En el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios se llevará a cabo una audiencia en la que se podría dar por finalizada la persecución judicial contra el dirigente campesino Leocadio Juracán.
Prensa Comunitaria
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) realizaron un pronunciamiento previo a la audiencia programada para este miércoles 8 de julio en el departamento de Izabal.
Las organizaciones exigen el cierre definitivo del proceso legal en contra del defensor de derechos humanos y dirigente campesino Leocadio Juracán Salomé, calificando el caso como una muestra de persecución judicial infundada.
La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios. En esta cita, el Órgano Jurisdiccional deberá discutir una nueva acusación presentada por el Ministerio Público (MP), luego de que el proceso fuera suspendido temporalmente hace unas semanas.
Un proceso sin sustento legal
Según explicaron las organizaciones, el pasado 20 de mayo el juez a cargo resolvió la clausura provisional del caso. En dicha oportunidad, la judicatura determinó que el ente fiscal —cuya investigación inicial fue promovida bajo la gestión de la ex fiscal general Consuelo Porras— no demostró la comisión de ningún hecho delictivo.
Debido a la falta de pruebas objetivas tras 10 meses de proceso, el juzgador ordenó al Ministerio Público reformular su planteamiento investigativo. “La persistencia en mantener este caso, pese a la falta de pruebas suficientes, constituye una expresión de persecución penal infundada que vulnera el debido proceso y fortalece los mecanismos de criminalización contra quienes defienden la tierra”, señalaron las entidades en su comunicado oficial.
“Hacer uso del derecho constitucional de presentar un amparo no es delito”, explicó la abogada defensora Wendy López, quien explicó que por esta razón la persecución judicial debe cesar.
El origen de la acusación fue un amparo que Juracán promovió en septiembre de 2024 a favor de las familias de la comunidad Río Tabernal en Livingston, Izabal, para que no fueran desalojadas, pero la acción fue suspendida en enero de 2025. Dos meses después, el 5 de marzo, las familias fueron desalojadas. Un día después del desalojo las familias regresaron al lugar.
Que el MP suelte el “patrón sistemático”
Las organizaciones denunciantes enmarcan esta situación dentro de un “patrón sistemático” de utilización del sistema de justicia penal para intimidar, desgastar y desmovilizar a las autoridades indígenas y dirigentes de la justicia agraria en el país.
Ante este escenario, lanzaron una exigencia directa al actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para que ordene una revisión inmediata del desempeño del fiscal asignado al caso en Puerto Barrios. Demandaron que la fiscalía retome el principio de objetividad y ponga fin al uso del aparato estatal como una herramienta de criminalización hacia la defensa de los derechos colectivos y el territorio.
Un llamado a la solidaridad
El CCDA y UDEFEGUA expresaron su confianza en que las autoridades judiciales actúen de manera independiente y apegadas a derecho para resolver la situación jurídica de Juracán de manera definitiva.
Asimismo, hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional, instando a colectivos estudiantiles, sindicales, religiosos y de derechos humanos a mantenerse vigilantes y acompañar el desarrollo de la audiencia de este 8 de julio.
