Abogados señalan que realizar una denuncia contra un funcionario como lo hizo la exfiscal en contra de Lester Castellanos no es ningún delito.
Por Simón Antonio Ramón
La defensa legal de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Lilian Virginia Laparra Rivas, evacuó por escrito la vista pública del recurso de casación que estaba programada para este viernes 22 de mayo.
El equipo legal presentó el jueves 21 de mayo el memorial que conocerá la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para emitir su veredicto sobre la sentencia de abuso de autoridad en forma continuada, emitida el 16 de diciembre de 2022.
El Tribunal Octavo de Sentencia Penal presidido por la jueza Oly González, sentenció a la exfiscal por el delito de abuso de autoridad a cuatro años de prisión inconmutable, inhabilitación especial del cargo como agente fiscal e inhabilitación de cuatro años para optar a un cargo público, y la Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió que la exfiscal devolviera los salarios percibidos entre octubre de 2019 a noviembre de 2019 por un total de Q218 mil 958.38.
El equipo de defensa legal de Laparra señala que ella no cometió ningún delito al denunciar a Lester Castellanos. Además, que la sentencia de la Sala Segunda del Ramo Penal en donde confirmó la sentencia dada por la jueza Oly González, vulnera derechos establecidos en la legislación nacional e internacional.
El caso
Según un boletín de la organización Impunity Watch sobre el caso de criminalización contra Virginia Laparra, entre octubre de 2018 a noviembre de 2019, la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) promovieron varias denuncias administrativas en contra del juez Lester Castellanos, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo en Quetzaltenango.
“Una de las denuncias se refiere a la filtración de información de un caso bajo reserva al abogado Omar Barrios. Como consecuencia de dicha denuncia, en mayo de ese mismo año -2018-, la Junta de Disciplina Judicial sancionó al juez Castellanos por haber filtrado información confidencial y lo suspendió de sus funciones por cinco días, sin goce de salario”, indica.
En represalia, Castellanos presentó una denuncia penal contra la exfiscal en junio de 2018 por abuso de autoridad, señalando que tal facultad sólo le corresponde a la fiscal general quien era Consuelo Porras y en 2019, volvió a presentar una nueva denuncia en contra de Laparra, que fue remitida al Juzgado Séptimo Penal de la ciudad de Guatemala, a cargo del juez Sergio Mena.
El 23 febrero de 2022, la exfiscal fue detenida en Quetzaltenango a partir de una orden de detención emitida por Mena. Pasó casi dos años en prisión preventiva. El mismo juez aceptó como querellantes adhesivos a Lester Castellanos, Omar Barrios y la Fundacion contra el Terrorismo. El juez la ligó a proceso por los delitos de usurpación de atribuciones y abuso de autoridad y desestimó el delito de falso testimonio.
En el exilio y con respaldo internacional
La exfiscal salió del país el 18 de julio de 2024, una semana después de una segunda condena por el delito de revelación de información confidencial, en donde figuró como querellante Castellanos. En este caso, Laparra fue condenada a cinco años de prisión conmutable, una multa de Q50 mil, la inhabilitación de ejercer como abogada por cinco años y la inhabilitación por 10 años de ejercer un cargo público.
La vista pública estaba programada para el 8 de septiembre, sin embargo, se adelantó para este 22 de mayo. Varias organizaciones internacionales pidieron a la CSJ garantizar el debido proceso y acoger la petición de Virginia Laparra porque su actuación no constituye ningún delito.
