Por Miguel Ángel Sandoval
Ante nuestros ojos la KK perpetró un fraude de ley escandaloso. Si queremos vivir con algo parecido a una democracia con Estado de derecho no puede ser tolerado por la ciudadanía, y menos por el gobierno actual. Soy de formación sociológica y política y sí sé de los derechos jurídicos y políticos que me asisten como a cualquier ciudadano.
Pero en el caso de la KK estamos viendo en vivo y a todo color un fraude de ley por tres magistrados. Uno, impuesto por las gestiones del funcionario de la embajada de EE. UU. (es algo público), otra por el conocido Mafariegos, y una más por la mafia judicial enquistada en la Corte Suprema de Justicia. El punto es que el tema de la USAC, por razones elementales de ética, no debía y no podía ser conocido por la emisaria del seudorector. Tenía la obligación moral, ética de inhibirse. Todo debido a como dicen los juristas: un conflicto claro de intereses.
Además, el amparo definitivo dado por el juzgado 15 no podía ser anulado por la KK. No es un asunto constitucional, sino un tema de orden legal, cotidiano. El derecho de amparo que no puede ser negado, así de fácil. De esto se pueden extraer varias conclusiones. La primera es que la KK cometió, el 1 de junio, un fraude de ley escandaloso. Y segundo, nadie está obligado a respetar o en su ocaso obedecer órdenes manifiestamente ilegales. Y esto aplica para la KK. La resolución del primero de junio debe ser rechazada por la ciudadanía entera.
Ante esto tenemos dos opciones. La primera es desconocer por la gente de la Universidad a la magistrada nombrada por el usurpador. Y si hay resistencia, plantear la defenestración de los tres magistrados que cometieron el delito de retorcer la ley. Son cuentos que son de la más alta magistratura. Han demostrado ser bandidos. Hay que defenestrarlos.
La segunda es la intervención de la USAC y separar a los corruptos puestos por el fraude del seudorector. Alguien puede argumentar que intervenirla es autoritarismo, pero no se puede mantener a una bola de bandidos en el control del 5% del presupuesto nacional. Tan claro como el agua. Y lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es expulsar a los delegados del seudorector de todas las instituciones del Estado en donde la USAC tiene representación. A esto se debe agregar una auditoría forense y congelar los salarios del seudorector y de los funcionarios que ilegalmente ocupan cargos en el Consejo Superior Universitario. Es la única vía para recuperar la USAC a la democracia.
Esto se plantea luego de largas discusiones con integrantes del Frente Amplio por la Democracia (FAD). Es lo mínimo para poder contar con una Universidad estatal que sirva a los intereses es de la educación nacional, y no a una banda de delincuentes que están enquistados por el fraude de ley que se comete desde hace mucho tiempo en el país. La democracia no equivale al fraude de ley. La KK no es la más alta instancia legal. Hoy es la cloaca.
