La fuerza estatal reprimió a la comunidad de Macho Creek, en Livingston, Izabal, el 26 de agosto, en un segundo intento de desalojo de más de 100 familias entre Q’eqchi’ y mestizas, quienes se resistieron a la acción policial manifestando que la tierra que habitan les pertenece históricamente.
Durante la jornada se registró un enfrentamiento provocado por un grupo de personas armadas de comunidades vecinas que dispararon contra comunitarios y la Policía, hiriendo a algunos agentes y se reportó el fallecimiento de uno. Tras ese hecho se suspendió la diligencia.
Por Juan Bautista Xol
Desde las 6 de la mañana del día 26 de agosto comunitarios de Macho Creek, en Livingston, Izabal, se encontraban en alerta tras la movilización de patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia la comunidad, para ejecutar un desalojo. Es la segunda ocasión, desde octubre de 2025, que la fuerza policial intentó desalojar a los pobladores.
Macho Creek es una comunidad Q’echi’ y mestiza fundada desde 1831, según los datos que pueden leerse en el rótulo de la comunidad, por al menos 30 familias que se abrieron paso en estas tierras, localizadas en el caribe guatemalteco, para convertirlas en su hogar y para su producción agrícola.
Los pobladores aseguran que en 1913 se realizó el primer censo en la comunidad.
En la actualidad, enfrentan constantes amenazas de despojo de la tierra que atribuyen a terratenientes que con sus vinculaciones con el Estado intentan desalojar a la población del lugar donde decenas de personas nacieron, crecieron y han fallecido.
“Este sería el segundo intento de desalojo durante el gobierno de Bernardo Arévalo, el primero fue en 2025 y el segundo fue hoy (miércoles 26 de agosto), nuestros antepasados fundaron esta comunidad”, dijo Pablo, un comunitario quien sólo quiso identificarse con nombre.
A las 9 de la noche del 25 de agosto algunos comunitarios informaron a Prensa Comunitaria que serían desalojados al día siguiente.
Una jornada de tensión
Durante las primeras horas de la mañana del 26 de agosto los comunitarios documentaron decenas de autopatrullas reunidas en el campo de fútbol de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, donde la Policía Nacional Civil (PNC) recibía instrucciones de sus mandos superiores.
Aproximadamente a las 10:25 de la mañana la fuerza estatal llegó a la comunidad, los pobladores observaron la presencia de representantes de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN), fiscales del Ministerio Público y al juez de paz de Livingston, Selvin Díaz, quien acompañó a la policía a ejecutar el desalojo.
En medio del temor de los comunitarios, las autoridades pidieron un diálogo con cinco representantes de la comunidad para pedirles que abandonaran el lugar de manera voluntaria.
“Nos solicitaron un diálogo donde pidieron que nos retiremos de la comunidad de manera voluntaria, no lo aceptamos porque las tierras son nuestras, el juez de manera prepotente alzaba la voz contra nosotros, primero nos dijo que nos daba cinco minutos para salir. En el segundo diálogo nos dijo que eran 10 minutos, es muy abusivo”, argumentaron las mujeres de la comunidad.
Según los relatos de los comunitarios, Macho Creek es una comunidad histórica que fue despojada a sus abuelos durante la llegada de militares y terratenientes en la zona en 1831, durante el despojo varios de los fundadores perdieron la vida por resistir, mientras que los demás fueron obligados a refugiarse en las montañas.
Los pobladores señalan que los desalojos que se pretenden realizar son para garantizar las necesidades de empresarios y terratenientes que ocasionaron daños a sus antepasados que fundaron la comunidad, y que continúan intimidando a los pobladores y a otras comunidades vecinas.
Para conocer la categoría bajo la cual está inscrita la comunidad, Prensa Comunitaria contactó a Edgar Villagrán; sin embargo, aseguró que no puede dar declaraciones porque la ley se lo impide.
El alcalde municipal de Livingston, Enrique Xol, indicó que se trata de una comunidad indígena. Villagrán se limitó a enviar un documento PDF en donde el Registro Nacional de las Personas (Renap) reconoce e inscribe a los pobladores con dirección de Macho Creek.
Mientras que el alcalde municipal de Livingston dijo a Prensa Comunitaria que la comunidad de Macho Creek está registrada ante la municipalidad como Comunidad Indígena. Es decir que la comunidad está bajo la organización de las Autoridades Ancestrales reconociendo un Guía Principal, explicó el jefe edil.
Grupos de otras comunidades llegaron a disparar
Después del segundo diálogo, los comunitarios indicaron a Prensa Comunitaria que permanecían en resistencia cuando un grupo de personas organizadas de otras comunidades vecinas dispararon contra la comunidad de Macho Creek, lo cual provocó que la fuerza estatal lanzara bombas lacrimógenas en contra de las familias.
Indicaron que por la organización comunitaria lograron calmar el temor de las mujeres y de la niñez, mientras que en la página de la Policía Nacional Civil (PNC) se publicaron videos de agentes heridos con armas de fuego, responsabilizando a la comunidad.
“Nosotros estábamos dialogando cuando un grupo apareció y nos disparó, ahí la policía abrió fuego, ellos saben que nosotros no disparamos, estábamos en paz”, dijeron los pobladores.
Después de que las autoridades lanzaran gases lacrimógenos, suspendieron el desalojo debido a que se reportaron agentes de la policía heridos de bala. Uno de ellos, identificado como oficial tercero, Carlos Arturo Colindres, falleció.
Por otro lado, la niñez se manifestó en un video solicitando al Estado dejar de disparar en contra de ellos porque peligran sus vidas y la de sus familias.
Después de los hechos ocurridos el 26 de agosto, la comunidad solicita al gobierno de Arévalo tomar acciones a su favor y piden que cesen los desalojos y que no se persiga a ningún comunitario por lo ocurrido.
Mientras tanto, la organización Comité Campesino del Altiplano (CCDA) se pronunció por la situación de la comunidad manifestando que el Estado insiste en una política de despojar, criminalizar y usar la fuerza contra las familias campesinas al tiempo que llamó al Estado a respetar los derechos de los pueblos indígenas y dar respuestas de fondo a la deuda agraria histórica con estas poblaciones.
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