Por Josué Fiallo
Hubo un tiempo en que las leyes se discutían con expedientes abiertos, cifras sobre la mesa y desacuerdos procesados como trabajo. Lo recuerdo de 2016, en Santo Domingo, durante la elaboración de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Había diferencias reales. Había intereses distintos. Pero la disputa giraba alrededor del texto, no alrededor del agravio. La ley terminó promulgándose el 1 de junio de 2017.
Por eso golpea lo que acaba de ocurrir en una república de nuestra región. Dos legisladores, ambos con trayectoria reciente de presidencia del Congreso, recurrieron en redes sociales a mensajes que combinaron descalificación personal, ridiculización corporal y, en uno de los casos, una insinuación de violencia física dirigida a quien los había criticado. Uno escribió, en respuesta a un colega que cuestionaba su gestión, una larga cadena de epítetos sobre apariencia, lealtades y supuestas hipocresías religiosas. El otro, frente a una advertencia ciudadana sobre el desmonte de un marco antilavado, prometió, palabra a palabra, “una buena lección” en un próximo encuentro físico. No se trata de exabruptos privados entre desconocidos. Se trata de palabras emitidas por actores que han ocupado la cúpula del poder legislativo.
Conviene medir bien la gravedad. El problema no es que haya dureza en la confrontación política. La democracia admite el conflicto. Lo que no puede admitir sin costo es que el insulto reemplace al argumento, que la degradación del adversario sustituya a la refutación y que la amenaza insinuada quiera pasar por temperamento. Cuando un legislador habla así, no solo exhibe mal carácter: comunica un criterio de poder. Dice, en los hechos, que la palabra pública ya no sirve para persuadir, sino para humillar.
La degeneración del lenguaje sería grave en cualquier circunstancia. Lo es más todavía porque coincide con una discusión legislativa de alto impacto nacional. Una iniciativa que crea una ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya superada en debates, volvió a entramparse a pocos días del cierre del período ordinario. Desde autoridades parlamentarias y financieras se ha advertido que ese atraso compromete la preparación del país para su próxima evaluación internacional y lo expone a un deterioro reputacional serio.
Lo más inquietante es la lógica del canje. Distintos reportes periodísticos han documentado intentos de condicionar la aprobación de la ley a cambios en materias sensibles, entre ellas el régimen de extinción de dominio y las reglas que gobiernan al Ministerio Público. Allí está, precisamente, una parte del fondo: la disputa por las reglas del control patrimonial y de la persecución del dinero ilícito. La ley de extinción de dominio fue diseñada para permitir la recuperación de bienes sin condena penal previa, y una enmienda buscó exigir sentencia firme en supuestos vinculados al lavado. Por eso el deterioro verbal no puede leerse como ruido lateral. A veces el insulto funciona como cortina, como método de distracción o como forma de marcar fuerza cuando el debate sustantivo se vuelve incómodo.
A esta altura, la experiencia dominicana no debe usarse como arrogancia retrospectiva, sino como recordatorio del oficio. La Ley No. 155-17 sustituyó la antigua Ley No. 72-02, actualizó el marco sobre delitos precedentes y se apoyó expresamente en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en convenciones de Naciones Unidas sobre delincuencia organizada transnacional, terrorismo y corrupción. No fue una obra de unanimidad. Fue una obra de procedimiento. Hubo diferencias, objeciones, intereses encontrados. Pero la naturaleza del desacuerdo nunca canceló las reglas mínimas de la deliberación. Esa es la lección comparada: la deliberación admite la pelea política dura, no la sustitución del argumento por la grosería.
Cualquier república que aspire a sostener su orden democrático necesita exactamente eso: cauce. Necesita que la política vuelva a discutir definiciones, umbrales, sujetos obligados, controles, garantías, proporcionalidad y capacidades de investigación. Necesita que quienes objetan una norma expliquen con precisión qué artículo cuestionan, por qué lo cuestionan y con qué alternativa. Necesita menos teatro de tribu y más responsabilidad de Estado. Porque cuando la conversación pública se llena de insultos y amagos, el país no gana franqueza: pierde gobierno civilizado.
Hay, además, una dimensión histórica que no debería banalizarse. En naciones marcadas por conflictos armados internos que dejaron decenas o cientos de miles de muertos y desaparecidos, el lenguaje de enemistad no suena neutro. La memoria colectiva escucha en esas frases algo más que grosería. Escucha la vieja tentación de expulsar al otro de la comunidad moral antes de derrotarlo en el terreno de las razones. La democracia, para sostenerse, necesita justo lo contrario: adversarios, sí; enemigos absolutos, no.
También la ciudadanía debe mirarse en este espejo. La investigación académica sobre redes sociales muestra que los contenidos cargados de emoción moral e indignación circulan más y que el refuerzo social en línea amplifica esas expresiones. Esa lógica empuja a muchos actores a confundir visibilidad con autoridad y ferocidad con liderazgo. Pero una sociedad no puede quejarse del envilecimiento de su dirigencia mientras celebra cada humillación cuando proviene del bando propio. El doble rasero es una escuela de cinismo. Si el insulto es condenable, debe serlo sin importar quién lo profiera y contra quién lo dirija.
Lo que está en juego, entonces, no es solo la aprobación de una ley antilavado. Está en juego la capacidad de una sociedad para conservar una esfera pública donde la palabra no sea un garrote. Está en juego la posibilidad de exigir a los representantes electos un mínimo de contención, de decoro y de respeto por la dignidad del discrepante. Está en juego, en suma, la idea de que la política puede seguir siendo un espacio de confrontación fuerte sin convertirse en un mercado de agravios.
Nombrar este deterioro no es fragilidad. Es defensa institucional. Toda democracia termina pareciéndose, en alguna medida, a aquello que decide tolerar. Si se tolera la intimidación verbal desde la cúspide del poder, mañana costará más contener formas peores. Si, en cambio, se le pone límite ahora, con reproche cívico, con responsabilidad mediática y con exigencia ciudadana, todavía se puede recuperar algo esencial: la convicción de que el oficio democrático empieza por el idioma.
Las repúblicas que aún están a tiempo de corregir el tono y de ordenar el debate deben recordar una verdad básica: disentir no exige deshumanizar, criticar no exige humillar y gobernar, mucho menos legislar, no autoriza a amenazar. Los países necesitan leyes mejores, desde luego. También necesitan palabras mejores. Sin ambas cosas, la República se encoge.
