Por lo menos tres portales de transparencia dieron pasos atrás en el acceso a la información pública. El primero de ellos fue el Siges, sistema por medio el cual se mostraban modificaciones a los proyectos, le siguió el IGSS quien ocultó datos de afiliados y por último Guatecompras que levantó un cerco a la fiscalización.
Por Rony Ríos
En 2023, el Movimiento Semilla encabezado por Bernardo Arévalo presentó un plan de gobierno en el que colocó el combate a la corrupción entre los objetivos estratégicos de la administración y propuso mecanismos de vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y las contrataciones estatales.
Ese compromiso fue ratificado por Arévalo como presidente electo, el 8 de enero de 2024, cuando presentó su primer gabinete de gobierno y aseguró “no vamos a intentar ocultarnos de la prensa ni ocultarle la información al público ni a la prensa”.
Arévalo continuó ofreciendo transparencia y se manifestó en contra de la Contraloría General de Cuentas (CGC) cuando clasificó como reservada durante siete años la información relacionada con sus procesos de fiscalización.
En esa ocasión Arévalo cuestionó públicamente la decisión y señaló que “reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada”.
En 2024 Arévalo siguió manifestándose en favor del acceso a la información y la transparencia, firmando incluso la Declaración de Chapultepec, el decálogo para que no se limite la libertad de expresión. Durante la firma el presidente dijo “los ciudadanos tienen el derecho a saber, tienen el derecho a cuestionar, tienen el derecho a opinar y tienen el derecho a ser escuchados”.
Además, de esas declaraciones, en mayo de 2024, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), dirigido por Jonathan Menkos, anunció la incorporación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS) en Guatecompras, señalando que los datos podrían consultarse en CSV, Excel y JSON para permitir su uso, reutilización y análisis.
Asimismo, el Minfin dijo que la herramienta fortalecería la auditoría social y atribuyó el proyecto al compromiso del gobierno de Arévalo con la transparencia y la rendición de cuentas. Desde entonces se creó el portal https://ocds.guatecompras.gt/ bajo el eslogan “La información de las compras públicas es de todos. Nuestro compromiso es facilitarle el acceso a ella”.
Sin embargo, desde finales de julio el Minfin decidió que se debía dejar de mostrar la información completa en una de las secciones de consulta.
Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana -representante de Transparencia Internacional en Guatemala-, estos retrocesos también evidencian el incumplimiento de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información pública. Marroquín señaló que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) dejó de ejercer de manera efectiva su función de vigilancia, lo que permite que las dependencias incumplan sus obligaciones de publicación sin enfrentar consecuencias.
Guatecompras limitado
Anteriormente Guatecompras era una de las principales herramientas de fiscalización y auditoría social, pero desde hace poco más de una semana, el Minfin decidió restringir gran parte de la información. Guatecompras pasó de un sistema “todo a la vista de todos” a restringir solamente a datos sobre proveedores.
Además, se limitó la información respecto a los representantes legales, donde ya no se puede identificar si una persona es mandatario de varias empresas.
Ahora ya no se pueden identificar datos de personas o empresas que no hayan proveído servicios al Estado, lo cual facilitaba la auditoría social porque a través de esta función era posible identificar si algunas empresas compartían representantes legales o contadores y así determinar relaciones que propiciaran negociaciones ilegítimas.
Por ejemplo, la empresa A realizaba una oferta de Q15 millones para construir una escuela, pero la empresa B oferta Q14 millones. Según la normativa de Compras y Contrataciones, se analizan las dos ofertas y es muy probable que la empresa B gane el concurso, pero gracias a la auditoría social se descubre que ambas empresas comparten contador o representante legal o dirección de domicilio y eso evidencia que el concurso pudo estar manipulado.
Ahora con estas limitaciones de información será difícil determinar esas relaciones y por ende identificar posibles focos de corrupción.
Pese a enviar una lista de preguntas al Minfin para ayudar a entender las motivaciones sobre estas acciones, la Cartera se limitó a decir que eliminar el acceso a la base nacional de contribuyentes y mostrar solo a proveedores del Estado existentes “busca hacer más eficiente ese acceso a la información, ya que muchas instituciones (ejemplo bancos), utilizan el Sistema Guatecompras para obtener información de las personas, tales como DPI, NIT o domicilio, pero el sistema está diseñado para dar información relacionada con contrataciones públicas”.
Además, el Minfin aseguró que “la consulta incluye proveedores que han sido adjudicados en eventos competitivos identificados con un Número de Operación Guatecompras (NOG), así como aquellos asociados a publicaciones de adquisiciones identificadas con un Número de Publicación Guatecompras (NPG)”, pero no explica si los oferentes que no fueron adjudicados se muestran la sección de proveedores o permanecen ocultos.
Además, de afectar la auditoría social de organizaciones dedicadas a este tema y al periodismo de investigación, el diputado José Chic de VOS e integrante de las Comisiones Legislativas de Transparencia y Probidad y Gobernación, señaló que su mandato de fiscalización como congresista se ve afectado por el mal funcionamiento de Guatecompras.
Chic indicó que consideran citar al Ministerio de Finanzas para que responda sobre esas nuevas limitaciones en el acceso a la información pública. “Como el lunes es feriado, hoy mismo se tendría que ir la citación para que vengan la otra semana”, enfatizó.
Limita la fiscalización
El diputado también comentó que con estos cambios “no se le puede dar seguimiento a proveedores del Estado porque hay unos que no se muestran. También hay problemas para verificar los costos de productos y que hay representantes legales de varias empresas y no aparecen”.
Aunque Chic reconoció que este es el problema más reciente, desde hace varios meses están luchando con la funcionalidad de Guatecompras. “A veces la página se cae o no da acceso y es lamentable porque esta es una de las pocas ventanas para hacer consultas sobre las compras del Estado”.
“En lo personal he estado buscando a proveedores y no los he podido localizar. No hemos podido avanzar en la fiscalización de algunas instituciones como el Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC)”, lamentó el congresista.
SIGES elimina el rastro de las modificaciones contractuales
El MinFin eliminó del acceso público el módulo del Sistema Informático de Gestión (SIGES) que permitía consultar las modificaciones realizadas a los contratos con el Estado. Esta herramienta mostraba los documentos con los que las instituciones justificaban cambios en el monto, el plazo o las condiciones originalmente pactadas para ejecutar una obra pública.
La información permitía comparar las condiciones con las que se adjudicó un proyecto con su costo y plazo finales. Por ejemplo, si una carretera fue contratada por Q50 millones y posteriormente recibió ampliaciones que elevaron su valor, el módulo permitía identificar cuándo ocurrió la modificación, qué institución la autorizó y mediante qué documento se justificó el incremento.
También hacía posible seguir las prórrogas concedidas a obras que no fueron terminadas dentro del plazo previsto.
Estos documentos eran una fuente clave para detectar aumentos injustificados, posibles sobrecostos y proyectos que se encarecieron después de ser adjudicados. Suprimir su consulta impide comparar precios, revisar las justificaciones técnicas y establecer si el incremento guardaba relación con trabajos adicionales o si pudo utilizarse para aumentar irregularmente el valor de la obra.
Este tipo de investigaciones, en las que se investigó un sobreprecio de obras por Q500 millones, son las que se podían hacer consultando los documentos que almacenaba el Siges: https://prensacomunitaria.org/especial/el-mecanismo/
Con la eliminación del módulo desapareció, en la práctica, parte del rastro documental utilizado por periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos para investigar posibles sobrevaloraciones. La información sobre las ampliaciones dejó de estar concentrada en una consulta pública y verificable, por lo que ahora es necesario solicitar los documentos individualmente a cada institución, sin garantía de recibirlos completos o dentro del plazo legal.
La modificación también fragmentó el seguimiento del gasto, ya que Guatecompras puede mostrar las condiciones iniciales de una contratación y SICOIN registrar cuánto dinero terminó ejecutándose, pero sin los documentos de SIGES resulta más difícil explicar qué decisiones administrativas ocurrieron entre ambos momentos. Se puede observar que el proyecto costó más o tardó más, pero ya no consultar fácilmente quién autorizó el cambio y con qué argumentos.
El retiro del módulo contradice el discurso del Minfin sobre la modernización de sus sistemas y la ampliación de los datos abiertos. En lugar de facilitar la auditoría social, la modificación dejó fuera del alcance público documentos necesarios para reconstruir cómo una obra adjudicada por determinado monto terminó costando más, recibió nuevas prórrogas o cambió sus condiciones durante la ejecución.
El IGSS cerró una consulta que permitía identificar relaciones laborales
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) eliminó la consulta en línea que permitía acceder al historial de contribuciones de una persona mediante el ingreso de datos como el Código Único de Identificación (CUI) y la fecha de nacimiento. La herramienta mostraba los aportes registrados a nombre del afiliado y permitía identificar a la empresa o entidad que lo había reportado ante la seguridad social.
Aunque el sistema estaba diseñado para que los afiliados comprobaran sus contribuciones, también se convirtió en una fuente utilizada para establecer relaciones laborales que no siempre aparecían en declaraciones patrimoniales, currículos oficiales u otros registros públicos.
Por ejemplo, permitía verificar si un funcionario había sido reportado como trabajador de una empresa contratista del Estado, de una sociedad vinculada con decisiones bajo su responsabilidad o de una entidad relacionada con personas de su círculo político o empresarial.
La consulta podía aportar indicios para investigar posibles conflictos de interés o si un funcionario intervenía en la adjudicación, supervisión o autorización de un contrato y el registro del IGSS mostraba que anteriormente había recibido aportes de la empresa beneficiada, la información permitía documentar una relación que debía ser contrastada con contratos, nombramientos, declaraciones y la versión de las personas involucradas.
Al retirar esta posibilidad de consulta, el IGSS cerró una de las pocas fuentes que permitían identificar la relación entre una persona y la entidad que pagaba sus contribuciones. Para el periodismo y la auditoría social, el cambio dificulta comprobar empleos anteriores, posibles incompatibilidades y conexiones entre funcionarios, proveedores y sociedades relacionadas con fondos públicos.
Cierran puertas en dependencias del Estado
La labor de los periodistas no solamente se ve interrumpida por el bloqueo digital a datos abiertos, sino que, como en el caso del Minfin respecto a Guatecompras, se dan respuestas generales o simplemente no brindan la información.
En el medio digital Con Criterio, el periodista Henry Bin reportó que cuando estaba trabajando una nota sobre la falta de funcionamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no quiso brindar información al respecto.
Desde el departamento de Comunicación del MARN, le respondieron que la información sobre el tema no “forma parte de las competencias directas del ministerio”, pero desde otras dependencias del Estado señalaron que habían colaborado con la cartera de Ambiente en la elaboración de informes al respecto.
Marroquín advirtió que, pese a que la PDH ha documentado y señalado en sus informes el incumplimiento de las instituciones, no ha tomado acciones suficientes para corregirlo. A su criterio, mientras las dependencias continúen ocultando, retirando o dejando de publicar información sin que la autoridad garante intervenga, se amplían los márgenes de impunidad y se debilita la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El gobierno reserva por siete años la información de su proyecto carcelario
El gobierno de Bernardo Arévalo declaró bajo reserva por siete años los documentos centrales para la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal. Esta medida abarca el convenio suscrito entre los ministerios de Gobernación y de la Defensa, el expediente ambiental que debe establecer los impactos de la obra y las medidas para mitigarlos.
Con estas decisiones quedaron fuera del escrutinio público tanto las condiciones acordadas para levantar la prisión como los estudios necesarios para determinar sus consecuencias ambientales.
La primera restricción fue declarada por el Ministerio de Gobernación (Mingob) en la Resolución Ministerial 000290, publicada el 22 de mayo de 2026. Con ella se reservó la totalidad del convenio firmado el 25 de marzo entre Gobernación y Defensa, por medio del cual se encargó la construcción al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
La cartera del Interior argumentó que divulgar el documento podría causar un perjuicio a las acciones y estrategias relacionadas con el centro penitenciario y facilitar que estructuras criminales identificaran vulnerabilidades de seguridad. La clasificación podrá extenderse si, al concluir los siete años, el Gobierno considera que el riesgo persiste.
Un mes después, el MARN amplió el cerco con la Resolución Ministerial 181-2026, publicada el 26 de junio, clasificando por el mismo plazo la totalidad de la información, documentos y actos administrativos relacionados con el estudio de impacto ambiental.
La decisión respondió a una solicitud del Ministerio de la Defensa (Mindef), que presentó una prueba de daño para sostener que la divulgación del expediente podía comprometer la seguridad nacional.
Las autoridades pueden mantener en reserva planos, sistemas de vigilancia, rutas internas, protocolos de traslado y otros elementos cuya divulgación revele vulnerabilidades de una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, la clasificación total impide distinguir esos datos sensibles de otra información que debería permanecer abierta, como el presupuesto, el origen y destino de los recursos, los mecanismos de compra, las responsabilidades de cada ministerio, los plazos, los controles financieros y los compromisos ambientales asumidos por el Estado.
La cárcel tendrá capacidad para alrededor de 2 mil personas y su inversión fue estimada inicialmente en aproximadamente Q1 mil millones, pero al reservar la totalidad del convenio, no se puede conocer con precisión cómo se distribuirán los fondos, qué aportará cada ministerio, qué controles se aplicarán al Ejército como ejecutor ni qué obligaciones fueron asumidas en caso de retrasos o aumentos en el costo.
La reserva ambiental también limita la fiscalización sobre el territorio donde se construirá la prisión, ya que el expediente contiene la identificación de los impactos que puede producir la obra y las medidas que el Estado debe cumplir para reducirlos. Ocultarlo impide que las comunidades cercanas, organizaciones ambientales y autoridades locales conozcan las posibles consecuencias para el agua, el suelo, la vegetación, el tránsito y los servicios de la zona.
Aunque la Ley de Acceso a la Información permite reservar información relacionada con seguridad nacional, exige demostrar que su divulgación produciría un daño mayor que el interés público de conocerla.
Para Marroquín, la acumulación de restricciones, respuestas incompletas y falta de vigilancia hace prácticamente inviable la auditoría social. Los ciudadanos interesados en conocer a fondo la gestión pública ya no cuentan con información suficiente para reconstruir las decisiones, seguir el gasto o exigir responsabilidades, mientras los obstáculos terminan por desanimar la participación ciudadana.
El representante de Transparencia Internacional agregó que el efecto del bloqueo trasciende la fiscalización de una compra, una obra o una institución. La falta de información genera desconfianza y debilita la fe de la ciudadanía en la democracia, porque proyecta la idea de que las autoridades pueden incumplir la ley sin consecuencias.
“Estas acciones le quitan a la población la fe en la democracia porque la gente piensa ‘si esto es la democracia, la verdad vivimos en un sistema donde nadie respeta la ley’ y eso conlleva a que la gente no crea en la democracia como un sistema de gobierno”, sentenció Marroquín.
