Por Juan José Hurtado Paz y Paz
En Guatemala se habla con frecuencia de fortalecer la democracia. Se insiste en mejorar las instituciones, transparentar el Estado, fortalecer los partidos políticos o incrementar la participación ciudadana. Todo ello es necesario, pero la discusión no aborda una pregunta fundamental: ¿qué democracia queremos construir y desde dónde debe construirse? La discusión suele concentrarse en cómo mejorar las instituciones existentes, pero casi nunca cuestiona si esas instituciones fueron concebidas para representar la realidad plurinacional de Guatemala o, por el contrario, para consolidar un Estado construido desde el colonialismo y la exclusión de los pueblos originarios.
Durante décadas se nos ha hecho creer que la democracia nace en la ciudad de Guatemala y desciende hacia los municipios y las comunidades mediante leyes, políticas públicas o programas gubernamentales. Desde esa lógica, los territorios aparecen únicamente como receptores de decisiones tomadas desde el poder central.
La historia del país demuestra exactamente lo contrario. Mucho antes de la invasión española y de la formación del Estado guatemalteco, los pueblos originarios ya contaban con formas propias de organización política, espacios de deliberación colectiva, sistemas de autoridad, mecanismos para resolver conflictos y normas para el cuidado de los bienes comunes que ahora se llamarían democracia. La democracia, entendida como la capacidad de una sociedad para decidir colectivamente sobre su presente y su futuro tiene raíces mucho más profundas.
La gran contradicción de Guatemala es que las comunidades continúan sosteniendo buena parte de la vida democrática del país, mientras el Estado sigue siendo profundamente centralizado y el sistema de partidos políticos continúa sin representar la diversidad política, cultural y territorial de la nación, ni los intereses de los pueblos. Los partidos aparecen cada cuatro años prometiendo desarrollo, pero, por lo general, terminan dividiendo a las comunidades, enfrentando vecinos contra vecinos y debilitando las formas de organización que durante generaciones han permitido resolver los problemas colectivos.
Reconocer esta realidad no significa renunciar a la participación dentro del Estado existente. Lamentablemente, es el Estado que hoy tenemos y es el sistema político vigente. Los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes y las organizaciones territoriales no pueden ignorar esos espacios; deben disputarlos democráticamente y procurar transformarlos desde dentro. Sin embargo, reducir la discusión únicamente a una mayor representación indígena dentro del sistema de partidos constituye una visión limitada del problema.
Es fundamental que haya mayor número de personas indígenas, mujeres y jóvenes en cargos públicos, sí. Pero además debemos avanzar en el reconocimiento de que existen pueblos con formas propias de organizar la vida comunitaria, construir consensos, ejercer autoridad, administrar justicia y definir sus prioridades para alcanzar Buen Vivir. Esas formas de organización no son expresiones folclóricas ni sobrevivencias del pasado; son instituciones políticas vivas.
Los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y otras autoridades indígenas de vieja data, así como las numerosas autoridades ancestrales que han venido reconstruyéndose en distintos municipios del país constituyen ejemplos de gobiernos territoriales con amplia legitimidad social. Su autoridad no proviene de campañas millonarias ni de estructuras partidarias, sino del acuerdo y reconocimiento de las propias comunidades. Su fortaleza radica en la honorabilidad, el servicio, la rendición permanente de cuentas, la búsqueda del consenso y la defensa del bien común.
Mientras buena parte de la política nacional gira alrededor de la competencia por el poder, muchas comunidades siguen demostrando que gobernar significa, ante todo, cuidar la vida colectiva.
No se trata de idealizar las formas comunitarias de organización. Como toda construcción humana, tienen falencias y aspectos cuestionables, enfrentan desafíos y contradicciones. Sin embargo, sería un grave error ignorar que contienen principios democráticos y una ética que hoy escasea en las instituciones del Estado y en los partidos politiqueros. La deliberación colectiva, la búsqueda de acuerdos antes que la imposición de mayorías, el ejercicio de la autoridad como servicio y la prioridad del interés común sobre las ambiciones individuales son prácticas políticas que Guatemala necesita recuperar.
Durante el proceso de paz se dio un paso importante con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). Desde el inicio reconoce oficialmente que Guatemala está integrada por cuatro pueblos: Maya, Xinka, Garífuna y Ladino o Mestizo, así como acepta que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que el Estado está obligado a respetar. Sin embargo, ese acuerdo también dejó una deuda histórica. Avanzó en el reconocimiento de derechos culturales y políticos, pero no abordó los aspectos socioeconómicos que sostienen la desigualdad estructural vista desde los Pueblos Indígenas. El acceso a la tierra, el reconocimiento de los territorios indígenas, el control de los bienes naturales y la redistribución del poder quedaron fuera de la discusión pues se postergó para hacerlo en otro acuerdo. Pero, sin transformar esas relaciones de poder, el reconocimiento cultural resulta insuficiente. No fue una omisión casual. Las negociaciones de paz permitieron reconocer parcialmente los derechos culturales, pero evitaron transformar la estructura económica y territorial que históricamente ha sostenido el poder de las élites.
En esa misma dirección, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no puede reducirse al derecho de consulta previa. Su alcance es mucho mayor. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones, decidir sus propias prioridades de desarrollo entendidas desde la cosmovisión de cada pueblo y no necesariamente desde el concepto occidental del crecimiento económico, y participar en todas aquellas decisiones que afecten sus territorios. No puede hablarse seriamente de democracia mientras los territorios indígenas continúen siendo desconocidos o subordinados a intereses económicos y políticos ajenos a las comunidades.
Por ello, el debate sobre la democracia conduce inevitablemente a otro debate: el del Estado que Guatemala necesita construir.
Cada vez más las organizaciones indígenas plantean la construcción de un Estado plurinacional. No se trata de dividir el país ni de crear varios Estados dentro de uno solo, como algunos pretenden hacer creer. Se trata de reconocer una realidad histórica: Guatemala está conformada por varios pueblos que poseen identidades, cultura, idiomas, instituciones, sistemas normativos y formas propias de organización política. Un Estado verdaderamente democrático debe reconocer esa diversidad no únicamente en el plano cultural, sino también en la distribución del poder político, económico, social y territorial.
La plurinacionalidad supone avanzar hacia formas efectivas de autonomía territorial, fortalecer las autoridades propias de los pueblos indígenas, reconocer jurídicamente sus territorios, respetar sus sistemas de gobierno y construir nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos que lo conforman.
Significa pasar de un Estado que administra la diversidad a uno construido con la diversidad. En ese camino también resulta indispensable impulsar el Buen Vivir desde los pueblos y comunidades.
Durante siglos las decisiones económicas se han tomado lejos de los territorios y con escasa participación de quienes viven en ellos. Las comunidades no pueden seguir siendo vistas solo como “beneficiarias” de proyectos diseñados desde los centros de poder. Deben ser los verdaderos protagonistas de las decisiones sobre su propia vida.
La cooperación internacional tiene igualmente una responsabilidad en este proceso. Durante demasiado tiempo los recursos destinados al desarrollo han fortalecido principalmente estructuras intermedias, mientras las organizaciones comunitarias reciben apenas una parte limitada del apoyo disponible. Fortalecer directamente las capacidades organizativas de los territorios, sus autoridades y sus procesos constituye una apuesta estratégica para democratizar el país desde abajo.
Las mujeres indígenas y las juventudes organizadas representan hoy una de las mayores esperanzas para esa transformación. Constituyen una fuerza política que ya está transformando las formas de organización y participación, ampliando las agendas históricas de los pueblos y cuestionando las estructuras tradicionales del Estado y del sistema de partidos. Como ellas y ellos mismos dicen: son presente y futuro.
La discusión de fondo, entonces, no consiste únicamente en fortalecer la incipiente democracia que tanto ha costado alcanzar. Consiste en redistribuir el poder. Mientras las decisiones fundamentales continúen concentradas en una pequeña élite política y económica asentada principalmente en la ciudad capital, la mayoría de la población seguirá participando únicamente como espectadora de decisiones que otros toman sobre su vida y sus territorios.
Redistribuir el poder significa democratizar las decisiones políticas. Los pueblos originarios, las comunidades y los territorios no pueden limitarse a elegir representantes cada cuatro años. Deben participar de manera permanente en las decisiones que afectan su presente y su futuro, fortaleciendo sus propias formas de organización y de gobierno. La democracia representativa debe complementarse con una democracia comunitaria y participativa que reconozca a los pueblos como sujetos políticos colectivos.
También significa redistribuir el poder económico. Guatemala no podrá superar sus profundas desigualdades mientras continúe concentrando la riqueza, la tierra, el crédito, la inversión pública y las oportunidades de desarrollo en unos pocos sectores y territorios. Hablar de democracia sin cuestionar esa concentración conduce a una democracia limitada, incapaz de garantizar condiciones dignas para la mayoría de la población.
Supone, además, redistribuir el poder sobre los territorios. Las comunidades deben tener capacidad efectiva para decidir qué proyectos se corresponden a su visión de Buen Vivir, cómo proteger sus bienes naturales y cuáles son las prioridades para su futuro. Ello exige avanzar hacia el reconocimiento y ejercicio efectivo de las autonomías territoriales.
Democratizar el país exige redistribuir también el poder de definir qué conocimientos cuentan y cuáles son ignorados. Durante siglos el Estado ha considerado válidas casi exclusivamente las formas occidentales de comprender la política, la economía, el derecho y la relación entre las personas y con la Madre Tierra, relegando los conocimientos y las instituciones construidas por los pueblos indígenas. Un Estado plurinacional supone reconocer que existen diversas maneras legítimas de entender el mundo, organizar la vida colectiva, impartir justicia y construir el Buen Vivir. Sin ese reconocimiento, la igualdad entre los pueblos seguirá siendo únicamente formal.
Mientras Guatemala continúe siendo un Estado que reconoce parcialmente la diversidad cultural, pero concentra las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales y medioambientales en unas pocas manos, seguirá reproduciendo el racismo, la exclusión, la explotación y profundas desigualdades. La democratización del país exige reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos colectivos, garantizar sus territorios, respetar sus formas propias de gobierno y avanzar hacia un Estado plurinacional construido desde los territorios.
La democracia que Guatemala necesita no puede seguir edificándose de espaldas a quienes han sostenido históricamente la organización comunitaria. Debe construirse desde los territorios, reconociendo que allí no sólo habita una parte mayoritaria de la población, sino que también sobreviven las experiencias políticas profundas y legítimas que se han conservado y hay que potenciar. Tenemos que unirnos en un proyecto de nación en que quepamos todas y todos.
