La elección de rector de la USAC no solo tiene efectos en una institución académica sino también en varias entidades del país, por lo que, la actual crisis por la elección fraudulenta de Walter Mazariegos puede ser una advertencia para las elecciones generales de 2027 advierten arquitectos.
Por Simón Antonio Ramón
La lucha por la anulación de la reelección fraudulenta de Walter Ramiro Mazariegos Biolis como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) continúa, con su epicentro en la Corte Constitucionalidad (CC). Por tercer día consecutivo, universitarios y agremiados al Colegio de Arquitectos Profesionales se hicieron presentes frente a la máxima corte, ubicada en la 11 avenida entre 9na y 10a calle de la zona 1.
Con mantas en las que se llaman a las y los magistrados de la CC a anular el fraude electoral de Walter Mazariegos ocurrido el 8 de abril en Antigua Guatemala y con consignas que “la USAC no se vende, se defiende”, transcurrió el tercer día del plantón. Esta vez acudió el gremio de arquitectos profesionales y miembros de la planilla opositora Dignidad y Transparencia a la cual el Tribunal Electoral no quiso inscribir en la elección de cuerpos electorales.
El arquitecto Héctor Castro dijo que los hechos que generaron la crisis en la universidad evidencia que se está desafiando el estado de Derecho, porque la CC debe protegerlo y no violentarlo. “Participaron en este movimiento para el rescate de la universidad de la agrupación del Colegio de Arquitectos que no estamos de acuerdo por la forma que se está llevando a cabo los procesos de elección para el cargo de la administración como lo es la rectoría”, dijo.
Denunció que la planilla de la agrupación Dignidad y Transparencia no fue inscrita por el Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos, pero la planilla oficialista y afín a Walter Mazariegos también poco ganó las elecciones y fue acreditada por el Consejo Superior Universitario (CSU).
“Eso lo que nos está indicando que en Guatemala ya no hay estado de Derecho, que se está jugando con la voluntad mayoritaria que se está haciendo ahorita en los distintos cuerpos electorales de estudiantes, colegios o profesores y eso se va amplificar a nivel nacional, no solo por el papel que juega la universidad es una institución que tiene mucho impacto en el trabajo institucional del Estado sino que también con lo que va ser con las elecciones, si no hay estado de derechos estamos en una nueva modalidad de dictadura”, señaló.
A la denuncia de Héctor Castro sobre las irregularidades de los resultados electorales también se suman que Abner Monroy renunció a la planilla oficialista días antes de la acreditación de esa planilla, el 6 de abril, y José Manuel Martínez López, no estaba activo según la revisión de la página del colegio profesional, por lo que una acción legal presentada ante la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales hizo que se anulara la elección.
Irayda Ruiz Bode, integrante de Dignidad y Transparencia quien promovió el amparo en contra de la Comisión de Cuerpo Electoral Universitario por la elección ante el Juzgado Décimo Quinto, dijo que el proceso de elección de rector está afectando la autonomía de la USAC.
“La base total de la autonomía universitaria es su autogobierno y su autogobierno es su pilar en la democracia. Es decir, respetar la voluntad de las mayorías universitarias, sus egresados, estudiantes y sus docentes”, señaló.
“Estamos cansados de la pérdida de la institucionalidad que existe en la universidad por la pérdida de la democracia, la pérdida de los valores y los fines por parte del actual usurpador de la rectoría de la Universidad de San Carlos”, denunció.
Una apelación con el voto concurrente de Astrid Lemus
El martes 2 de junio se conoció que la CC otorgó una apelación al Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos con el que se confirma su exclusión en el proceso electoral, al consultarle sobre la acción legal dijo que causa más asombro el voto concurrente de Astrid Lemus. “Lo esperábamos porque sabemos que hay varios miembros de la CC a los cuales se les ha señalado por un sesgo que responden a intereses diferentes a intereses del país, de la universidad; sin embargo, nos sorprende de alguna manera la decisión de adhesión de un cuarto magistrado, no obstante decimos que estos no es el final, esto no detiene nuestra lucha”, señaló.
La decisión de Astrid Lemus generó molestias dentro de la agrupación Dignidad y Transparencia, otro grupo de abogados buscaron justificar la decisión. Prensa Comunitaria tuvo acceso al voto razonado de la magistrada en el que indica:
“Comparto el sentido del auto emitido por este Tribunal Constitucional, mediante el cual se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la autoridad denunciada y, se revocó el otorgamiento del amparo provisional decretado por el tribunal de amparo en primer grado, en atención a que conforme quedó evidenciado en las actuaciones, la acción constitucional fue promovida sin haberse agotado previamente el presupuesto procesal de definitividad, al encontrarse pendiente de resolución el recurso de apelación instado contra la decisión que rechazó la inscripción de la agrupación “Dignidad y Transparencia”.
