Por Juan José Hurtado Paz y Paz
En momentos de tensión política, suele aparecer una idea que se presenta como sensata, incluso responsable: la necesidad de “no confrontar”, de “bajar el tono”, de “mantener la unidad nacional”. Bajo ese argumento, se justifican gestos, silencios, negociaciones y posicionamientos que se consideran necesarios para preservar la gobernabilidad pues no se enfrenta a quienes “les pueden mover la silla”. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿unidad para quién y en función de qué intereses?
En el mundo y también en Guatemala, la historia nos ha enseñado que el llamado a la unidad nacional rara vez ha sido neutral. Con frecuencia ha significado la subordinación de las demandas de las mayorías a los intereses de minorías poderosas. Se invoca la unidad, pero se omite que el país está profundamente marcado por desigualdades estructurales: entre pueblos indígenas y las élites criollas, entre quienes viven del trabajo diario y quienes viven del trabajo de otros, entre mujeres y hombres, entre campo y ciudad, y otras desigualdades. En ese contexto, hablar de unidad sin abordar esas asimetrías puede convertirse en una forma de perpetuarlas.
Se argumenta que el liderazgo político debe evitar confrontaciones con sectores de poder —internos y externos— para no desestabilizar el país. Pero esa prudencia, cuando se convierte en regla permanente, corre el riesgo de transformarse en complacencia. Y la complacencia, en política, no es neutral: tiende a favorecer a quienes ya tienen poder. La historia reciente demuestra que las élites económicas y políticas no dudan en ejercer presión y represión violenta cuando sus intereses se ven amenazados.
No se trata de promover la confrontación y mucho menos queremos regresar a los tiempos de la guerra interna que nos desangró. No se trata tampoco de desconocer la complejidad de gobernar en un país como el nuestro, tan complejo y complicado. Gobernar implica negociar, construir acuerdos y, en ocasiones, ceder.
Pero hay una diferencia fundamental entre negociar desde una posición ética clara y ceder en aspectos que afectan los derechos y las aspiraciones de las mayorías. Cuando las decisiones políticas comienzan a justificarse más por la necesidad de “quedar bien” con todos para así terminar el período de gobierno que por la coherencia con un proyecto de país incluyente y justo, vamos mal. ¿Qué democracia se defiende? Un principio ético de quienes asumieron la responsabilidad de estar al frente del gobierno que se proclama democrático es la primacía del bien común sobre los equilibrios acomodaticios.
El verdadero sentido de la unidad nacional no puede construirse sobre el silencio frente a las injusticias, ni sobre la postergación indefinida de las demandas históricas de los pueblos. La unidad que Guatemala necesita no es la que acomoda a todos en una misma mesa sin cuestionar las relaciones de poder, sino la que se funda en la dignidad, en la equidad y en el reconocimiento pleno de los derechos de quienes han sido históricamente excluidos.
Los pueblos mayas que defienden su cultura, sus territorios y el derecho a decidir sobre sus vidas, los campesinos que luchan por acceso a la tierra, las mujeres que exigen igualdad de derechos y una vida libre de violencia, los trabajadores que buscan condiciones dignas, todas las personas y pueblos que somos diversas y diversos, no podemos seguir siendo el “costo” de una supuesta estabilidad. No es legítimo que se nos pida paciencia infinita mientras se cuidan las susceptibilidades de quienes han tenido privilegios durante generaciones.
Gobernar implica, en momentos que se requiere, tomar postura y actuar con firmeza, incluso si ello incomoda a sectores poderosos. Implica reconocer que no todos los intereses son equivalentes y que, cuando entran en conflicto, debe prevalecer el interés colectivo. Pretender quedar bien con todos puede parecer una forma de actuar inteligente en el corto plazo, pero a la larga favorece a los poderes establecidos y erosiona la confianza de quienes esperan cambios reales.
El refrán es antiguo, pero sigue siendo vigente: “no se puede quedar bien con dios y con el diablo”. No se puede pretender impulsar transformaciones que sienten las bases para una democracia real y al mismo tiempo garantizar que nada esencial cambie para quienes se benefician del orden actual. Tarde o temprano, las contradicciones se hacen evidentes.
Esto no significa desconocer los riesgos de la confrontación, ni desear escenarios de ruptura. Significa, más bien, asumir con honestidad que hay momentos en los que es necesario trazar límites frente a prácticas que socavan la institucionalidad y buscan mantener la cooptación del Estado. No debemos perpetuar discursos que intentan legitimar la desigualdad como algo natural o inevitable.
Es cierto que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”. Es decir, nadie está suficientemente preparado para gobernar hasta que le toca hacerlo. Y, por el otro lado, quienes son cuestionados no deben buscar invalidar lo que se observa, diciendo que “¿acaso ustedes lo harían mejor’”. Cada quien debemos asumir la responsabilidad que quisimos tomar.
La ciudadanía, especialmente las mayorías históricamente excluidas, no espera perfección de sus gobernantes, pero sí coherencia. Espera que, en medio de las tensiones, las decisiones se orienten hacia la construcción de un país más justo, y no hacia la preservación de equilibrios que, al final de cuentas, perpetúan las mismas estructuras de siempre.
No se trata de evitar la confrontación a toda costa, sino discernir cuándo es necesario asumirla con responsabilidad y con un horizonte claro: el bienestar de las mayorías. También significa tener claridad de con quienes se debe apoyar para avanzar. La paz verdadera no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Aún estamos a tiempo de comenzar a cambiar cosas.
