Compartimos el discurso de presentación de Carlos Beristain, director del informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025)”, el cual recoge casos desde 2014, tras la sentencia del caso de genocidio y la salida de la fiscalía de Claudia Paz, un proceso que aumentó de forma notable en 2019 con el cierre de la CICIG y posteriormente el pico de 7 de cada 10 personas entrevistadas que salieron al exilio se dio a partir de 2021 tras la destitución del responsable de la FECI, y un aumento de nuevo en 2024 de quienes fueron detenidos o salieron al exilio por su defensa de la democracia.
“Pero los momentos más difíciles en esas entrevistas no fueron tanto el relato de la criminalización y persecución sufrida, sino la pregunta sobre el impacto del exilio”
Carlos Martín Martín Beristain, director del informe
Buenos días señor presidente Bernardo Arévalo, bienvenidos y bienvenidas todas las personas invitadas, las personas que están en el exilio en diferentes países, sus familiares que nos acompañan, personas del movimiento de derechos humanos y de pueblos originarios y comunidades indígenas de Guatemala.
Como señala la relatora de independencia judicial de NNUU en el prólogo de este informe, Margaret Satterthwaite: “Guatemala atraviesa un momento de cambio que es, al mismo tiempo, un momento de enorme responsabilidad. El valor de la esperanza que hoy existe en el país se medirá por las acciones que se emprendan para restablecer la confianza en las instituciones de justicia, y poner fin a la criminalización de quienes han defendido el Estado de derecho, entre ellas muchas personas en el exilio.”
Hoy presentamos en este Palacio Nacional de Guatemala, este informe que responde a una necesidad sentida y un encargo para escuchar, investigar, recoger las experiencias, proponer recomendaciones para enfrentar esta criminalización y el exilio. Personas operadoras de justicia, periodistas, autoridades de pueblos ancestrales, defensoras de derechos humanos, o incluso de partidos políticos como Semilla, exministros o empresarios o de la universidad de San Carlos, han sufrido criminalización, en algunos casos la cárcel y exilio. Ellas son la fuente de sentido y el motivo de haber realizado esta investigación que hoy presentamos.
El informe recoge casos desde 2014, tras la sentencia del caso de genocidio y la salida de la fiscalía de Claudia Paz, un proceso que aumentó de forma notable en 2019 con el cierre de la CICIG y posteriormente el pico de 7 de cada 10 personas entrevistadas que salieron al exilio se dio a partir de 2021 tras la destitución del responsable de la FECI, y un aumento de nuevo en 2024 de quienes fueron detenidos o salieron al exilio por su defensa de la democracia. Nuestro estudio muestra que, en los casos analizados, las detenciones arbitrarias precedieron al exilio y se convirtieron en el espejo de lo que iba a suceder con otras muchas personas, mostrando que el exilio es una respuesta a esta criminalización y procesos espurios.
Este informe no solo recoge un análisis de lo sucedido en las voces de muchos de sus protagonistas, sino también muestra que no se ha tratado de acciones aisladas, sino de patrones de persecución, pervirtiendo el uso del derecho para intereses espurios. Da cuenta de las vidas de personas que, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, creyeron en la verdad y la justicia como un pilar para fortalecer la democracia en Guatemala y que, en medio de enormes dificultades, llevaron adelante importantes cambios y logros en el país, en el campo de la justicia o los derechos humanos, siendo, especialmente en la última década, criminalizadas y perseguidas, sufriendo amenazas, detenciones arbitrarias, malos tratos y exilio, como ha sido documentado por la CIDH o la Oficina del Alto Comisionado de NNUU para los DDHH, entre otros.
La mayoría (55%) de las personas entrevistadas eran de una generación que se fue formando tras los Acuerdos de Paz, que tienen entre 36 y 55 años, con un desarrollo profesional y de su vida personal y familiar. Un porcentaje significativo del 19% corresponde a personas mayores de esa edad, se trata de personas con una amplia experiencia, trayectoria profesional y de liderazgo social, comunitario y político en el campo de los derechos humanos.
Su exilio es una enorme pérdida para sus familias y para el país, y su papel es clave para la reconstrucción de la democracia. Este informe es sobre todo una forma de reconocimiento. Sin su compromiso por la verdad y la justicia y su confianza para compartir su experiencia, este informe no hubiera sido posible. Gracias a todos y todas.
Los testimonios recogidos en este informe son también una lección ética para las instituciones y la sociedad. Un antídoto contra el miedo, por parte de quienes se atrevieron a decir “no” a la corrupción y el uso espurio de las instituciones y han defendido el Estado de Derecho, los derechos de las víctimas del conflicto armado y la esperanza de Guatemala en las necesarias transformaciones sociales, entre ellas acabar con la corrupción en las instituciones.
Una respuesta ética y basada en la legalidad, como nos dijo una persona de un alto tribunal entrevistada: “el mayor precio es no tener precio”, cuando describió algunos de los intentos de extorsión que muchas personas sufrieron para que primero dejaran de investigar, luego aceptaran las acusaciones y no fueran entonces detenidas. Mientras, han seguido sufriendo en el exilio estrategias de criminalización, sin posibilidad de garantías de defensa. El exilio es un dolor prolongado en el tiempo, un limbo, un no-lugar entre el aquí y el allá, y conlleva numerosas violaciones de derechos humanos, al debido proceso, a la ciudadanía, a su proyecto de vida, a su seguridad. No cabe todo el exilio en las 200 páginas del informe que lo describen.
Las personas trataron de quedarse en el país, enfrentar la situación, defenderse legalmente hasta ver que era imposible. El exilio no es una forma de huida de la justicia, sino precisamente una reivindicación de la justicia y la democracia, un mecanismo de protección frente a la arbitrariedad, los ataques a la integridad personal y las violaciones al debido proceso, así como frente a la coacción, para que admitiesen cargos y renunciasen a sus convicciones, frente a un poder arbitrario instalado en gobiernos anteriores y durante 8 años en la fiscalía y partes del sector judicial que han llevado a cabo esta criminalización, periodo al que corresponden el 93% de los testimonios y casos analizados.
El exilio ha sido una respuesta a la persecución que ha formado parte de la historia de Guatemala, comunidades y pueblos enteros tuvieron que buscar refugio en otros países en la década de los 80, y un 15% de las personas entrevistadas tenían antecedentes de exilio en sus familias y un 10% habían tenido que salir antes para proteger sus vidas. En esta ocasión, la salida se hizo en condiciones muy difíciles, sin saber siquiera de qué se les acusaba, en medio de una campaña pública de desprestigio, y amenazas con informaciones de inminencia de detenciones, operativos masivos y aparatosos como si de peligrosos delincuentes se tratara, en un clima de enorme estrés, miedo, arbitrariedad e incertidumbre. Salidas urgentes, sin posibilidad de despedirse de sus propios familiares siquiera, con la incertidumbre de adonde y cómo salir, buscando apoyos en una situación que fue creciendo y superando cualquier proyecto de acompañamiento.
Todo ello se aborda en las primeras partes de este informe, documentando estas experiencias y patrones. El informe no se va a los extremos, cuenta lo que ha pasado al conjunto de las personas entrevistadas, teniendo en cuenta también sus diferencias, entre hombre y mujeres, personas de organizaciones de derechos humanos y operadoras de justicia, periodistas, autoridades ancestrales, testigos y víctimas de casos del conflicto armado.
Algunas de ellas (7) antes de salir al exilio, sufrieron encarcelamientos arbitrarios y malos tratos, e incluso torturas, aislamiento en condiciones crueles y degradantes, insalubres, convivencia con presos peligrosos que ponían en riesgo sus vidas. Varias de ellas, fueron mujeres operadoras de justicia, cuyo encarcelamiento supuso una forma de castigo para mujeres que se habían atrevido a llevar casos adelante que involucraban a personas y redes con alto poder en Guatemala. Hay un componente de violencia misógina y discriminación de género que se recoge en este informe tanto en la violencia digital, como en el encarcelamiento arbitrario, el maltrato y el exilio.
En algunos casos, las personas pudieron salir con gestiones previas y apoyo de embajadas para obtener estatus de refugio, en otros muchos, lo hicieron atravesando fronteras por la última rendija del tiempo, en otras caminando por trochas o llegando sin papeles como un migrante más, con los que compartieron largas colas para buscar refugio, siendo investigados y teniendo que proporcionar pruebas de su persecución para obtener refugio y teniendo que buscar apoyos de organizaciones humanitarias. Los proyectos de apoyo que se fueron dando en otros países, pronto fueron sobrepasados por la cantidad de personas que tuvieron que seguir saliendo.
Es difícil contar el exilio a quien no lo ha vivido, nos dijeron muchas personas entrevistadas. Por eso el informe deja hablar a las personas exiliadas, recoge sus voces. Analizamos 7500 citas de 132 testimonios para poder realizarlo. Más de 4 de cada diez víctimas fueron operadoras de justicia, y de ellas el 56% son mujeres, 16% periodistas de diferentes medios que publicaban investigaciones, cerca de una de cada diez personas de organizaciones defensoras de derechos humanos, y en la misma medida autoridades ancestrales y representantes indígenas que defendieron la democracia en 2023 y que han sufrido una criminalización de larga data en su defensa de sus territorios y sus luchas por el derecho a la consulta y contra proyectos extractivos, siendo acusados de terrorismo. También un 12% de familiares que tuvieron que salir al exilio.
Las entrevistas fueron largas y profundas, momentos de documentación donde se hablaron de muchos detalles de lo vivido, pero también de vulnerabilidad y de sentido. A pesar de su enorme dureza, y de lo inverosímil de muchas de las historias que resultan increíbles para quien observa lo sucedido por su perversidad, Denuncias por hechos no constitutivos de delito y múltiples denuncias, Tipificaciones penales amplias o genéricas, Judicializaciones aceleradas en juzgados selectivos, Detenciones arbitrarias u uso extendido de la prisión preventiva, Tratos crueles, inhumanos y degradantes en las detenciones, Restricción de garantías procesales. Suspensión y dilación sistemática de audiencias en procesos que alargan el sufrimiento sine die. Falta de acceso a sus propios expedientes y acusaciones, entre otras muchas. Pero también ciberacoso y violencia digital, hostigamientos y filtraciones de información reservada, amenazas y net centers y campañas coordinadas de desprestigio, llevadas a cabo por actores reconocidos con total impunidad y sin ninguna investigación hasta hoy en día.
Pero los momentos más difíciles en esas entrevistas no fueron tanto el relato de la criminalización y persecución sufrida, sino la pregunta sobre el impacto del exilio. Como señala Eduardo Galeano, hablando de su propio exilio: “Cuando uno es arrojado a tierras extranjeras, queda muy a la intemperie el alma y se pierden los habituales marcos de referencia y amparo. La distancia crece cuando es inevitable.” Y también cuando preguntamos por sus familias, por tantas de las que hoy están aquí. Este informe es también un puente entre estas experiencias.
El exilio no solo afecta a quienes tuvieron que salir de forma forzada, sino a quienes se quedaron. Personas mayores trasladadas a duras penas a una frontera para poder ver por última vez a su ser querido, difíciles despedidas y duelos a distancia muy traumáticos son consecuencias invisibles y a la vez duras de estos procesos de criminalización. Familias que se quedaron sin el apoyo económico o afectivo. Hijos e hijas separados de sus familiares, y que no se han visto crecer más allá de una pantalla. Lo llamamos insilio, cuyo impacto ha sido reconocido incluso por sentencias judiciales en otros países o tribunales internacionales.
Impactos de la criminalización y el exilio
Las personas en el exilio, que están aquí hoy presentes a través de esa pantalla, llevan entre dos y siete años fuera del país, e incluso más, en medio de condiciones difíciles e impactos que se prolongan en el tiempo y quizá el más relevante, como ellas mismas señalaron, su muerte civil, ya sea en la cárcel o en el exilio, la pérdida de derechos civiles, económicos y sociales, y la pérdida de su rol social, un intento de borrado de la historia. También sufriendo una respuesta social de ostracismo, violencia u hostigamiento digital, señalamientos como culpables y complicidad o miedo en las instituciones que tendrían que defender la justicia y la democracia. Quedaron así en una situación de expulsión de la vida social y política en su propio país, sin derechos ciudadanos, sin trabajo, perdiendo sus ahorros o en muchas ocasiones el acceso a sus propias cuentas bancarias, convirtiéndose en parias sin recursos durante los años en que se prolongan estas investigaciones espurias.
El coste físico y emocional del exilio puede verse en problemas de salud que muchas veces tenían anteriormente, agravados por las dificultades del exilio y el estrés de la persecución. Además, la mayor parte de las personas entrevistadas han señalado que han sufrido un fuerte malestar emocional incluso episodios depresivos, problemas de insomnio, con fuerte reacciones de ansiedad, rabia o culpa, incluso en ocasiones ataques de pánico, y han requerido atención psicosocial que ha sido un apoyo muy importante. Frente a las narrativas criminalizadoras que sostienen que las personas huían de la justicia, las entrevistas evidencian que el exilio fue una respuesta a la persecución organizada en su contra y ha implicado un alto costo personal, familiar y profesional. Sin embargo, también han demostrado una enorme fortaleza incluyendo sus convicciones éticas y democráticas que se han fortalecido incluso en el exilio.
El exilio conlleva una situación permanente de ambivalencia e incertidumbre sobre su futuro, un tiempo suspendido que requiere respuestas institucionales. Uno de los más profundos impactos de esa criminalización es en la propia identidad positiva y el reconocimiento social. Señalamientos de cobardía, acusaciones de traición, justificaciones o cuestionamientos del grado de peligro vivido, han sido parte de un relato sobre el exilio que ha sido la justificación de lo intolerable y que este informe muestra absolutamente inconsistente. Es un llamado también para quienes han justificado o mirado para otro lado.
Como señaló una autoridad ancestral criminalizada, y hoy en el exilio, cuando en su comunidad le propusieron esconderse diciendo que lo iban a proteger: no quiero que les llegue a ustedes más violencia por mi causa, lo más importante es fortalecer los procesos colectivos. Es decir, el exilio no como una dejación de responsabilidad, sino como una defensa de la vida, a pesar del enorme costo personal que conlleva. Otras personas no salieron al exilio pensando que tendrían posibilidad de defenderse y que las garantías legales iban a ser respetadas, y aún están en la cárcel.
Impacto social
Sin embargo, el impacto que este exilio ha tenido en el sistema de justicia, en las organizaciones de derechos humanos, universidad e instituciones, en el periodismo, es parte de una herida colectiva de Guatemala, que necesita compromiso y espacios de reconstrucción. Sus impactos no se limitan a los casos analizados, sino que inciden en el mantenimiento de la impunidad, las posibilidades de fortalecimiento democrático y en el futuro de las nuevas generaciones en Guatemala.
En términos sociales los impactos de esta criminalización e impunidad pueden verse en el miedo a la participación, el silenciamiento de voces críticas, la autocensura en el caso de periodistas, y la impotencia aprendida por diferentes sectores sociales que pueden terminar adaptándose a una situación en la que la desesperanza frente a las posibilidades de cambio y democracia, terminen instalándose en un contexto de imposición de quienes tienen el mayor poder económico, político y militar en el país, que debe estar puesto al servicio de la democracia y no de sus propios intereses.
La sociedad guatemalteca ha mostrado que es capaz de movilizarse y sacudirse esa impotencia y que la impunidad no es el horizonte para Guatemala, como han demostrado diferentes movilizaciones sociales en 2015, 2019 y 2023 especialmente. Dichas movilizaciones, junto con el papel de muchos movimientos sociales, sectores democráticos y pueblos originarios, constituyen la esperanza de Guatemala, y una lucha para la que se necesita también el apoyo internacional. La comunidad internacional es clave para acompañar, apoyar y alentar con experiencias, asesoría, apoyo político y económico, y los estándares internacionales, las necesarias respuestas del Estado al exilio.
El informe no empieza hablando de la criminalización y el exilio. Comienza hablando de los logros en esta lucha por la justicia y la democracia de la que todas estas personas han formado parte. Una parte de esa historia de la construcción de la democracia y la lucha por la justicia está, hoy en día, en el exilio, y el informe es un llamado también para la sociedad, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado, al gobierno de Guatemala y la comunidad internacional a abordar el exilio como una prioridad para la democracia.
Recomendaciones
Este informe también mira al futuro, es una herramienta para las propias personas afectadas, el Estado y las instituciones internacionales, y recoge también las demandas de las personas entrevistadas y las recomendaciones de instituciones internacionales.
Las recomendaciones de este informe se centran en tres líneas de acción.
1. Reconocimiento público, de acuerdo con estándares de reparación
en el sistema interamericano, con un discurso público y sostenido en el tiempo de las instituciones estatales que desmonte la estigmatización como “criminales”. Esta narrativa de descriminalización y reconocimiento debería ser asumida por el gobierno, el nuevo Fiscal General y otras instituciones públicas, incluyendo aquellas instituciones que tienen como su mandato la defensa de los derechos humanos como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Además, deben tener coherencia en la posición de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en sus pronunciamientos o
participación en los procesos judiciales.
2. Mesa de trabajo para la descriminalización bajo criterios estrictos del principio de objetividad de la persecución penal. Se recomienda crear una mesa de trabajo multidisciplinaria e interinstitucional, de carácter independiente y situada dentro del Ministerio Público, integrada por personal de distintas fiscalías, personas expertas independientes en la materia y con participación u observación internacional.
Teniendo en cuenta a la vez que hay distintas situaciones: procesos en investigación, en una situación intermedia, etapa de juicio o de impugnaciones, se proponen medidas específicas para cada caso. Pero también considerando que no se puede ir solo caso a caso, en un tiempo interminable, sino tener en cuenta los patrones de criminalización lo que permite desmantelar casos de una forma colectiva.
Tomar medidas ante las amenazas existentes en estos casos de criminalización, la revelación de informaciones confidenciales, el ciberacoso digital y hostigamiento que han sufrido estas personas y que muchas de ellas tienen documentado.
3. Mecanismo de atención y seguimiento para las personas en el exilio
Desde la COPADEH se recomienda establecer un mecanismo específico de atención, acompañamiento y seguimiento de los casos de personas en el exilio. Este mecanismo deberá contar con personal especializado, equipo designado como punto de contacto para las personas en el exilio, así como, con acompañamiento internacional y la participación de personas expertas en la materia para garantizar su implementación y cumplimiento. Incluyendo un procedimiento y apoyo específico para las personas que quieran retornar, así como evaluar la situación y apoyo para las personas que por ahora decidan quedarse en el país de acogida debido a sus circunstancias personales o familiares.
Una reivindicación central de las personas en el exilio es su participación en estos procesos, no son solo personas objeto de ayuda, sino personas con una enorme experiencia y la participación es parte de la reparación. Para el propio exilio, este informe y proceso es un ejemplo de cómo superar las diferencias y buscar caminos comunes para el fortalecimiento de una agenda compartida en la lucha por la justicia y la democracia en Guatemala y la defensa de derechos humanos.
Las medidas de atención psicosocial han sido una demanda en muchos casos que todavía es importante, teniendo en cuenta los posibles procesos de retorno. Por su parte, las políticas de memoria colectiva deben incluir esta dimensión de la criminalización y exilio, deben incluir el estudio y la escucha del exilio que tiene muchas lecciones para el presente y las nuevas generaciones.
Este informe ha sido realizado por un equipo independiente que ha analizado el conjunto de testimonios, informes y evidencias. Por ello señalamos que la crisis que ha dado lugar a esta criminalización y exilio muestra que se necesita que las políticas de derechos humanos en Guatemala cuenten con la necesaria coordinación e institucionalidad con poder de llevarlas a cabo para evitar su repetición. La COPADEH debe transformarse en una Secretaría, que asuma la responsabilidad de ser el ente rector de la política de derechos humanos.
Presidente Arévalo y miembros del Estado, familiares y víctimas de criminalización y exilio, el exilio es un aliado para las transformaciones que Guatemala necesita y por las que se ha movilizado en un ejemplo para el mundo. Esperamos que este informe sea una herramienta para el cambio, de acuerdo con el mensaje de la relatora de Naciones Unidas, Guatemala está en un momento en que se juega esta esperanza.
Muchas gracias, y queremos hacerle la entrega personal del informe en sus manos.
