Ante nuevos impuestos y propuestas más severas contra el envío de dinero familiar desde Estados Unidos, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben asumir la defensa de sus diásporas como una prioridad económica, diplomática y moral.
Por Josué Fiallo
Hay dineros que no son fuga de capital. Son regreso de responsabilidad.
Una remesa no es una transacción fría. Es una madre pagando medicinas desde una ciudad donde trabaja de madrugada. Es un padre que acepta horas extras para que en su pueblo no falte comida. Es una hija que sostiene a sus abuelos desde un apartamento compartido. Es el salario de la ausencia convertido en arroz, alquiler, útiles escolares, consulta médica, techo reparado, respiro.
Por eso, cuando desde Estados Unidos se discuten impuestos y restricciones contra las remesas, América Latina y el Caribe no pueden mirar hacia otro lado. No estamos ante un detalle técnico del sistema financiero. Estamos ante una pregunta de fondo: ¿puede una democracia castigar el acto privado de ayudar a la familia?
La alerta es real. Desde el 1 de enero de 2026, Estados Unidos aplica un impuesto federal de 1% a las remesas enviadas al extranjero cuando el remitente paga en efectivo, giro o cheque de caja, según el Servicio de Impuestos Internos. La carga recae sobre el remitente, justo sobre quienes usan canales presenciales: los de menos recursos. Y el debate avanza hacia propuestas más agresivas. El congresista republicano Chip Roy presentó el 21 de mayo de 2026 la llamada REMITTANCE Act, que gravaría con 25% las remesas enviadas por extranjeros desde Estados Unidos. Una es ley vigente; la otra, apenas propuesta. Pero el mensaje político que las une es el mismo: convertir el apoyo familiar transnacional en objeto de castigo.
Guatemala conoce el peso de lo que está en juego. En 2025 recibió un récord de US$25,530 millones en remesas, equivalente al 20.7% de su economía, casi US$70 millones diarios. Algunas estimaciones atribuyen al Banco de Guatemala una posible pérdida anual de entre US$200 y US$225 millones al año. Los datos más recientes, publicados el 5 de junio, invitan a leer con atención: en mayo de 2026 ingresaron US$2,221.4 millones, una caída de 2.6% frente al mismo mes de 2025, la primera señal de retroceso interanual desde la entrada en vigor del impuesto, aunque todavía es prematuro atribuirle una relación causal. Si se mantiene la tendencia observada durante los primeros meses del año, Guatemala podría cerrar nuevamente por encima de los US$25,000 millones. La resiliencia del migrante es admirable. No debería ser, sin embargo, la política pública de nadie.
La región entera es el expediente. El Banco Interamericano de Desarrollo proyectó que América Latina y el Caribe recibirían alrededor de US$174,400 millones en remesas en 2025, con dieciséis años de crecimiento ininterrumpido. En Centroamérica representan cerca del 13.3% del producto interno bruto; en el Caribe, alrededor del 10%. En Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití y Jamaica, cualquier encarecimiento de estos envíos se traduce rápido en menos alimentos, menos medicinas, menos educación y más presión migratoria.
Haití permite ver la dimensión más dolorosa. Se reportó en abril de 2026 que unos 5.8 millones de haitianos, más de la mitad de la población, enfrentaban inseguridad alimentaria aguda, y más de 1.4 millones habían sido desplazados por la violencia. La paradoja es severa: el Departamento de Estado mantiene a Haití en nivel 4, no viajar. Si un territorio es demasiado peligroso para el visitante estadounidense, también debe considerarse demasiado frágil para políticas que corten el ingreso familiar que mantiene a comunidades enteras en pie.
La República Dominicana debe leer este debate con igual atención. El Banco Central informó que las remesas alcanzaron US$11,866.3 millones en 2025 y crecieron 4.1% entre enero y abril de 2026. Según el BID, Estados Unidos es la fuente del 84.5% de las remesas dominicanas y del 62.8% de las haitianas. La diáspora no es periferia sentimental de la nación: es parte de su economía, de su estabilidad cambiaria, de su presencia en el mundo.
Resulta injusto, además, presentar las remesas como pérdida para Estados Unidos. Quienes las envían también consumen, pagan alquileres e impuestos, cuidan niños y ancianos, trabajan en construcción, salud, agricultura y restaurantes. No son extractores de riqueza. Son productores de riqueza donde viven y protectores de vida donde nacieron.
El problema se agrava porque enviar dinero ya cuesta: el Banco Mundial estima el costo promedio mundial en 6.36% del monto transferido. Y cuando el canal formal se encarece o se vuelve intimidante, el dinero no deja de moverse; se mueve peor, hacia redes opacas y sin protección. El Center for Global Development calcula que un aumento de 1% en el costo podría reducir en 1.6% las remesas por canales formales. Esa consecuencia no protege a nadie. La política que dice buscar orden puede terminar produciendo desorden.
¿Qué deben hacer los gobiernos de América Latina y el Caribe? Primero, dejar de reaccionar tarde: articular una posición común ante Estados Unidos desde la OEA, la CARICOM, el SICA y la CELAC, firme, serena y basada en datos. Segundo, intervenir ya en los procesos regulatorios: el Tesoro y el IRS reciben comentarios públicos sobre las reglas del impuesto hasta el 12 de junio de 2026. Faltan pocos días. Las cancillerías, bancos centrales y superintendencias de la región deberían presentar observaciones coordinadas, con argumentos jurídicos, económicos y humanitarios. Tercero, fortalecer la protección consular financiera: orientar a la diáspora sobre canales seguros, costos comparados y derechos del consumidor, en español, en inglés, en creole. Cuarto, negociar con bancos y plataformas para reducir costos, cuidando que la bancarización no se sienta como una trampa sino como un puente. Quinto, proteger las remesas sin capturarlas: la remesa es admirable por el sacrificio que expresa, pero también revela una deuda social, porque nadie debería verse obligado a emigrar para que su familia pueda comer.
Y sexto, mirar a Haití con responsabilidad compartida. Una Haití más hambrienta y más asfixiada financieramente será una Haití más inestable. Y la inestabilidad del vecino nunca se queda del otro lado de la frontera.
La región necesita una diplomacia de la diáspora. Una que vea al migrante no como estadística sino como sujeto de derechos. No como nostalgia útil en campaña electoral, sino como ciudadano económico, cultural y afectivo. No como cajero automático de la patria, sino como parte viva de la nación.
Cuando una remesa llega, no llega solo dinero. Llega una promesa. Llega una llamada cumplida. Llega una familia que resiste a distancia. Llega el país que se fue sin dejar de pertenecer.
Defender ese pan que cruza fronteras no es un gesto técnico. Es recordar, con voz clara, que la solidaridad familiar no debe convertirse jamás en campo de batalla político.
