Los hallazgos se dieron a conocer en una conferencia de prensa dada por las expertas que integran el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, al concluir la visita oficial que realizaron al país y que empezó el 18 de agosto.
Por Simón Antonio Ramón
El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos que fue encabezada por Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakuleviciene, presentó este viernes 28 de agosto en la ciudad de Guatemala su informe preliminar sobre su visita oficial a Guatemala, en el que se identifican abusos relacionados a empresas que violentan el derecho humano a un ambiente limpio, acceso al agua y a la libertad de expresión.
La entidad de la ONU, que inició su visita al país el 18 de agosto, se reunió con autoridades de gobierno, representantes de asociaciones empresariales y comunidades de Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos.
“Las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados a los recursos naturales, incluidos al agua y la tierra, el medioambiente y la salud, así como sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales”, señala el informe.
Además, reitera que la preocupación “es especialmente grave en lo que respecta a los impactos negativos sobre derechos humanos de las inversiones a gran escala en el sector extractivo”.
La consulta y la criminalización
Señalaron que las actividades económicas se concentran en actividades de agricultura que exporta su producción, minería y energía, con actividades en los territorios indígenas y comunidades rurales.
La delegación recomendó al sector empresarial priorizar la realización de la consulta previa a los pueblos indígenas como uno de los derechos inherentes sobre actividades industriales en sus territorios. “El Grupo de Trabajo constató que las consultas relacionadas con las operaciones empresariales rara vez se llevan a cabo antes de la concesión de licencias y permisos, lo que ha generado conflictos y ha minado la confianza entre las comunidades, las instituciones estatales y las empresas”, dijo la vicepresidenta del Grupo de Trabajo.
Además observaron la criminalización contra dirigentes y autoridades comunitarias, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas, por trabajos relacionados con la transparencia y denuncias de actividades empresariales; y que se ha usado el sistema de justicia como un arma para atacar, silenciar a defensores y a la disidencia.
“Según la información recibida, las personas defensoras se han enfrentado a acusaciones tales como terrorismo, asociación ilicita, ataques contra la propiedad privada, usurpación agravada y extorsión”, dijo Fernanda Hopenhaym.
Apuntaron que las personas defensoras de derechos humanos han sido estigmatizadas en medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales y se han enfrentado también a situaciones como amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, asesinatos, provocados por actores armados y agentes de las empresas de seguridad privada.
A la vez pidieron al Congreso, que la iniciativa de ley 6816 sobre una ley de aguas proteja los derechos humanos y garantice el acceso equitativo al agua tomando como referencia los casos de la comunidad de Valle de Palajunoj de Quetzaltenango y de Mina Marlin en San Marcos en donde las comunidades no tienen acceso suficiente al agua potable.
“Más de 90 por ciento de las fuentes de agua de Guatemala están contaminadas, lo que pone en relieve la urgente necesidad de un marco jurídico que regule la calidad del agua, el acceso a la misma y el control de la contaminación”, se señaló en la declaración final.
Con relación al tema energético, su pronunciamiento sobre la iniciativa de la iniciativa de ley 6665 fue de preocupación porque vulnera derechos de los pueblos indígenas. “Tal y como está redactada, se facilita el establecimiento de líneas de transporte mediante procedimientos acelerados que no protegen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas, incluidos los derechos de consulta, la participación, los derechos sobre la tierra y una reparación efectiva, al tiempo que podrían debilitarse las salvaguardas ambientales”, señalaron.
Concentración de la actividad económica
El Grupo de Trabajo de la ONU en su declaración final señaló que 9 de cada 10 son micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 70 por ciento del empleo en el país y aportan el 40 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB).
“Al mismo tiempo, una parte sustancial del capital y del poder de decisión sigue concentrada en un número relativamente reducido de grandes grupos empresariales y conglomerados, grupos de familias, con influencia significativa sobre la política económica y pública”, dijo Fernanda Hopenhaym, vicepresidenta de la entidad al dar lectura a la declaración final en un conferencia de prensa. Señalaron que en el país hay una brecha entre la legislación y su aplicación para la defensa de derechos de los pueblos indígenas.
“Las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados a los recursos naturales, incluidos al agua y la tierra, el medioambiente y la salud, así como sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales. Instó a todos los sectores a implementar compromisos y acciones a beneficio de la población tanto en la economía y la competitividad del país. Por lo que la delegación resaltó los esfuerzos del gobierno en la construcción de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
