A través de las acciones legales se busca anular el fraude electoral en donde Walter Mazariegos se declaró reelecto como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) el pasado 8 de abril.
Por Simón Antonio Ramón
Integrantes de la agrupación USAC Dignidad y Rescate presentaron 10 amparos con los que buscan revertir el fraude electoral en la rectoría de la Universidad de San Carlos, por medio del cual se impuso a Walter Mazariegos. Las acciones buscan anular la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) que excluyó a los cuerpos electorales y declarar la nulidad del proceso por errores de fondo e ilegalidades.
Las acciones legales se presentaron en el Centro de Justicia de Primera Instancia Civil, ubicado en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Los planteamientos buscan que se cumpla lo establecido en el artículo 65 en el Reglamento Electoral de la USAC, reformado en 2025 por el CSU, a partir de la anulación de los cuerpos electorales de docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina; y de docentes y estudiantes de Veterinaria.
“Cualquier de estos 10 amparos buscan que se deje en suspenso la reunión del cuerpo electoral que se realizó en el Hotel Casa Santo Domingo en la Antigua Guatemala, el 8 de abril pasado, y que se acredite a cada uno de los cuerpos electorales. Porque no se podía ir a elección si no estaban los 34 cuerpos electorales”, señaló el abogado Edwin Orozco, interponente de los amparos.
El abogado dijo que se le están proporcionando los elementos necesarios a la Sala de Apelaciones sobre la vía en la que se deben resolver los amparos. Agregó que se busca que se ordene la acreditación de los cuerpos electorales; y en caso de anular la elección, señalar una nueva fecha para la misma.
Ocho de los diez amparos fueron presentados por la exclusión de los tres cuerpos de estudiantes, profesores titulares de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia y del Colegio de Veterinarios y Zootecnistas; de profesionales del Colegio de Ingenieros Agrónomos; de profesores titulares de la Facultad de Ciencias Médicas; de profesionales del Colegio Profesional de Psicólogos; del cuerpo electoral estudiantes y de profesores titulares de la Facultad de Farmacia.
El abogado Aníbal García, otro de los ponentes de los amparos, señaló que se violentaron varios derechos constitucionales que deben ser valorados por un tribunal de amparo, por lo que acudieron a esta vía en nombre de los cuerpos electorales.
“Nuestro conclusión es que rebuscaron y, sobre argumentos totalmente ilegales, se inventaron obstáculos para no aprobar esos cuerpos electorales, entonces se está planteando un amparo por cada cuerpo electoral para demostrar ante un tribunal de amparo que hubo violacion de derechos constitucionales al haber hecho esa descalificación fundamentalmente el derecho de elegir y ser electo”, señaló García.
Elección fraudulenta
Con los cuerpos electorales no acreditados, en el salón en donde se simuló la elección fraudulenta de Walter Mazariegos, se cometieron otras ilegalidades, como la participación de un cuerpo electoral del Colegio Arquitectura, cuando la elección de dicho cuerpo había sido anulada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y se había ordenado una nueva ronda de votaciones.
En los colegios de Humanidades y de Ingenieros Químicos se suspendieron las elecciones por apelaciones ante la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, sin embargo, sus cuerpos electorales participaron en el evento realizado en el hotel Santo Domingo. En el caso del Colegio de Enfermería participaron personas del cuerpo electoral que no ganó la elección.
“La presencia de ellos en esa asamblea invalida totalmente el acto electoral del 8 de abril y la elección de Walter Mazariegos, no se sostiene jurídicamente y es nula de pleno derecho”, dijo Aníbal García.
Otro de los argumentos es la conducción del evento electoral en donde Walter Mazariegos no verificó el quórum y tampoco las acreditaciones de las y los electores. Tampoco realizó la elección de la asamblea en la integración de la Comisión Electoral Universitaria como lo establece la Ley Orgánica de la USAC. “En este caso nosotros estamos probando en nuestro amparo, que lo que hizo Walter Mazariegos fue nombrar a dos personas y la asamblea nunca votó por ellos, entonces son vicios de fondo que anulan lo actuado el 8 de abril”, dijo García.
La Comisión nombrada por Mazariegos, integrada por Santos de Jesús Dávila Aguilar, como rector en funciones; Brandon Oswaldo Samayoa Arias, como estudiante; y Wendy López Dubón, como representante profesional; tenía entre sus funciones revisar las calidades del candidato, y los integrantes ignoraron esta función y no advirtieron que Mazariegos carece de finiquito que emite la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La elección de rector una radiografía de alcances
La USAC va más allá de su función académica, tiene presencia en más de 50 instituciones públicas y se demostró en esta elección como su presencia en las comisiones de postulación en las elecciones de Altas Cortes del sistema de justicia de Guatemala.
“Los jueces de Primera Instancia Civil, que son jueces de carrera, independientes y no tienen nada que ver con las comisiones de postulación, han reaccionado muy bien y han otorgado amparos provisionales. Las Salas de lo Contencioso Administrativo, designadas a través de una postuladora, le deben el cargo a alguien, lamentablemente no han accedido un solo amparo provisional”, dijo García.
Las comisiones de postulación se han convertido en un pacto de impunidad para garantizar prebendas, según el abogado. “Mucha gente da clases en las universidades privadas, como en la USAC y en las universidades privadas, entonces hay demasiadas relaciones. En el caso de la USAC hay un poder real, no solo de la academia, sino trasciende lo académico y científico y se vuelve un poder de soporte político”, aseguró.
Las acciones legales buscan restaurar los derechos de elegir y ser electos violentados tanto por el Consejo Superior Universitario (CSU) y la Comisión Electoral, a pesar que habían resoluciones previas de los juzgados de primera instancia civil y de la Asamblea de Colegios Profesionales, estas fueron ignoradas. Las resoluciones judiciales establecerán las rutas a esta crisis o validará un segundo fraude electoral.
