejercicio para darles estructura a los proyectos. Pero indicó que se arrastran problemas de la corrupción desde que son aprobados, y de registros incompletos o que no corresponden al tipo de obra, lo que contribuye a la falta de certeza en los datos e información que se muestra.

CHN como protagonista

Otros aspectos dentro del presupuesto, la inversión prevista para 2027 incluye equipamiento, desarrollo de infraestructura, y transferencias de capital como las dirigidas a reactivar la actividad agropecuaria (Fonagro); el Fondo para la primera vivienda (Faprivi), el Fondo de Garantía para Acceso a la Tierra  y el nuevo instrumento de recursos revolvente Fondo de Garantía para la Movilidad Eléctrica y la Renovación del Transporte de Personas (Fogamover).

A pesar de los señalamientos por la discrecionalidad en el manejo de los recursos para fondos específicos durante la pandemia, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) recibirá de las entidades encargadas del Fogamover, Q350 millones; Fondo Nacional de Becas (Fonabe), Q250 millones; Fondo de Becas para inglés, Q50 millones; Fondo de Garantía para el desarrollo de proyectos productivos de los pueblos maya, xinca y garífuna (Fogades), Q400 millones y del Fondo de Protección y Recuperación de Bosques (Fobosques) por Q40 millones.

Se están creando más fondos y no se sabe qué pasó con los creados en años pasados, porque no existe rendición de cuentas, criticó Coyoy al cuestionar que por parte de las entidades estatales “se trasladan los recursos al CHN y se da por ejecutado, pero no hay mecanismos adecuados para el seguimientos de los resultados y prevalece la opacidad en estas transferencias”. 

Durante la emergencia sanitaria y económica que ocasionó pandemia de COVID-19 se trasladaron más de Q2 mil 700 millones al CHN a fin de otorgar apoyo temporal financiero a trabajadores y empresas afectadas, pero al finalizar la temporalidad de los programas la entidad acudió al secreto bancario para evitar entregar la información del manejo de los recursos. Finalmente, tras la intervención de diputados, la Contraloría General de Cuentas y el Procurador de Derechos Humanos se logró acceder a la información.

Crecimiento del gasto

En la actual propuesta presupuestaria 2027 de Menkos, se explica que el marco limitado a un ciclo anual de ejecución es insuficiente “para abordar los desafíos estructurales y de gran envergadura que promuevan el desarrollo nacional”. Según el documento, con los presupuestos multianuales se tiene una herramienta de mediano plazo para tomar decisiones y divisar las oportunidades más allá de la coyuntura inmediata, y “un compromiso político con la estabilidad y eficiencia del Estado”. 

En el documento remitido este mes al Congreso, las autoridades de Finanzas se enmarcaron dentro del rango de ingresos tributarios que  hace un año se proyectó en el presupuesto multianual por Q131.3 millardos para el ejercicio fiscal 2027, y superan los Q172.5 millardos de ese escenario multianual, en el que se contemplaba alcanzar el umbral de Q200 millardos en 2029.

Con la actualización del período 2028-2031, en dos años se mantendría el mismo monto de gasto, para alcanzar en 2029 un techo de Q207.6 millardos y en el último año de ese escenario multianual rondar los Q240.7 millardos.

Para Narciso el presupuesto tendrá incrementos cada año, porque el gasto que se aprueba conlleva incentivos de corrupción, no se trata de presupuestos mayores para resolver la problemática ingente que vivimos o que exista una lógica proclicítica o contracíclica en el planteamiento del presupuesto.

Agregó que el problema que acarrea es el incremento de la deuda pública, porque se elude tocar la actual estructura tributaria, principalmente en cuanto al Impuesto Sobre la Renta. “Ya pasaron 14 años de la última reforma tributaria” y vemos mejoras en los ingresos fiscales porque se han implementado cambios en los sistemas informáticos, sin embargo, esos resultados van a agotarse sin el complemento de una reforma fiscal, destacó. 

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