En 2019, la FECI y la CICIG destaparon una de las mayores redes de corrupción en el Ministerio de Salud, ahora tres exdiputados enfrentan juicio por presunto tráfico de influencias. El caso fue reactivado por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el debate avanza entre exclusión de pruebas, testigos ausentes y dudas sobre si habrá condenas para los únicos políticos de alto nivel que han llegado a esta fase del proceso.
Por Alexander Valdéz
La justicia puede llegar tarde, ¿pero llegará? Esa es una duda que aplica a uno de los procesos por corrupción más grandes develados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que evidenció una red del más alto nivel político y que involucró a más de 100 personas que se habrían dedicado a beneficiarse con plazas fantasma, comisiones por contratos de bienes y servicios, así como con la construcción y remozamiento de hospitales a nivel nacional.
Siete años después, un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) reactivó el caso y obligó a la jueza Abelina Cruz a enviar a juicio a tres exdiputados que ya habían sido librados de proceso y cuyo debate ahora se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo “D”.
El juicio se desarrolla con más dudas que respuestas respecto a si serán condenados o no por los hechos que en su momento les fueron imputados, relacionados con un supuesto tráfico de influencias.
Se trata de Humberto Leonel Sosa Mendoza, exdiputado del Partido Patriota (PP); Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, exdiputada del extinto PP y del Movimiento Reformador (MR); y Ronald Arango, exdiputado del partido TODOS y vinculado a la UNE de Sandra Torres. A los tres se les vincula con contrataciones irregulares dentro de la cartera de Salud.
El debate arrancó hace tres semanas. Por ahora, son los únicos tres políticos de alto nivel que han llegado hasta esta fase del proceso penal. De hecho, los principales líderes de la presunta estructura criminal ya fueron librados del caso e, incluso, la jueza Cruz, al asumir el control del expediente, anuló la prueba clave: la declaración de un colaborador eficaz y los informes de análisis criminal que formaban parte del expediente.
Un debate en desarrollo
El juicio contra los exlegisladores ha avanzado en medio de una serie de reclamos planteados por las defensas, que han buscado excluir más pruebas presentadas por el Ministerio Público. Solo en las primeras jornadas, al menos dos recursos de reposición debieron ser discutidos ante los reclamos de los abogados defensores, quienes sostienen que el proceso no se está desarrollando conforme a la ley.
Uno de los reclamos giró en torno a la declaración de Raquel Mendoza, quien estuvo a cargo del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud durante la administración de Jorge Villavicencio. Mendoza relató que recibían correos electrónicos e instrucciones para contratar personal referido supuestamente por los exdiputados procesados. Sin embargo, la defensa objetó su testimonio al señalar que, antes de ingresar a la sala de audiencias, sostuvo comunicación con Edson Oliva Zapeta, otro de los testigos del caso, una situación que, según los abogados, impedía validar ambas declaraciones.
La segunda discusión se centró en una caja con documentación presentada por el Ministerio Público. La defensa argumentó que dicho material no había sido autorizado durante la audiencia de ofrecimiento de prueba y que, por lo tanto, su contenido no podía ser conocido dentro del debate. No obstante, el tribunal rechazó los recursos planteados, avaló la declaración de Mendoza y resolvió que primero debía determinarse qué contenía la documentación para evaluar su incorporación al juicio.
A ello se suma que la fiscalía ha renunciado a algunos testigos técnicos al argumentar que no fue posible ubicarlos para comparecer al juicio. El pasado miércoles, se discutió ese asunto y los jueces no accedieron y otorgaron un plazo de tres días más a los fiscales para que ubiquen a las personas que deben declarar en calidad de testigos.
Entre ellos está: Andrea Sarahí Nieves Aguilar, una secretaria propuesta para que rindiera su declaración sobre lo que le conste de las supuestas presiones que ejercieron los exparlamentarios para la contratación de personal o bien la adjudicación de contratos de obra acorde a sus intereses. Aparte, se deberá contactar a Rodrigo Javier Pinto Villar.
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Un robo millonario
En 2019, la FECI y la CICIG expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud para el período 2012 a 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por 100 personas entre funcionarios públicos y particulares. El desvío aproximado detectado de fondos públicos oscila entre los Q55 millones.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la etapa de apertura a juicio, el MP expuso informes policiales de investigación; de análisis criminal y financieros, de la Contraloría General de Cuentas; ocho horas de grabación de conversaciones; 37,211 correos electrónicos analizados; un colaborador eficaz; declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
Presentación de CICIG
Sin colaborador eficaz
Durante la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público y la desarticulación de la FECI de Sandoval, una de las prácticas utilizadas para favorecer a los señalados de corrupción fue renunciar o buscar revocar a los acuerdos de colaboración eficaz. En este caso ocurrió.
El exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios. Pero esta declaración luego fue anulada, favoreciendo a los acusados, y se ordenó que Estévez fuera juzgado como otro sindicado en el caso.
A esto se sumó que los antiguos fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI ni pudieron continuar la investigación, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en esa época.
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Los beneficiados
Lo que hace relevante este juicio contra los exdiputados, es que son los primeros en que alcanzan esa fase del proceso penal por corrupción. De los 100 que figuraban en la acusación, en su mayoría han librado a la justicia gracias a fallos de la jueza Abelina Cruz, mientras que otros de menor rango dentro de la supuesta organización aún están vinculados al caso, pero aún sin llegar a debate.
Entre las personas favorecidas se encuentran Cándida Saraí Villavicencio Delgado, hija del fallecido exministro Jorge Villavicencio. Así como los exdiputados Luis Fernando Pérez, Delio Edvin García Argueta y Roberto Kestler Velásquez, quienes habían sido acusados por la antigua FECI de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias dentro del Ministerio de Salud, entre 2012-2014.
Estuardo Galdámez, exdiputado por Quiché. fue otro de los beneficiados. Fue hasta marzo de este año que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que el exdiputado Galdámez fuera ligado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.
En este caso también estuvieron señalados diputados de la actual legislatura como Boris España, Luis Alberto Contreras, actual presidente del Congreso de la República, e Inés Castillo. No se les pudo investigar por su derecho de antejuicio, pero el caso aún no ha sido cerrado.
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