Los exdiputados Aracely Chavarría, Ronald Arango y Humberto Sosa fueron condenados por el caso de corrupción en el Ministerio de Salud, una investigación revelada por la antigua FECI y la CICIG en 2019. Las sentencias llegan siete años después de que se evidenciara una estructura señalada de desviar al menos Q55 millones en contrataciones y comisiones ilícitas.
Por Alexander Valdéz
Siete años después, el caso de corrupción conocido como “Asalto al Ministerio de Salud” tiene las primeras condenas contra exdiputados que figuraron en la investigación de la antigua FECI y la extinta CICIG, presentada en 2019. El Tribunal de Mayor Riesgo “D” declaró culpables a los exdiputados Aracely Chavarría, Ronald Arango y Humberto Sosa por su participación en un esquema de tráfico de influencias.
La exdiputada Chavarría fue condenada a siete años y once meses de prisión, Arango a seis años y cuatro meses, ambos por el delito de tráfico de influencias en forma continuada; mientras que Sosa recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión conmutable, a razón de Q100 diarios, por el mismo delito.
Sosa Mendoza fue diputado del Partido Patriota (PP); Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, también integró el extinto PP y del Movimiento Reformador (MR); y Arango, exdiputado del partido TODOS y vinculado a la UNE de Sandra Torres. Durante el juicio, el Ministerio Público (MP) pudo sostener la existencia de una estructura criminal que operó en el Ministerio de Salud entre 2012 y 2014 y que, según la investigación iniciada por la FECI y la CICIG, estaba integrada por alrededor de 100 funcionarios y particulares.
La pesquisa acreditó la comisión de dicho delito y el desvío de Q55 millones mediante el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales, la adjudicación de contratos de bienes y servicios, la compra irregular de medicamentos y la contratación de unas 450 plazas, incluidas plazas fantasma y contrataciones por favores políticos.
Para sustentar la acusación, el MP presentó una investigación de más de 100 mil folios que incluyó informes policiales, análisis criminales y financieros, auditorías de la Contraloría General de Cuentas, ocho horas de grabaciones, el análisis de 37 mil 211 correos electrónicos y testimonios de exfuncionarios del Ministerio de Salud.
Estas condenas llegan después de un proceso marcado por retrasos y reveses judiciales. Aunque la investigación original involucraba a más de 100 personas, la mayoría de los principales señalados fueron beneficiados con resoluciones que evitaron que enfrentaran un juicio o quedaron fuera del caso.
De hecho, los tres exdiputados hoy condenados fueron enviados a debate únicamente después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó una resolución que los había favorecido en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
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Una justicia tardía
En 2019, la FECI y la CICIG expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud para el período 2012 a 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por 100 personas entre funcionarios públicos y particulares. El desvío aproximado detectado de fondos públicos oscila entre los Q55 millones.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la gestión de Consuelo Porras en el MP y la desarticulación de la FECI de Sandoval, una de las prácticas utilizadas para favorecer a los señalados de corrupción fue renunciar o buscar revocar a los acuerdos de colaboración eficaz. En este caso ocurrió.
El exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios. Pero esta declaración luego fue anulada, favoreciendo a los acusados, y se ordenó que Estévez fuera juzgado como otro sindicado en el caso.
A esto se sumó que los antiguos fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI ni pudieron continuar la investigación, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en esa época.
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