La audiencia de etapa intermedia estaba planificada desde el 5 de febrero, pero se realizará este 20 de mayo tras suspenderse en dos ocasiones. La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal.
Por Simón Antonio Ramón
El miércoles 20 de mayo, en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal se realizará la audiencia de etapa intermedia del caso de criminalización en contra de Leocadio Juracán Salomé, dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y exdiputado al Congreso de la República.
En esta audiencia se conocerá la investigación del Ministerio Público (MP) sobre las acusaciones contra el dirigente campesino. El juez decidirá si Juracán enfrentará juicio oral y público por el delito de usurpación agravada, por una denuncia del finquero Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre.
El caso
Mota Vidaurre denunció al dirigente campesino, responsabilizándolo porque las familias que habían sido desalojadas en la comunidad Río Tebernal, finca Jocoló de Livingston, Izabal, habían regresado al lugar.
Leocadio Juracán fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora en la ciudad de Guatemala, a las 11:05 horas del 13 de agosto de 2025, acto policial calificado irregular porque nunca le mostraron la orden de detención. El 18 de agosto de 2025 fue ligado a proceso por el delito de usurpación agravada.
El dirigente campesino denunció que su criminalización es por defender los derechos de la población. “Agradecer a todos los que nos han acompañado en esta situación muy difícil por alzar nuestra voz ante la injusticia, por acompañar a la población vulnerable y por ser defensor de derechos humanos”, dijo en una conferencia de prensa este martes 19 de mayo.
Está audiencia de etapa intermedia estaba planificada desde el 5 de febrero. “El proceso se inició el año pasado y ha sido reprogramada la audiencia dos veces”, dijo la abogada Wendy López, defensora de Leocadio Juracán.
Las audiencias fueron suspendidas el 5 de febrero y el 30 de abril, por excusas de los querellantes del caso.
El caso de Leocadio Juracán es uno de las 3 mil 150 personas criminalizadas del CCDA entre 2016-2026. También, se une a los casos de criminalización que desató Consuelo Porras Argueta durante su gestión como fiscal general. Desde el Ministerio Público se persiguió a autoridades indígenas como los casos de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, Esteban Toc, y Basilio Puac. En la misma gestión de Porras, se persiguió a operadores de su justicia, estudiantes universitarios y periodistas.
