Dos meses después de que la Sala Tercera de Apelaciones ordenó el cambio de juzgado en el caso contra los exdirigentes de los 48 Cantones que participaron en las protestas de 2023, y a un mes después de notificar la resolución, el expediente aún no ha sido trasladado al Juzgado Tercero Penal. La demora mantiene paralizado el proceso e impide que los acusados soliciten audiencias de libertad o avancen hacia la etapa de apertura a juicio.
Por Alexander Valdéz
En 2023, los rostros de las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán se convirtieron en un símbolo de la resistencia indígena que salió a las carreteras para defender los resultados electorales. Desde las marchas pacíficas y otras actividades en los territorios, Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc, Basilio Puac y otros dirigentes indígenas pasaron a ocupar un lugar central en uno de los momentos políticos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Pero el tiempo convirtió aquella lucha en un castigo; una batalla judicial que hoy sigue sin resolverse.
El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras llevó a varios de esos dirigentes ante los tribunales bajo acusaciones de terrorismo. Más de un año después de las primeras detenciones, el expediente no avanzó. Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que fueron autoridades de los 48 Cantones en 2023, permanecen en prisión preventiva, mientras que los demás procesados o señalados siguen a la espera de que se defina el rumbo de un caso.
El expediente aún no camina en el sistema de justicia, al contrario, enfrenta obstáculos y permanece sin avances debido a que sigue sin llegar a un juzgado, lo que ha impedido la programación de audiencias. Es así como los cuatro exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán siguen recorriendo un largo camino judicial o una extensa prisión preventiva.
El pasado 20 de mayo, se conoció que la Sala Tercera de Apelaciones designó a Mynor Moto para hacerse cargo del proceso. Sin embargo, Jovita Tzul, abogada de Basilio Puac, procesado junto a Pacheco y Chaclán, denunció retrasos en el traslado del expediente a la nueva judicatura
“A nosotros nos fue notificada un mes después. Solo ahí vemos el primer retraso, digamos. El acto de notificación debe hacerse en un plazo de la forma más expedita posible, de la forma más inmediata y aún ahora con la notificación electrónica pues se tardaron un mes en notificar. Nosotros hemos estado procurando el seguimiento del expediente en el juzgado tercero y pues nos han indicado que el mismo no ha llegado a ese órgano jurisdiccional, lo cual también constituye un retraso grave”, señaló la abogada.
El caso ha pasado por cuatro juzgados y cinco jueces sin que logre avanzar. La Fundación contra el Terrrosimo ha pedido apartar a tres de ellos. El Juzgado Cuarto Penal asumió inicialmente el control, pero fue apartado. Las primeras audiencias se realizaron en el Juzgado de Turno Penal, que envió a prisión preventiva a dos de los acusados, medida que sigue vigente hasta hoy.
Posteriormente, el proceso fue trasladado al Juzgado Quinto Penal. Más tarde llegó al Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, quien igualmente se excusó, aunque antes resolvió prolongar la prisión preventiva de dos de los dirigentes criminalizados. Finalmente, el caso fue asignado al juez Mynor Moto, pero el expediente aún no ha sido remitido a esta judicatura.
El hecho de que el caso llegue al nuevo juzgado es importante porque permite que la defensa pueda hacer peticiones al nuevo juez, como programar una audiencia para solicitar la liberación condicional de dos de los criminalizados o que se avance a la etapa donde se define si se envía o no a juicio a los cuatro acusados.
Persisten los retrasos injustificados
La abogada Tzul añadió que, aunque la resolución que designó al juez Moto tiene fecha del 20 de abril de 2026, la defensa fue notificada hasta el 20 de mayo, un mes después. Además, aseguró que al 12 de junio el expediente todavía no había sido recibido por el Juzgado Tercero Penal. La defensora calificó la situación como un retraso grave e incluso señaló que podría constituir una falta administrativa por parte de quien tiene a cargo el expediente.
Indicó que, pese al seguimiento realizado por la defensa, no existe constancia de recepción del caso ni se ha emitido alguna resolución relacionada con su traslado, lo que mantiene el proceso paralizado. Tzul afirmó que esta demora afecta directamente el derecho de defensa de los acusados y vulnera su derecho a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable.
“Solo por mencionar, el caso de don Luis y don Héctor tuvieron su audiencia de primera declaración en abril del 2025. Y después de eso no han tenido ni una sola audiencia más en el caso de don Basilio. Tuvo su audiencia de primera declaración en enero de este año y ya estamos en junio y no hemos llegado tampoco a la etapa intermedia. Inclusive en el caso de él, hay una situación bien particular porque hubo un levantamiento de reserva parcial en el caso de don Luis y don Héctor. Sin embargo, en el caso de don Basilio, el caso continúa bajo reserva y hay peticiones que hemos presentado de que esta reserva se levante, que no han sido resueltas”, mencionó.
La profesional del derecho también advirtió que la incertidumbre procesal se mantiene debido a que continúan pendientes diversas resoluciones, entre ellas solicitudes para levantar la reserva del caso de Puac y una apelación presentada por la fiscalía para que sea ligado a proceso por terrorismo. A criterio de Tzul, las autoridades deben garantizar que el expediente avance y que los acusados puedan ejercer plenamente su derecho de defensa.
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Más de un año de criminalización
La articulación de la entonces Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán junto a autoridades de otros pueblos indígenas fue determinante para frenar los intentos de distintos actores y grupos de poder de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. En medio de los cuestionamientos a los resultados electorales y las acciones impulsadas desde el MP de Consuelo Porras, el gobierno de Alejandro Giammattei y otros afines al oficialismo, las autoridades indígenas encabezaron una movilización nacional en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas.
Hubo un plantón permanente frente a la sede central del MP para exigir la renuncia de Porras, así como marchas pacíficas que partieron de distintos territorios y convergieron en el Centro Histórico y en los alrededores del MP.
Al momento de su detención, Pacheco era viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas, una institución clave en la gestión de recursos naturales y territorio. El 28 de agosto de 2025 fue aprehendido Esteban Toc, exvicealcalde indígena de Sololá, señalado de cinco delitos: asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, sedición, obstrucción a la justicia y terrorismo. Permaneció en prisión casi una semana, y el 6 de septiembre un juez de turno le otorgó una medida sustitutiva de arresto domiciliar debido a su delicado estado de salud.
Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, fue detenido el 14 de enero de este año, y un juez de turno lo ligó a procesos por cuatro delitos: asociación ilícita, sedición, obstaculización a la justicia y obstaculización a la acción penal. La audiencia se realizó a puerta cerrada, pero el juez le otorgó medida sustitutiva de prisión domiciliar.
Por aparte, según los abogados defensores, existen otras órdenes de captura contra otros miembros de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán de 2023, que están actualmente en el exilio.
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