Durante los últimos años, pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales, feministas y barriales han sostenido luchas por el territorio, el agua, la vivienda, los servicios públicos y la democracia, pese al avance del autoritarismo y la criminalización de la protesta en América Latina.
Por Glenda Álvarez
Los movimientos sociales de América Latina han defendido la salud, la educación, el agua, los derechos laborales y los territorios frente a políticas de privatización y proyectos extractivos, según lo demuestran investigaciones realizadas en las últimas décadas.
Estas organizaciones también han intervenido en las instituciones, impulsado cambios políticos y abierto debates sobre quién puede tomar decisiones respecto de los territorios y los bienes comunes.
Tras el fin de varios gobiernos militares y conflictos armados durante la década de 1980, América Latina experimentó lo que Paul Almeida y Allen Cordero Ulate denominan en su libro “Movimientos sociales en América Latina: perspectiva, tendencias y casos” un “renovado auge de la movilización popular”.
Durante las décadas de 1990 y 2000 aumentaron la participación y la presencia pública de movimientos indígenas, feministas, ambientalistas y de la diversidad sexual. Mientras, organizaciones sindicales y campesinas continuaron movilizándose contra la austeridad, las privatizaciones, el ajuste económico y el libre comercio.
En los últimos años, en América Latina diversos movimientos y organizaciones sociales mantienen una lucha constante por la defensa del territorio, la democracia y los derechos humanos.
Guatemala: estudiantes y pueblos originarios frente a la cooptación y la criminalización
La lucha estudiantil se concentra en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En 2025, el Consejo Superior Universitario (CSU) expulsó a diez estudiantes por denunciar el fraude en la elección de Walter Mazariegos como rector y defender la autonomía universitaria.
En 2026, estudiantes, docentes, profesionales y personas egresadas de la USAC se movilizaron nuevamente frente al segundo fraude que aseguraba la continuidad de Walter Mazariegos en la Rectoría.
El 21 de junio del presente año, estudiantes, docentes, profesionales sancarlistas y organizaciones sociales y campesinas se concentraron frente al Paraninfo Universitario y recorrieron las calles de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Los manifestantes protestaron frente al Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Congreso de la República para exigir una respuesta de los recursos legales pendientes de resolución, en los que se solicitaba que se investigan las irregularidades en el proceso de elección y el cese de la criminalización de quienes defienden la universidad pública.
Los participantes de la marcha también exigieron que se respetara la autonomía, la democracia interna y la recuperación de la USAC frente a estructuras vinculadas con la corrupción y la impunidad.
Durante la movilización Leocadio Juracán, dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), destacó la articulación entre la resistencia universitaria y las organizaciones campesinas frente a la cooptación de las instituciones públicas. “Nos estamos articulando para enfrentar las grandes injusticias que se están dando en Guatemala”, explicó.
Estas actividades de resistencia conectan con el Paro Nacional de 2023. En abril de 2025 fueron detenidos Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ex autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que participaron en la defensa de los resultados electorales. En mayo de 2026, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia.
Las expulsiones universitarias y los procesos por terrorismo contra autoridades indígenas muestran un mismo mecanismo: utilizar procedimientos administrativos y penales para castigar a quienes cuestionan la cooptación institucional. Frente a ello, estudiantes y pueblos indígenas han marchado juntos para defender la universidad pública, el territorio y la democracia.
El avance de gobiernos autoritarios y de fuerzas políticas de derecha ha reducido los espacios de participación, fragmentado organizaciones y elevado el costo de defender derechos.
Las derrotas, el miedo y el desgaste existen, pero no han significado la desaparición de los movimientos. Sin embargo, han surgido alianzas entre estudiantes, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones feministas, sindicatos, familiares de víctimas y defensores del territorio.
Estas luchas indican que los movimientos sociales no son actores secundarios de la historia latinoamericana. Estos movimientos hacen visibles conflictos que el poder intenta ocultar, sostienen la memoria y construyen formas colectivas de cuidado y organización.
En una región donde protestar puede costar la libertad, el territorio o la vida, resistir también significa impedir que otros decidan en silencio el futuro de los territorios.
México: el Mundial frente a los desaparecidos y el despojo urbano
Durante los preparativos del Mundial de 2026 en México hubo protestas contra la gentrificación, el desplazamiento y el uso de recursos públicos para infraestructura turística.
En marzo, manifestantes convirtieron una vía de Ciudad de México en una cancha de fútbol para denunciar lo que llamaron el “Mundial del Despojo” y para exigir vivienda, agua, electricidad y transporte. Vecinos de Santa Úrsula y comerciantes de los alrededores del Estadio Azteca también denunciaron las restricciones para ingresar a sus viviendas y vender en las calles.
La movilización más significativa fue protagonizada por madres buscadoras y familias de personas desaparecidas. Colectivos de al menos diez estados marcharon hacia el estadio durante la inauguración para exigir la búsqueda efectiva, investigación y sanción a los responsables de más de 134 mil desapariciones registradas por las autoridades.
Las familias dijeron que no buscaban impedir los partidos, sino aprovechar la atención internacional para recordar a quienes no han regresado. Las autoridades impidieron su avance hacia el estadio.
Honduras: el sistema de salud y la defensa garífuna del territorio
Entre marzo y junio de 2026, el Colegio Médico de Honduras realizó plantones, asambleas informativas y suspensión de consultas y cirugías electivas para exigir el pago de salarios atrasados y la restitución de especialistas despedidos.
Los médicos denunciaron que centenares de profesionales no habían recibido sus sueldos y que algunos ceses se notificaron por mensajería instantánea.
El medio digital Criterio.hn relacionó el conflicto en una crisis más amplia: falta de medicamentos e insumos, deterioro de los quirófanos y escasa inversión en hospitales públicos. El gremio médico cuestionó que, mediante un decreto de emergencia, el gobierno priorizara las compras directas y el traslado de cirugías a centros privados en lugar de fortalecer la red pública. Por ello, exige estabilidad laboral, presupuesto suficiente, abastecimiento y mejores condiciones para atender a la población, no solamente el pago de los salarios atrasados.
La otra gran lucha hondureña está relacionada a la pesca. Durante 2025, las comunidades de Cayos Cochinos denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la imposición de restricciones a la pesca, la movilidad y el uso de su territorio sin consulta.
El medio hondureño Contracorriente explicó que el proceso cuestiona la exclusión del pueblo garífuna de la administración del archipiélago y el privilegio otorgado a proyectos turísticos. En marzo de 2026, la Corte Interamericana responsabilizó al Estado por vulnerar la propiedad colectiva y la participación política de la comunidad.
La lucha se intensificó en julio de 2026, más de 200 policías ingresaron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela, para ejecutar un desalojo y detuvieron a cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Una carta abierta de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IMD Defensoras) exigió su liberación y denunció el uso del sistema penal contra la defensa territorial. La OFRANEH ha solicitado anular el proceso por “usurpación agravada”, derogar el Decreto 107-2026 utilizado para el desalojo y cumplir las sentencias internacionales sobre San Juan, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y Cayos Cochinos.
Estas sentencias ordenan al Estado reconocer, delimitar, titular y sanear los territorios ancestrales garífunas, garantizando su uso colectivo y resolviendo la ocupación por terceros. También exigen consultar a las comunidades sobre decisiones que afecten sus territorios, reparar los daños e investigar las agresiones en Cayos Cochinos, además, garantizar su participación en la administración del archipiélago.
Colombia: las calles exigen transparencia y defienden los derechos conquistados
El reciente proceso electoral también se disputó desde las calles y los territorios. Diversas organizaciones sindicales, campesinas y afrocolombianas, colectivos de víctimas, estudiantes, artistas y movimientos sociales participaron en movilizaciones, encuentros culturales y ollas comunitarias para respaldar una alternativa electoral progresista.
Estos sectores también defendieron la reforma agraria, la educación pública, la paz, los derechos laborales y la protección de los territorios, según lo documentó el periódico El País en un reportaje sobre las bases sociales movilizadas durante la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué.
Después del ajustado preconteo de la segunda vuelta del 21 de junio, miles de personas manifestaron su inconformidad en las calles y pidieron que se esperara el escrutinio oficial antes de reconocer un resultado definitivo. La Policía reportó 48 puntos de protesta en el país.
Las principales exigencias fueron la revisión exhaustiva de los votos nulos y las irregularidades reportadas, así como garantías para el escrutinio y respeto al derecho de la ciudadanía a vigilar el proceso electoral.
La protesta no se limitó a cuestionar el preconteo: jóvenes, estudiantes, trabajadores y organizaciones populares expresaron temor ante posibles retrocesos en los derechos de las mujeres, las comunidades empobrecidas y los pueblos étnicos.
También rechazaron las propuestas de mano dura, el fracking, los recortes sociales y la estigmatización de la protesta promovidas durante la campaña de Abelardo de la Espriella. La agencia AFP documentó que frente a la Universidad Nacional se congregaron principalmente jóvenes y estudiantes que defendían los derechos sociales, ambientales y comunitarios conquistados durante años de movilización.
Bolivia: tierra, ajuste económico y defensa de los territorios
En abril de 2026, pueblos indígenas y pequeños productores de Pando y Beni, realizaron una caminata de aproximadamente 25 días hacia La Paz en Bolivia para exigir la derogación de la Ley 1720, según reportó el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia. La norma permitía convertir la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, exponiéndola a la venta, división o embargo.
Las diferentes delegaciones, organizaciones de productores y representantes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) , además de defender la tierra, exigieron una consulta previa, protección de los bosques y mejores servicios de salud, educación y conectividad.
La presión consiguió que la Asamblea Legislativa derogara la Ley 1720 en mayo. Sin embargo, la movilización coincidió con protestas de la Central Obrera Boliviana, maestros, transportistas y organizaciones campesinas contra la eliminación de subsidios al combustible, la inflación, la escasez de dólares y el deterioro salarial.
La ACLED, organización internacional de investigación sobre conflictos, señaló que las protestas reunieron actores diversos, pero sin una conducción ni demandas completamente unificadas. El gobierno respondió con negociaciones separadas, órdenes de detención y un estado de emergencia para retirar los bloqueos. Associated Press (agencia internacional de noticias) reportó 365 detenciones y 37 personas heridas.
Perú: juventudes, transportistas y memoria de las víctimas
En septiembre y octubre de 2025, colectivos juveniles identificados como “Generación Z”, estudiantes universitarios, pensionistas, docentes y transportistas salieron a las calles para protestar contra la reforma del sistema de pensiones, del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
Sus demandas incorporaron medidas contra las extorsiones y asesinatos de trabajadores del transporte, la derogación de normas consideradas favorables a las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y justicia por las personas asesinadas durante las protestas de 2022 y 2023.
Las movilizaciones se extendieron por Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y otras ciudades. Wayka, medio digital independiente peruano, documentó la participación de jóvenes, transportistas y organizaciones sociales, así como denuncias sobre el uso de gases lacrimógenos, perdigones y agresiones contra manifestantes y periodistas.
Las protestas continuaron después de la destitución de Boluarte y el nombramiento de José Jerí como presidente interino. Human Rights Watch, informó que las jornadas de septiembre y octubre dejaron una persona muerta y más de 70 heridas.
El escenario podría tensarse nuevamente con la llegada de Keiko Fujimori al gobierno en julio de 2026. Una investigación del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, citada por la agencia internacional Reuters, advierte que la aceleración de proyectos mineros en el país, puede reactivar resistencias campesinas y ambientales en regiones donde las comunidades denuncian contaminación y escasos beneficios económicos.
Panamá: la lucha contra la reapertura de Cobre Panamá
El movimiento “Panamá Vale Más Sin Minería” volvió a las calles en 2025 ante la posibilidad de reabrir las operaciones de la empresa Cobre Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum. La mina fue cerrada en 2023, cuando las protestas consiguieron que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato.
Ambientalistas, sindicatos, organizaciones juveniles y comunidades cercanas rechazaron la propuesta gubernamental de “abrir para cerrar” y exigieron un plan de cierre definitivo, transparente y con vigilancia comunitaria.
Un reporte de Earthworks, organización internacional de investigación e incidencia ambiental, publicó el pronunciamiento de más de 40 organizaciones y del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
En mayo y junio de 2026 se realizaron nuevas marchas ante los avances de la auditoría de la mina y los anuncios sobre una posible reapertura gradual. El periodico panameño La Estrella de Panamá, reportó la participación de cientos de personas que reiteraron que “el país no quiere mina”. Mientras, el gobierno sostiene que la exportación del cobre almacenado y las labores de mantenimiento no significan una reactivación.
Las organizaciones responden que cualquier decisión debe respetar la sentencia judicial y que el futuro del territorio no puede negociarse únicamente entre el Ejecutivo y la empresa.
