Seis periodistas y dos columnistas fueron investigados después de cubrir la captura de Jose Rubén Zamora, documentar las irregularidades del proceso judicial y publicar críticas contra funcionarios del Ministerio Público. El expediente muestra cómo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) recopiló notas informativas, editoriales, columnas de opinión y publicaciones satíricas para sustentar una investigación que durante tres años fue rechazada por los tribunales.
Por Rony Ríos
La mañana del 28 de febrero de 2023 marcó un nuevo capítulo en la ofensiva judicial contra la libertad de expresión, ya que, durante una audiencia relacionada con el caso contra el fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, los entonces fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y Ervin Joel Bolvito Enríquez, solicitaron al juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez que se iniciara una investigación contra periodistas y columnistas que habían cubierto el proceso penal.
La petición fue respaldada por Raúl Falla, representante de la Fundación contra el Terrorismo, y por el delegado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Eliseo Humberto Solís Muñoz. Del otro lado de la sala, el entonces abogado defensor de Zamora, Juan Francisco Solórzano Foppa, pidió rechazar la solicitud.
Lo que comenzó como una petición formulada durante una audiencia terminó convirtiéndose en un expediente penal contra los periodistas: Julia Corado, Gerson Ortiz, Cristian Vélix, Alexander Valdéz, Denis Aguilar y Rony Ríos, así como contra los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.
El delito inicialmente señalado fue obstrucción de la justicia; sin embargo, con el paso de los meses, el expediente reveló que la investigación no estaba construida alrededor de una acción específica atribuida a los periodistas, sino por las publicaciones que habían realizado sobre el caso Zamora, fiscales y jueces que participaban.
De la cobertura al expediente
El 8 de marzo de 2023 el agente fiscal Adonay Augusto Catavi Contreras, de la Fiscalía de Casos Nuevos, rechazó conocer la investigación y remitió el expediente a la FECI, pese a que, según la resolución emitida por el juez Bremer, el caso debía ser conocido por una fiscalía distinta a la que pidió la investigación.
Aun así, el expediente terminó en manos de la misma fiscalía que había impulsado la solicitud de investigación.
Meses después, el 13 de mayo de 2023, el juez Bremer emitió un informe en el que modificó el delito que debía investigarse. Lo que originalmente había sido planteado como obstrucción de justicia pasó a convertirse en conspiración para la obstrucción de la justicia.
Aunque este cambio parece pequeño, sí era relevante para facilitar las investigaciones del MP y las posibles acciones penales en contra de los comunicadores.
Según el Código Penal, la obstrucción de justicia sanciona acciones destinadas a impedir, dificultar o entorpecer una investigación o un proceso judicial, mientras que la conspiración para la obstrucción de la justicia se refiere a la existencia de dos o más personas que acuerdan cometer un delito determinado.
Este cambio le permitía al MP que en lugar de perseguir a los comunicadores por una conducta consumada (obstruir la justicia), se emprendieran las acciones por el acuerdo previo para cometerla, aunque el acto final no llegue a ejecutarse.
La investigación quedó bajo reserva judicial y fue asignada al fiscal Allan Javier Tánchez Castañeda, quien meses previos había sido señalado por la jueza Erika Aifán como uno de los presuntos responsables de filtrar información sobre los Q122 millones que fueron encontrados en la Antigua Guatemala y pertenecían al exministro José Luis Benito.
Mientras tanto, los periodistas intentaron conocer las razones de la investigación y presentaron solicitudes de acceso al expediente el 4 de mayo, el 23 de mayo y el 7 de junio de 2023. El acceso a la información fue limitado hasta que finalmente se entregó una copia digital del expediente el 12 de junio. A través del acceso al expediente se pudo corroborar que la verdadera naturaleza del caso se centraba en que las opiniones y cobertura periodística sobre la detención de Zamora no le eran favorables a la gestión de Consuelo Porras.
Un expediente construido con publicaciones
La principal evidencia recopilada por el Ministerio Público no consistía en reuniones clandestinas, llamadas telefónicas, intercambios de información reservada o algún indicio de concretarse para obstruir la justicia, eran simplemente publicaciones periodísticas.
Decenas de notas informativas, editoriales, columnas de opinión y textos satíricos de la sección El Peladero fueron recopilados por investigadores del MP para ser incorporados al expediente. Entre ellas aparecían las primeras coberturas sobre la captura de Jose Rubén Zamora y los allanamientos contra elPeriódico.
También se incluyeron publicaciones sobre el congelamiento de las cuentas bancarias del medio, las audiencias judiciales, los recursos legales promovidos por la defensa, los cuestionamientos internacionales al proceso y los señalamientos sobre posibles irregularidades.
Las notas recopiladas incluían trabajos firmados por Alexander Valdéz, Cristian Vélix, Rony Ríos, Denis Aguilar, Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez. Además, había textos firmados como “Redacción”, en alusión a que fueron elaborados por equipo de elPeriódico, lo que hizo que las pesquisas se extendieran contra la directora Julia Corado y el jefe de Redacción, Gerson Ortiz.
Entre ellas, textos sobre las críticas nacionales e internacionales a la captura de Zamora, las declaraciones de su defensa y los cuestionamientos al desarrollo del proceso judicial; sin embargo, la recopilación no se limitó a las coberturas informativas.
Los investigadores también incorporaron editoriales institucionales de elPeriódico, columnas de opinión y publicaciones de El Peladero, la sección satírica que durante años criticó a funcionarios, empresarios y actores políticos.
Las publicaciones incómodas
El expediente muestra que algunas de las publicaciones recopiladas contenían críticas directas a la fiscal general Consuelo Porras, a la fiscal Cinthia Monterroso y a otros funcionarios vinculados a los casos impulsados por la FECI. Incluso fue incluido un apartado en el que se publicó la captura de pantalla de un tweet de la cuenta Yes Master.
Los investigadores incorporaron textos como “Casos del MP están pegados con chicle”, “La maestra canuta” y “Al estilo de Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso hace trampa en su examen de ascenso”, todos publicados en El Peladero.
También fueron incluidos editoriales que denunciaban hostigamiento contra Zamora, columnas que cuestionaban el desempeño del MP y análisis que señalaban la existencia de un pacto de impunidad en Guatemala.
La amplitud de las publicaciones recopiladas evidenciaba que el interés de la investigación trascendía la cobertura judicial estrictamente relacionada con Zamora.
El expediente parecía más una radiografía de las críticas que elPeriódico había dirigido contra determinados funcionarios que a una investigación sobre una conducta criminal específica. Incluso, el MP hizo anotaciones en el expediente para quejarse de una fotografía que favorecía al entonces abogado de Zamora, tildándola de editada con Photoshop.
Los periodistas en la mira
La investigación se desarrolló en un contexto particularmente complejo para la prensa guatemalteca. La captura de Zamora en julio de 2022 fue seguida por el congelamiento de las cuentas bancarias del medio, procesos penales contra trabajadores y una creciente presión económica que terminó provocando el cierre de elPeriódico en mayo de 2023.
Mientras el medio luchaba por sobrevivir, algunos de sus periodistas enfrentaban simultáneamente investigaciones penales derivadas de las publicaciones que realizaban sobre ese mismo proceso.
La situación generó preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales de libertad de prensa, que advirtieron sobre el riesgo de utilizar el sistema penal para perseguir el ejercicio periodístico.
El mensaje que se transmitía desde el MP de Consuelo Porras fue que cubrir determinados casos podía tener consecuencias judiciales para quienes los documentaban, si se presentaban críticas sobre los mismos.
El freno de los tribunales
Durante tres años la FECI intentó mantener viva la investigación; sin embargo, una cadena de resoluciones judiciales fue cerrando el camino.
En enero de 2024, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal rechazó continuar con el proceso y concluyó que el asunto debía ser conocido por un Tribunal de Imprenta.
La resolución reconoció que el caso estaba relacionado con publicaciones periodísticas y, por lo tanto, debía analizarse bajo las garantías constitucionales que protegen la libertad de emisión del pensamiento.
Dos meses después, en marzo de 2024, la Sala Tercera de Apelaciones confirmó la decisión y rechazó los argumentos de la FECI, pero el MP continuó litigando para reabrir la vía penal.
En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó el amparo provisional promovido por la FECI. Posteriormente, en agosto de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación de la fiscalía y reiteró que los periodistas no debían ser investigados penalmente por sus publicaciones.
Finalmente, en enero de 2026, la CSJ emitió una sentencia de amparo definitiva que volvió a rechazar las pretensiones de la FECI y ratificó que el ejercicio periodístico no podía ser perseguido mediante la vía penal utilizada en este caso.
Pese a esta negativa, la FECI dirigida por Rafael Curruchiche presentó una última apelación que debe ser conocida por la CC; para esta acción los magistrados programaron una vista pública en la que los periodistas y sus abogados expusieron sus argumentos para proteger la libertad de expresión.
El MP, ahora bajo el mando del fiscal general Gabriel García Luna, presentó un memorial para desestimar la apelación, con lo cual deja como único camino a la CC rechazar la apelación de la FECI y ratificar el cierre de la vía penal para perseguir a los periodistas.
En opinión del abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, el MP restringió de forma indebida la libertad de expresión de los periodistas y columnistas que trabajaban en elPeriódico, ya que, se dijo que a través de sus opiniones y notas de prensa cometían un delito, castigando el contenido de una opinión.
Además, Ortiz recordó que el artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala establece que las críticas a los funcionarios no constituyen delito o falta y si no están de acuerdo con una publicación se tiene que resolver en un Tribunal de Imprenta -similar a un Tribunal de Honor-.
“Este es uno de los pocos casos que conocemos recientemente donde se está castigando a una persona por el contenido de sus opiniones, esa es una de las peores formas de violar la libertad de expresión, quizá junto con la censura porque es una censura ex post, que tiene el mismo efecto. No permitimos la censura para proteger la libertad de expresión porque reduce el debate de ideas, pero cuando castigamos el contenido de las opiniones generamos, lo que los americanos llaman, un Chilling effect (efecto inhibidor),como un efecto de enfriamiento, es decir, cuando una persona ve que otra persona es procesada por sus opiniones hay temor a expresarse y eso enfría el debate”, dijo Ortiz.
Un precedente para la libertad de prensa
Tres años después de iniciada la investigación, los tribunales decidieron frenar la persecución penal y con esas resoluciones no solo favorecieron a los periodistas señalados, sino que también reafirmaron un principio fundamental para cualquier democracia. Que las publicaciones periodísticas, incluso aquellas que resultan incómodas para el poder, no pueden convertirse automáticamente en evidencia criminal.
El expediente construido por la FECI terminó revelando que más que una conspiración para obstruir la justicia mostró cómo la cobertura periodística fue utilizada como justificación para abrir una investigación penal contra quienes la realizaron.
Al final, los tribunales decidieron que las notas, columnas, editoriales y publicaciones satíricas recopiladas por el Ministerio Público no eran pruebas de un delito; eran, simplemente, periodismo.
