Seis meses después de un intenso intercambio de negociaciones, muestras de poder en las cortes y comisiones de postulación, cinco instituciones cuentan con nuevas autoridades y otras con personajes reciclados. Todavía falta la elección en la Contraloría General de Cuentas y en el Banco de Guatemala, previstas para el segundo semestre de este año. Sin embargo, hasta ahora el balance es negativo: la renovación del TSE, la CC, USAC y el MP termina en un maquillaje político donde la alianza tradicional sacrifica nombres pero blinda sus intereses económicos.
Por Rony Ríos
El año comenzó con los procesos para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), seguido por las elecciones de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) desde distintos espacios. Posteriormente se consumó la reelección de forma fraudulenta en la Universidad de San Carlos (Usac) y culminó con la designación del nuevo fiscal general por parte del presidente Bernardo Arévalo.
Para conformar la lista de magistrados al TSE, la UNE pactó con Vamos y otros bloques legislativos para que fueran electos los perfiles que podían acercarse a sus intereses. Sin embargo, pese a la gran cantidad de votos aportados por la UNE, en muy pocos casos, un aspirante representaba un interés principal de favorecer a esta agrupación política.
Lo mismo sucedió cuando el Congreso debió nombrar a sus magistrados a la CC, en donde sus dos representantes estaban mucho más alineados a los intereses de la derecha conservadora, consolidando un escenario en el que la UNE mantuvo poder de negociación, pero cediendo espacios clave a actores tradicionales.
Para el historiador y analista político Alfredo Calderón, estos resultados no son fortuitos, sino parte de una lógica previamente definida. “Todo marcha de acuerdo con lo que planifica la alianza criminal”, afirma, al tiempo que lamenta que los cambios en nombres no implican transformaciones estructurales, ya que a su criterio “cambian las personas, pero no las estructuras”.
Calderón sostiene que las designaciones recientes responden a equilibrios de poder entre sectores empresariales, actores políticos tradicionales e incluso presiones internacionales.
“El nombramiento tiene los límites que imponen Estados Unidos y los empresarios, alguien que no haga olas”, señala, al referirse particularmente a la designación de Gabriel García Luna como fiscal general.
Calderón también considera que, pese a ciertos relevos, “se mantiene el sistema” y que incluso existe una recomposición dentro de lo que denomina una “alianza criminal” que puede prescindir de algunas figuras sin alterar el fondo del control institucional y por ello se dan el “lujo de prescindir de Leyla Lemus, Nester Vásquez, Consuelo Porras y otros”.
Sobre las cortes, el analista apunta que la CC no tocará intereses estructurales porque “van a votar a favor de los intereses empresariales, particularmente en la minería”, lo que refuerza su conclusión de que “el balance es negativo” y que los tres poderes del Estado, junto a instituciones como el TSE, el MP, colegios profesionales y universidades, continúan bajo las mismas lógicas de poder.
En una línea menos categórica, pero igualmente crítica, el politólogo Luis Mack plantea que el escenario actual no representa una mejora sustancial. “Mejor no quedamos. En dado caso estamos menos mal. Estamos acostumbrados a que cuando la cosa no es tan catastrófica la vemos como un triunfo”, explica. Para Mack, el TSE está “en veremos”, recordando que con el anterior tribunal también se generaron expectativas que luego no se cumplieron.
Respecto al nuevo fiscal general, Mack señala que, aunque se le vincula con el círculo presidencial, su perfil “medio/tibio” no garantiza cambios profundos. “No quedó el catastrófico, pero tampoco es optimista; estamos a medias aguas”, resume, destacando que el comportamiento de las instituciones deberá evaluarse con el tiempo.
El análisis también se extiende a la Contraloría General de Cuentas (CGC), cuya debilidad, según Mack, es estructural. “El modelo no es preventivo y enfatiza sanciones de baja cuantía”.
Mack también advierte que, más allá de quién ocupe el cargo, el diseño institucional impide detectar grandes casos de corrupción, como ocurrió con La Línea, lo que evidencia la necesidad de una reforma profunda.
En conjunto, las valoraciones coinciden en que el ciclo de elecciones de segundo grado no alteró de manera sustancial el equilibrio de poder. Aunque hubo reacomodos y negociaciones, las estructuras que han sostenido el control institucional en Guatemala permanecen prácticamente intactas.
Es por ello que aunque el reacomodo de autoridades en las instituciones de control y poder, se va ajustando conforme la coyuntura lo necesite y respondiendo a una misma línea ideológica. Esas divisiones que son mucho más visibles cuando inician la gestión, se van volviendo difusas cuando los magistrados de la UNE, de Walter Mazariegos, la línea de la política conservadora y el oficialismo se alinean con intereses empresariales o particulares.
La cuota del conservadurismo
La política tradicional continúa manteniendo su gran cuota de poder representada en distintos espacios. Acá se agrupan tanto los poderes económicos organizados como el CACIF con las agrupaciones políticas que ondean la bandera de los valores tradicionales.
Aunque existen diferencias entre ellos, coinciden en una agenda basada en la defensa de los llamados “valores tradicionales” como la oposición al aborto, rechazo al reconocimiento de derechos para la población LGTBQ+, defensa del modelo de familia conformado por hombre y mujer, posturas anticomunistas y una visión religiosa —principalmente evangélica y católica conservadora— con fuerte influencia en la política y el sistema de justicia.
Estas coincidencias les han permitido actuar de forma articulada en momentos clave, como la expulsión de la CICIG, la persecución contra operadores de justicia anticorrupción y la disputa por el control de las cortes. El conservadurismo es representado principalmente por las alianzas entre el sector empresarial organizado con partidos políticos fundados en esos valores tradicionales, como las agrupaciones Visión con Valores (Viva) y Valor.
Los electos que se identifican en este sector:
Magistrada titular del TSE – Rosa Josabeth Rivera: Exfuncionaria del gobierno de Óscar Berger, uno de los presidentes con mayores nexos con el sector económico tradicional organizado. Aunque se ha sabido mantener fuera del foco mediático, se le vincula como una de los alfiles del CACIF dentro del TSE.
Magistrado titular del TSE – Roberto Estuardo Morales Gómez: el caso más evidente, ya que fue mandatario judicial de Industria Chiquibul,de siembra de palma africana; ha sido consultor de Fundesa y vinculado a agendas de seguridad jurídica de la propiedad privada. Dentro de su actuar en el sistema de justicia también ha favorecido a Sandra Torres y la UNE.
Magistrado suplente TSE – Alfredo Skinner-Klée Arenales: Se perfila como uno de los perfiles con mayor cercanía al sector empresarial organizado dentro de la nueva integración del TSE. Tiene un pasado que combina su participación en espacios diplomáticos, gremiales, financieros y estatales, ubicándolo en un punto de convergencia entre redes de poder económico y político.
Magistrado suplente TSE – Giovanni Francisco Soto Santos: el señalamiento más fuerte no es directamente con la excandidata presidencial Zury Ríos, sino con redes eferregistas: su padre, Cipriano Soto Tobar, avaló la inscripción de Efraín Ríos Montt pese a la prohibición constitucional; además, Soto Santos es cercano a Walter Mazariegos.
Magistrado suplente TSE – Sergio Amadeo Pineda: Señalado de negociar con Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón su elección como magistrado de la CSJ. Desde ahí integró un bloque de magistrados, liderados por Silvia Patricia Valdés y Néster Vásquez, que favorecieron al sector de la política conservadora que promovió la expulsión de CICIG y el aumento de protagonismo de la Fundación Contra el Terrorismo.
Magistrado titular CC – Roberto Molina Barreto: Fue clave para anular la sentencia por genocidio de Efraín Ríos Montt y posteriormente fue compañero de fórmula en la candidatura presidencial de Zury Ríos, como candidato vicepresidencial por el partido Valor.
Magistrado titular CC – Dina Ochoa: Conocida dentro de los pasillos de las cortes como “la profeta”, por su estrecha relación con la iglesia evangélica neopentecostal. Respaldó la expulsión de CICIG y durante el gobierno de Arévalo ha sido la principal oposición de varias acciones del gobierno central.
Magistrado suplente CC – Luis Rosales: El antiguo abogado del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, y de su hija, Zury Ríos Sosa. Fue diputado por el partido FRG y el partido Valor, cuando Ríos Sosa buscó la presidencia.
Magistrado suplente CC – Claudia Paniagua: Aliada en la política gremial de Nester Vásquez y en la CC se ha alineado al bloque de Molina Barreto y Dina Ochoa, favoreciendo a los intereses de la política tradicional.
El oficialismo
Aunque como en todos los bloques las líneas que los separan son difusas, acá confluyen las cuotas de poder que Bernardo Arévalo y Semilla pudieron aglutinar gracias a dirigir el Ejecutivo y tener una buena representación en el Congreso de la República. En este bloque figura la agrupación de abogados Unidad X la Democracia, como uno grupo cercano al oficialismo por la vinculación de algunos de sus integrantes como asesores del Ejecutivo o con lazos familiares con funcionarios del actual gobierno.
Unidad X la Democracia es un grupo de abogados que participa en las elecciones del CANG y que está impulsado, entre otros, por Gregorio Saavedra -hermano de Julio Saavedra, procurador de la Nación nombrado por Arévalo- y otros abogados cercanos al Ejecutivo. Además, este grupo fue el que ganó la junta directiva del CANG que ahora preside Patricia Gámez.
Magistrada titular CC – Anabella Morfín: el Ejecutivo la designó, pero los cuestionamientos públicos incluyen vínculos profesionales con empresas mineras y cercanía con el procurador General de la Nación, Julio Saavedra y el abogado Alejandro Balsells; ella también fue procuradora General de la Nación, consultora en la CICIG y asesora jurídica en la Fundación Myrna Mack y la Fundación Soros.
Magistrado titular CC – Astrid Lemus: Fue impulsada por la agrupación gremial Unidad X la Democracia. Prestó asesoría legal a los estudiantes universitarios criminalizados por las protestas contra Walter Mazariegos y sin exponerse demasiado también ayudó a las autoridades indígenas criminalizadas por la defensa de la democracia que permitió a Arévalo asumir la presidencia que había ganado en las urnas.
Magistrado suplente CC – Luis Fernando Bermejo: aparece junto con Astrid Lemus como fórmula impulsada por Unidad X la Democracia. Aunque el magistrado también tiene vínculos económico-familiares que lo acercan al poder económico organizado.
Magistrada suplente – María Jocholá: no existen vínculos con ninguno de los grupos tradicionales políticos y económicos, pero al ser nombrada por el Ejecutivo de Arévalo se considera que apoyará a este sector con las acciones que lleguen a la Corte.
Magistrado suplente TSE – Francisco Javier Puac Choz: aparece vinculado a Unidad X la Democracia, con conexiones al Movimiento Semilla y a Libertad y Desarrollo, aunque también se menciona la conexión de esa fundación con Dionisio Gutiérrez y la Corporación MultiInversiones.
Fiscal general – Gabriel Estuardo García Luna: Aunque García Luna es un abogado que ha mantenido equilibrado el criterio para que ninguno de los sectores se sienta atacado con sus resoluciones, se le coloca en este bloque por ser el asesor del procurador General de la Nación,Julio Saavedra, y porque es el propio mandatario quien lo nombra fiscal general.
UNE – Sandra Torres
A diferencia de otros procesos en los que la UNE funcionaba como un eje de negociación decisivo en el Congreso, en esta oleada de elecciones su capacidad de incidencia se diluyó. Dentro del TSE, que será determinante para los próximos procesos electorales, los perfiles vinculados o cercanos a la UNE son escasos y débiles frente a otros bloques. Además, deberá negociar -como ya lo ha hecho- con el conservadurismo para tener una CC orientada a su favor.
Magistrada suplente CC – José Luis Aguirre Pumay: designado por el CSU de Walter Mazariegos, después de seis años siendo asesor del Bufete Popular de la USAC y de ser candidato a concejal de Chiquimulilla por el partido CREO en 2011. Cuatro años más tarde se postuló a diputado por Santa Rosa con el Partido Patriota; en 2019 se postuló para alcalde de Chiquimulilla con el partido Humanista; y en 2023 fue candidato a alcalde por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Magistrado titular TSE – Quelvin Otoniel Jiménez Villalta: Cercano a militantes de UNE, principalmente por sus vínculos con Allan Melgar Solares, excompañero suyo en el Parlamento Xinka y luego funcionario en Santa Rosa. Además, el magistrado ha prestado servicios en las municipalidades de alcaldes que militaron en Lider el desaparecido partido por el cual Manuel Baldizón buscaba llegar a la presidencia (facción de la UNE).
Magistrada titular TSE – Karin Virginia Romero Figueroa: su perfil fue descrito como “la difusa línea entre el PP y la UNE”, aunque los señalamientos más concretos la ubican en el gobierno del Partido Patriota y en cortes electas bajo componendas PP-Líder.
Magistrado suplente TSE – Joaquín Rodrigo Flores Guzmán: los señalamientos lo conectan más con el expresidente Alejandro Giammattei, Sistema Penitenciario y redes judiciales tradicionales que con la UNE.
Walter Mazariegos y la USAC
Walter Mazariegos y su grupo se convirtieron en una fuerza propia dentro del ecosistema de las instituciones de justicia. Gracias a su control totalitario en la USAC no solo lograron influir en elecciones clave, colocando a varios de sus alfiles en el TSE, CC, MP; también lograron autoproclamar a Mazariegos como “rector” de la USAC por cuatro años más, el pasado 8 de abril.
Magistrado titular TSE – Mario Alexander Velásquez Pérez: vinculado a Estuardo Gálvez y Henry Arriaga por redes universitarias y un proceso de licitación fraudulento en la USAC; también estaría vinculado indirectamente con Alejandro Sinibaldi por el caso COCISA.
Magistrada titular CC – Julia Marisol Rivera Aguilar: designada por el grupo de afin a Mazariegos en el Consejo Superior Universitario; además, es la exesposa de Luis Cordón Lucero, actual secretario de la USAC y mano derecha de Mazariegos.
USAC – Walter Mazariegos: aparece como eje propio de poder, la cara visible de un grupo que mantiene secuestrada a la USAC. El poder de Mazariegos y su grupo de consejeros mantiene el control del CSU (órgano superior de toma de decisión en la USAC) e incidió en la elección de magistrados del TSE, la CC, y el fiscal general, durante 2026.
