Prensa Comunitaria tuvo acceso a una citación judicial emitida en febrero de 2026, tres meses antes de la salida de Consuelo Porras del MP. El documento ordena que dos exfiscales de Derechos Humanos, incluida una que investigó el caso Diario Militar, comparezcan a primera declaración, donde se les pretende imputar dos delitos.
Por Alexander Valdéz
Antes de dejar el puesto, Consuelo Porras dejó encaminado un proceso de criminalización contra dos exfiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos, entre ellos la persona que investigó el caso del Diario Militar. Y, aunque el Juzgado Cuarto Penal no autorizó órdenes de captura, sí aceptó la solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos y fijó para el pasado 15 de julio una audiencia de primera declaración, con la intención de imputarles los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Por ahora se desconoce sí la diligencia se llevó a cabo. Sin embargo, esa citación judicial forma parte de una serie de acciones emprendidas contra antiguos integrantes de esa fiscalía, que incluso fueron destituidos de sus cargos sin un procedimiento administrativo. El proceso está identificado con el número 01069-2024-00257 asignado al juez Mario Rodrigo Flores Maldonado.
Uno de los señalados es Tomás Ramírez, exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien estuvo al frente de esa unidad durante la administración de Porras. Aunque su nombre pasó casi desapercibido durante esa gestión, ahora enfrenta un proceso penal impulsado por dicha fiscalía, una unidad de investigación que aún está integrada principalmente por actores vinculados a la administración anterior del ente investigador. La segunda persona citada es una exfiscal que investigó el caso Diario Militar, cuya identidad se omite por razones de seguridad.
“…por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, regulados en los artículos 418 y 419 del Código Penal, respectivamente, por lo que debe presentarse acompañado de su abogado de confianza a la audiencia de primera declaración, señalada para el día 15 de julio del año 2026 a las 08:30 horas, a cargo del juez “A”, misma que se llevará a cabo en la sede de esta judicatura, ubicada en Torre de Tribunales, segundo nivel, bajo apercibimiento de que, de no presentarse a la audiencia anteriormente señalada, podría decretarse su rebeldía y, en consecuencia, emitir una orden de aprehensión en su contra”, señala la orden del juez.
Esta redacción hizo las consultas en el MP acerca del resultado de la diligencia judicial, pero, al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta.
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De acusado a acusador
Esta investigación surge por una denuncia presentada por Toribio Acevedo Ramírez, uno de los acusados en el caso Diario Militar. Acevedo Ramírez, exagente de inteligencia del Estado durante el conflicto armado interno, figura entre los procesados por graves violaciones a los derechos humanos.
Fue acusado por la exfiscal que ahora está siendo criminalizada por el Ministerio Público (MP); por los delitos de desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de humanidad, relacionados con las desapariciones documentadas en el Diario Militar.
En 2025, Toribio Acevedo Ramírez obtuvo la libertad domiciliaria por segunda vez desde que fue apresado la noche del 10 de mayo de 2022. En aquella ocasión Acevedo planeaba tomar un avión desde Panamá rumbo a Alemania. Se encontraba prófugo desde el 27 de mayo de 2021.
Acevedo fue ligado a proceso el 23 de mayo de 2022. Por la gravedad de los cargos el entonces juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, lo envió a prisión preventiva. Pero menos de seis meses más tarde Gálvez se vio obligado a salir al exilio, y el 28 de noviembre de 2022 la jueza Claudette Domínguez, que presidía temporalmente dicho Juzgado, decidió concederle a Toribio Acevedo prisión domiciliaria con autorización para movilizarse en tres residencias distintas, ubicadas en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Zacapa.
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¿Qué habría hecho?
Acevedo fue acusado de participar en operaciones clandestinas e ilegales que derivaron en retenciones en centros clandestinos de detención, interrogatorios mediante diversos métodos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia y violación sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, sustracción de bienes y operativos de vigilancia y seguimiento que provocaron el desplazamiento interno e internacional de decenas de personas.
“Porque usted señor Toribio Acevedo Ramírez, conocido con el alias de El Loco, Locuaz o Lucas, con formación militar, en el contexto del conflicto armado interno, operó dentro del periodo comprendido del 29 de agosto de 1983 al 30 de abril de 1985 con estructuras clandestinas e ilegales, conformadas por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, así como colaboradores especialistas, agentes encubiertos e informantes, asignados a desempeñar cargos o funciones en otras entidades estatales o privadas en la realización de operativos en contra de personas consideradas enemigo interno, para controlarlas, neutralizarlas y eliminarlas”, indica la acusación del MP.
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Uno de los casos más relevantes
El caso Diario Militar es uno de los procesos más relevantes de la justicia transicional en Guatemala porque documenta, a partir de archivos de inteligencia del propio Estado, la desaparición forzada, tortura, violencia sexual y asesinato de al menos 183 personas entre 1983 y 1985, durante el gobierno de facto de Óscar Humberto Mejía Víctores.
De hecho, en mayo de 2021, la entonces Fiscalía de Derechos Humanos capturó a 11 militares y exintegrantes de las fuerzas de seguridad, señalados de participar en estos crímenes, en una investigación que buscaba esclarecer algunas de las violaciones más graves cometidas durante el conflicto armado interno.
Sin embargo, el avance del caso se detuvo con la desarticulación de la Fiscalía de Derechos Humanos durante la gestión de Consuelo Porras. En ese relevo, varios de los fiscales que dirigieron o participaron en el expediente fueron destituidos y posteriormente sometidos a procesos penales.
El entonces juez Miguel Ángel Gálvez, quien conoció el caso y dictó resoluciones clave para que avanzara, también denunció una campaña de hostigamiento y criminalización que lo obligó a renunciar al Organismo Judicial y salir al exilio. Mientras el proceso contra los militares quedó prácticamente estancado.
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