La Corte de Constitucionalidad (CC) realizó una vista pública por la apelación presentada por el exfiscal Rafael Curruchiche, que antes de ser destituido, buscaba revocar la libertad condicional de Zamora en el primer caso penal que se inició contra el periodista.
Por Alexander Valdéz
El pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) realizó una vista pública para revisar una apelación que dejó presentada el exfiscal Rafael Curruchiche para revocar la libertad condicional de Jose Rubén Zamora, otorgada por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal en el primer caso que se abrió contra el fundador de elPeriódico y que le obligó a enfrentar un juicio, una condena (anulada) y más de mil días en prisión preventiva.
La abogada Jovita Tzul, defensa del periodista, sostuvo que Zamora ha sido objeto de una persecución penal que calificó como arbitraria y orientada a limitar su libertad de expresión. Dijo que la acción de amparo fue presentada para garantizar su libertad, recordando que el periodista ha comparecido a las audiencias y ha cumplido las medidas de coerción impuestas. También señaló que en su momento el Tribunal Noveno otorgó una medida sustitutiva a la prisión preventiva que fue revertida posteriormente sin justificación legal.
La defensa cuestionó la resolución emitida, el 6 de noviembre de 2024, por la Sala Segunda de Apelaciones, que ordenó nuevamente la prisión preventiva. Habría basado su decisión en supuestos no respaldados por las constancias procesales, incluyendo afirmaciones sobre la falta de respuesta del tribunal de sentencia, pese a la inasistencia del MP y de los querellantes en la audiencia de revisión de medida.
Finalmente, Tzul dijo que la resolución impugnada vulnera derechos constitucionales fundamentales, entre ellos el derecho de defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia.
Por su lado, Zamora tomó la palabra para decir que la investigación iniciada en su contra fue anómala. “La investigación de este caso fue anómala. Fue encuadrada bajo la ley contra la delincuencia organizada, sin embargo, se hizo la investigación y se presentó. El dinero que se imputó tenía cintillos del banco”, señaló.
¿Por qué es importante?
La decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) es clave porque determinará si Jose Rubén Zamora puede continuar enfrentando el proceso penal en libertad o si se restablece la prisión preventiva.
Ese fallo definirá si se mantiene la medida sustitutiva que le permite defenderse fuera de prisión o si se revierte esa condición mientras avanza el caso. En ese primer expediente judicial está pendiente que la Sala Segunda de Apelaciones resuelva sobre la sentencia que se emitió contra el comunicador, que en la actualidad está suspendida.
Acá otra nota que puedes leer:
Los casos contra el periodista
Zamora permaneció en prisión durante más de 1290 días, enfrentando dos procesos penales que, según denunció su defensa, estuvieron marcados por constantes retrasos y restricciones a sus derechos. Durante ese tiempo fue trasladado en distintas ocasiones a tribunales y centros médicos, mientras organizaciones nacionales e internacionales señalaron preocupación por las condiciones de su detención y el impacto del caso en la libertad de prensa en Guatemala.
A lo largo de ambos procesos, los jueces rechazaron repetidamente las solicitudes para otorgarle arresto domiciliario, pese a los argumentos relacionados con su estado de salud, edad y el tiempo prolongado que llevaba privado de libertad.
El encarcelamiento de Zamora se inició, el 29 de julio de 2022, en un primer proceso en el que se le acusó de ocultar el origen de Q300,000. Ese dinero fue incautado en efectivo, aunque presentó documentos que acreditaban su procedencia: la venta de una obra de arte destinada a pagar salarios de trabajadores en el extinto diario elPeriódico.
En el segundo proceso, que lo mantiene bajo prisión preventiva, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Jose Rubén Zamora de obstrucción a la justicia, señalando que intentó interferir en una investigación por lavado de dinero supuestamente ocurrida en 2013. A ese expediente se sumó también una tercera imputación: la presunta falsificación de firmas en boletas de declaración jurada utilizadas para viajar al extranjero, dando pie a la petición de abrir otro proceso por uso de documentos falsificados.
