En su primer día como fiscal general García Luna anunció una liquidación de la FECI. Además, García Luna prometió una comisión especial para hacer una revisión de los expedientes de criminalización.
Por Alexander Valdéz
En su primera presentación a la prensa, el nuevo fiscal general Gabriel García Luna anunció que a partir de este lunes empezará un proceso de liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirigida hasta este domingo por Rafael Curruchiche, uno de los fiscales aliados a Consuelo Porras y con sanciones internacionales por corrupción. El objetivo, según indicó, será determinar cómo se han manejado los expedientes desde esa unidad fiscal.
Según Luna, la FECI estará en una etapa de liquidación porque se ha perdido la “credibilidad ciudadana” y es en respuesta a ello que se hará una revisión de cada expediente. “A partir del día de mañana, la FECI entra en una etapa de liquidación. Es porque lastimosamente la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”, dijo Luna.
Esta será la primera tarea anunciada por el nuevo fiscal general la que indicó responde a múltiples denuncias de abusos cometidos por la FECI desde que está a cargo Curruchiche, principalmente por la fabricación de casos contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes de la USAC y operadores de justicia.
Además, el fiscal dijo que se hará una revisión del personal de otras fiscalías que están dirigidas o integradas por personal que enfrenta sanciones internacionales por corrupción. Así como los que han sido denunciados por dirigir expedientes para criminalizar a voces críticas.
La FECI dirigida por Rafael Curruchiche fue una de las unidades del Ministerio Público que en principió fue la que mejores capacidades de investigación tenía, sin embargo, tras su desarticulación en la última gestión, enfrentó mayores cuestionamientos. Curruchiche, junto a fiscales como Cinthia Monterroso y Leonor Morales, encabezaron investigaciones y procesos penales contra periodistas, exfiscales y otros actores críticos, entre ellos Jose Rubén Zamora.
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Reserva de casos
Otra de las tareas anunciadas por García Luna será la revisión del uso de la reserva legal aplicada en distintos expedientes judiciales, especialmente en casos de criminalización. Durante los últimos años, esa figura fue utilizada en investigaciones contra exfiscales, periodistas y otros actores críticos, para limitar su acceso a la defensa.
García Luna indicó que se verificará si las reservas legales aún continúan vigentes o si ya vencieron conforme a los plazos establecidos. Además, explicó que se evaluará caso por caso para determinar si dichas restricciones todavía se justifican de acuerdo con el contenido y estado de los expedientes.
“Hay una reserva que es legal y obligatoria, la de lavado de dinero. Hay otra que es procesal por un tiempo determinado, el juez la autoriza pero debe cumplir con ciertos requisitos. La revisión que se hará es si estos persisten o se cumplió con los plazos para levantarla. Es prácticamente intolerante llevar casos bajo reserva del inicio hasta el fin, por años”, explicó.
¿Qué pasará con los expedientes de criminalización?
García Luna señaló que su administración revisará los expedientes iniciados durante la gestión de Consuelo Porras, por medio de una comisión especial. Entre ellos figuran procesos dirigidos contra periodistas, exfiscales, operadores de justicia, activistas y defensores de derechos humanos, los cuales generaron fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país por el uso del sistema penal contra actores críticos.
Según explicó, cada caso será evaluado de manera individual para determinar el estado de las investigaciones, los fundamentos jurídicos y las actuaciones realizadas por las fiscalías. García Luna indicó que el objetivo será verificar si los expedientes se ajustan a derecho y si existen condiciones para continuar con las investigaciones o revisar las medidas adoptadas durante la administración anterior.
“La idea es formar una comisión para analizar cada uno de los casos dentro del sistema y que cada una de las personas afectadas puedan acercarse al MP para una revisión de esos casos. No podemos analizar en qué estados se encuentran, pero lo que se tiene que ofrecer es imparcialidad y legalidad. Las persecuciones sin proceso no tienen cabida”, mencionó.
Confirma nombramientos
En los primeros movimientos está Edwin Santiago Chavajay quien será el nuevo secretario general; Shirley García Ovalle estará al frente de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación; y Salvador Guzmán asumirá como encargado de política criminal. Los primeros dos trabajaron junto a él en la PGN asesorando a Julio Saavedra.
Chavajay ha desarrollado parte de su carrera en instituciones públicas y firmas privadas. Desde 2024 ocupa el cargo de asesor en Derecho Penal en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y también imparte cursos de Derecho Penal en la Universidad Rafael Landívar.
Entre 2021 y 2023 integró la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde estuvo a cargo de coordinar el equipo de análisis jurídico de la vocalía V, enfocado en recursos de casación y acciones de revisión en materia penal.
En el sector privado trabajó en litigio constitucional, penal, civil y mercantil, además de arbitraje comercial. También se desempeñó como secretario de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala (CRECIG).
Por su lado, García Ovalle se desempeñó como coordinadora de Ejecución de Proyectos del Organismo Judicial, donde estuvo a cargo del diseño, implementación y seguimiento de programas financiados con cooperación internacional, además de la gestión de donaciones y evaluación de indicadores. De hecho, allí coincidió laboralmente con Ángel Pineda, aunque se asegura que no existe una relación cercana entre ambos.
Previamente trabajó como asistente de Relaciones Internacionales del Organismo Judicial entre 2018 y 2022, así como auxiliar administrativa en la Gerencia Administrativa de esa institución.
Se inicia un nuevo momento en el MP
Con la llegada de Gabriel al MP comenzó una nueva etapa para una institución marcada por ocho años de gestión de Consuelo Porras. La exfiscal general deja el cargo en medio de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales, además de sanciones por corrupción y medidas que le prohíben el ingreso a más de 40 países.
Durante una conferencia de prensa ofrecida tras asumir el cargo, García Luna indicó que Porras mantendrá un esquema reducido de seguridad personal. La decisión fue mencionada en medio de cuestionamientos sobre las políticas internas relacionadas con la protección a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio Público.
Sin embargo, fue la propia Consuelo Porras quien derogó el acuerdo implementado en administraciones anteriores que permitía brindar seguridad al personal que dejaba la institución. En su momento, Porras cuestionó públicamente una medida adoptada durante la gestión de Thelma Aldana relacionada y ordenó el retiro de esquemas de seguridad.
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Las últimas horas de Consuelo Porras
Las últimas horas de Consuelo Porras al frente del MP estuvieron lejos de una despedida tranquila. El viernes presentó el informe de labores de su último período de cuatro años en una actividad cerrada, sin acceso para la prensa ni para representantes de sociedad civil.
Al acto únicamente asistieron jefaturas de distintas fiscalías y personal administrativo afín. Porras evitó responder preguntas y tampoco ofreció una conferencia de prensa para rendir cuentas sobre una gestión marcada por fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales.
Mientras dentro del MP se desarrollaba un acto hermético, afuera crecía el rechazo ciudadano. Fue así como desde las primeras horas de este sábado se realizaron marchas, concentraciones y actividades en distintos puntos de la capital y en Quetzaltenango para celebrar la salida de Porras y expresar el descontento acumulado durante sus ocho años de gestión. Entre consignas, pancartas y discursos, decenas de personas denunciaron la criminalización contra periodistas, estudiantes, operadores de justicia, autoridades indígenas y defensores de derechos humanos.
La jornada también estuvo acompañada de cohetillos, música y expresiones de algarabía frente al ente investigador. Para muchos manifestantes, la salida de Porras representa el cierre de un período señalado por la regresión autoritaria, la persecución selectiva y el debilitamiento de la lucha contra la corrupción.
Durante su gestión, fiscales, jueces y personas vinculadas a casos anticorrupción terminaron en el exilio o procesados penalmente, mientras que las investigaciones por corrupción fueron cerradas o quedaron sin avances.
